¿Un 155 para el Mar Menor? La lucha entre administraciones ahoga la laguna

"Fue tremenda la manifestación, como tremendo lo que le hemos hecho al Mar Menor. Qué alegría y qué tristeza". Pedro García, director de Anse (Asociación de Naturalistas del Sureste), resume el ambiente que se palpa en Murcia. La capital murciana acogió este jueves una protesta multitudinaria para exigir un rescate para la laguna salada más grande de Europa, un paraje con un alto valor ecológico, que la pugna entre el Gobierno central y el regional está asfixiando. Ya ha pasado un mes y medio desde el último episodio de mortandad masiva y de la visita de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y aunque entonces las dos administraciones implicadas en la gestión prometieron colaboración, el entendimiento es nulo. La rueda de los reproches mutuos gira mientras se está dejando morir al Mar Menor, denuncian los proteccionistas que emplazan a la también vicepresidenta tercera a "apretar más las tuercas" al Ejecutivo regional.

¿Debería Transición Ecológica quitarle las competencias de Medio Ambiente a la región? "El Ministerio podría ser más contundente, y desde luego es demasiado lento y cauto en ejecutar sus competencias", sostiene Pedro Luengo, portavoz y coordinador de Ecologistas en Acción en Murcia. Las diferentes asociaciones proteccionistas que trabajan en la zona, al igual que el propio Gobierno, coinciden en señalar la inacción del Ejecutivo de Fernando López Miras (PP) como uno de los factores determinantes de la situación en la que se encuentra la laguna y de ahí la pregunta. Mientras, la Comunidad focaliza las críticas en el Gobierno central y reclama para sí todas las competencias. El principal problema del paraje es el vertido de toneladas y toneladas de nitratos procedentes del sector agrícola. La sustancia es la responsable de los episodios de anoxia, la falta de oxígeno en el agua que a mediados de agosto provocó la muerte de decenas de miles de peces y crustáceos.

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El control de los vertidos es clave, pero "por desgracia se ha hecho la vista gorda por parte de todas las administraciones ante las irregularidades que se estaban cometiendo", continua Luengo en referencia a los regadíos ilegales, cuyo control y erradicación depende de las dos instituciones. Una vez detectados, el Ministerio, a través de la Conferencia Hidrográfica del Segura, es el responsable de cortarles el grifo, de no permitir que les llegue ni una gota de agua, y tras ello, el Gobierno de López Miras debe restituir el terreno a su estado original. "El Ministerio podría recuperar esta competencia, es una vía, pero generaría un clima irrespirable que impediría que a medio y largo plazo las dos instituciones se pongan de acuerdo para trabajar de forma conjunta, leal y coordinada. Si generamos ciertas actuaciones, aunque son posibles, estamos sentenciando a muerte un posible consenso que esperamos que llegue antes que tarde", puntualiza el coordinador de la entidad ecologista. Y en esa misma idea ahonda García y las miles de personas que el jueves participaron en la manifestación. Sin una mínima unidad, el Mar Menor está en el cadalso.

Además, "no es algo tan sencillo. Es una decisión política delicada. Restar competencias a las autonomías es una decisión muy complicada, que solo se ha hecho una vez, en Cataluña", recuerda Alfonso Martínez Baños, viceportavoz del grupo parlamentario del PSOE en el Parlamento murciano, que rápidamente redirige la conversación para defender lo hecho por el Ministerio en este mes y medio. Un listado vacío, si se le pregunta al Gobierno regional.

Las medidas

"Cero actuaciones, cero propuestas, cero euros". Con esta máxima resumen en el Ejecutivo de López Miras la actuación del Ministerio en el Mar Menor. La Comunidad entiende que la situación "urge" a tomar medidas que posibiliten revertir el nivel de contaminantes de la laguna. Y aunque la máxima es compartida por todos los agentes implicados, la falta de entendimiento ha abierto las puertas a un cruce de reproches y lamentos que en realidad impiden cualquier avance. Un sentimiento de rabia y de impotencia se mezclaba entre los asistentes a la protesta, atónitos ante unas autoridades que no son capaces de dejar a un lado las diferencias.

Las recetas propuestas por unos y otros, en algunos aspectos, son diametralmente opuestas. Lo que recomiendan los expertos de cada una de las administraciones también. Si los del Gobierno regional plantean acometer 'A', los del Ejecutivo central no es que se decanten por 'B', sino que directamente optan por 'Z'. Así, si Murcia propone rebajar el calado de la gola de Marchamalo, uno de los puntos de unión naturales entre el Mar Menor y el Mediterráneo para que las bolsas de agua sin oxígeno salgan de la laguna, en el Ministerio descartan la propuesta. El mantra se repite en una y en otra instancia: la clave es actuar en origen, pero el cómo depende de a quien se le pregunte.

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¿Qué se ha hecho en este tiempo?, ¿desde aquella foto entre Ribera y López Miras a principios del curso prometiendo colaboración? En este lapso, el Gobierno regional ha solicitado la recuperación del Plan de Vertido 0, un proyecto aprobado con el Ejecutivo de Rajoy, la retirada de fangos o la construcción de un colector en San Pedro del Pinatar, pero todas las propuestas han sido rechazadas por el Ministerio, denuncian fuentes de la Comunidad que añaden que ni siquiera han recibido una respuesta formal a sus planteamientos. El Gobierno central, por su parte, trabaja, según Martínez Baños, en la idea de adquirir las tierras que rodean la laguna para la creación de un anillo verde que imposibilite la llegada de contaminantes.

"Está todo por hacer", resume el director de Anse. García recuerda que, aunque los nitratos son uno de los principales problemas de la laguna, hay otros muchos, derivados del urbanismo, de los puertos deportivos o de los residuos mineros y advierte: "A nivel político la situación es bastante preocupante. No hay una relación adecuada entre la Comunidad y el Estado y, si eso no se soluciona, buena parte de las medidas nunca se van a llevar a la práctica". "Las declaraciones por parte del Gobierno regional son desalentadoras. No vemos que haya un clima de diálogo sincero que promueva un mínimo acuerdo", añade. En términos muy similares se expresa el responsable de Ecologistas en Acción: "El enfrentamiento partidista no ayuda, pero quiero dejar claro que percibo un enrocamiento mayor en el Gobierno regional que en el Ministerio".

La bronca partidista

La paradoja reside en que si se pregunta a unos y a otros, todos muestran su disponibilidad al diálogo y al entendimiento. En el Gobierno regional insisten en que la mano está tendida y en el PSOE murciano reconocen que la manifestación del jueves fue una interpelación a todos los implicados. "Todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad nos tenemos que dar por aludidos. Yo asumo esa responsabilidad", apunta el viceportavoz del partido.

¿Y entonces? Entonces llegan las acusaciones partidistas y electoralistas. Si la izquierda remarca que el PP no hace más por la presión de Vox y por el poder de la industria agraria, en el Gobierno regional deslizan que si el central se pone de perfil es porque les beneficia el caos y que las críticas pongan el foco en la gestión de la Comunidad. Así la rueda de los reproches vuelve a girar para desesperación de los vecinos y ecologistas, si bien la respuesta de la gente el pasado jueves ha fortalecido a aquellos que llevan años luchando por la protección del Mar Menor. La presión social es la baza con la que esperan forzar el cambio definitivo, así, al menos, lo cree García: "La pancarta que aparece en las fotos de la manifestación del jueves sobrevoló en globo el Mar Menor hace 25 años y ha participado en multitud de manifestaciones en defensa de la laguna litoral y a bordo del velero Else. La constancia terminará dando resultados positivos y los veremos pronto".