El presunto agresor sexual de la ONG, en libertad pese al "riesgo físico para la víctima"

El juez de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria dejó en libertad al trabajador de una ONG dedicada a acoger a mujeres migrantes detenido por presuntas agresiones sexuales en su ámbito laboral. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado entiende que no hay motivos para pensar que el varón de 56 años se vaya a fugar mientras se investigan los hechos. Sin embargo, admite que existe riesgo físico para la joven que le denunció, una marroquí de 21 años que llegó en patera a las islas a finales de septiembre. El juez le prohíbe comunicarse con ella.

“Atendida la naturaleza y la gravedad de los hechos objeto de investigación y existiendo un riesgo fundado de que puede atentar contra la integridad física de la víctima, se acuerda la prohibición de comunicarse con ella en tanto se sustancia o tramita la presente causa”, dice la resolución judicial. Pide tanto al 112 como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que velen por que se cumpla esta orden tras inscribirla en el registro central de medidas cautelares.

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En la parte dispositiva, ordena que se adopte esta medida cautelar de manera “urgente” y avisa de que el incumplimiento puede dar lugar a medidas más graves o a ser acusado de un delito de desobediencia. Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que el juez tomó esta decisión después de que la Fiscalía no pidiese el ingreso en prisión para el arrestado. Posteriormente, al estar en funciones de guardia, se inhibió en otro juzgado.

En la misma resolución, dictada el 20 de octubre, el juez dice que, “atendido el delito que se le imputa y las penas que para el mismo señala el Código Penal, y considerando así mismo que no hay motivos para creer fundadamente que dicha persona tratara de sustraerse de la acción de la Justicia, procede decretar la libertad provisional, sin fianza”. En la misma resolución, el juez recoge que el delito por el que ha sido detenido el trabajador de la ONG es por “agresiones sexuales”.

El detenido niega las coacciones

Este periódico se ha puesto en contacto con el abogado del acusado, marroquí residente en España. A través de su letrado, defiende que lo que mantuvo con la joven fue una relación consentida durante los 15 días que permaneció en acogida en las instalaciones de la ONG. Apoya su tesis en vídeos sexuales que ella le mandaba así como fotos personales o mensajes de WhatsApp en árabe. Añade que la chica fue forzada a denunciar una vez se descubrió que mantenían relaciones.

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Las pesquisas policiales corren a cargo de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional. Fue detenido el día 19 y permaneció en los calabozos hasta que pasó a disposición judicial. Las fuentes de la investigación consultadas afirman que la joven no quería denunciar inicialmente. Alegó tener miedo, ya que el hombre presuntamente la coaccionó para mantener sexo con ella. Le dijo que si se negaba, la devolverían a su país. En la causa, constan varias imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del centro y aportadas a la Policía por la propia ONG.

En una de ellas, se les ve a ambos en un almacén y ella le practica una felación, según varias fuentes consultadas. Los investigadores creen que él la fuerza a ello. Sin embargo, el presunto agresor sexual lo niega. Defiende que en el vídeo se ve cómo ambos entran de la mano en el lugar y que es ella la que toma la iniciativa. Enmarca esta denuncia contra él en los enfrentamientos que previamente había tenido con la responsable de seguridad de la fundación. Esta vigilante fue quien dio la voz de alarma al ver las imágenes en las cámaras de seguridad. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con la ONG, que ha declinado dar su versión de los hechos.

El hombre ya no trabaja ahí, pero defiende que en su carta de despido no se alude a la presunta agresión sexual —todavía bajo investigación—, sino al hecho de haber mantenido relaciones sexuales en el lugar de trabajo. Los investigadores tratan ahora de determinar si se han producido más agresiones en el seno de esta ONG. Se trata de una fundación con presencia en otras partes del territorio nacional, con acceso a subvenciones públicas, que tiene entre sus principales objetivos hacerse cargo de mujeres migrantes en situación vulnerable para evitar que acaben en redes de trata de personas con fines de explotación sexual.