El frágil equilibrio político en el Mar Menor agrava la crisis medioambiental

Ni la operación de evacuación en Afganistán, ni la polémica por las devoluciones de los menores de Ceuta. La bronca política entre PSOE y PP estalló esta semana a cuenta del Mar Menor. Después de días de declaraciones y acusaciones cruzadas entre Gobierno central y regional, sorprendentemente, el miércoles, tras la cumbre entre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el dirigente autonómico, Fernando López Miras, ambas administraciones enterraban el hacha de guerra. Pero la foto corre el peligro de convertirse en nada más que un espejismo. Las críticas y recelos entre los principales partidos implicados en la gestión de las crisis medioambiental vuelven a aflorar y amenazan con agravarla. Ni populares ni socialistas confían en que el clima de entendimiento alumbre una solución definitiva.

"Fue un viaje perdido", resuelve el consejero de Presidencia de Murcia, Marcos Ortuño, en declaraciones a El Confidencial. Un gesto en balde el de la ministra porque más allá del clima de entendimiento y la disponibilidad a la colaboración y al trabajo conjunto, la visita de Ribera, para el PP, no se sustentó en nada concreto para la protección de un paraje con tanto valor ecológico como Doñana. "Ni proyectos ni inversión", resumen fuentes del Gobierno regional. "Voluntad toda, pero hechos ninguno", añaden.

La llegada de la ministra se produjo después de 10 días "trágicos" para la región —en el adjetivo sí coinciden populares y socialistas—. En plena temporada turística, un episodio de anoxia —falta de oxígeno en el agua por la presencia de nitratos provenientes de las fincas agrícolas—, provocaba la muerte de decenas de miles de peces y crustáceos. Las imágenes eran terribles y comenzó el baile de declaraciones. El martes, en la Moncloa, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, acusaba al Gobierno regional de "dejación" de sus competencias por no haber tramitado los expedientes de sanción contra los responsables de los vertidos. "Mentiras, excusas y confrontación política. Una lástima", contestaba en Twitter López Miras al enterarse de que se había rechazado la declaración de zona catastrófica.

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EFE

El tono se rebajó de forma considerable un día más tarde, el miércoles, con la visita de Ribera. "No fue algo fingido", defiende Ortuño en referencia a esa imagen de cordialidad entre la ministra y el presidente murciano, "la voluntad de llegar a un acuerdo fue real, pero la reunión fue infructuosa", insiste.

"Han sido más de 25 años de incumplimientos sistemáticos del PP. Han mirado hacia otro lado con quien contamina y eso ha derivado en una situación muy complicada a nivel reputacional y económico", censura el secretario general de los socialistas en Murcia, Diego Conesa. "Se han perdido años y no se han tomado medidas valiente", añade en referencia a las críticas de los populares por la falta de concreción de la ministra.

Las propuestas que Ribera puso encima de la mesa para la regeneración del área, como la posibilidad de comprar las tierras que rodean la laguna, no se pueden ejecutar de forma inmediata, un reproche en el que coinciden tanto los populares como fuentes de Podemos. El partido morado, socio del Ejecutivo de coalición, tampoco alberga muchas esperanzas sobre la posibilidad de que el clima de entendimiento pueda derivar en una solución a corto plazo para un problema complejísimo, en el que las competencias del Gobierno central y autonómico se entremezclan, y en el que las dos partes implicadas abogan por recetas diferentes.

Dos visiones

El Gobierno murciano reclama soluciones inmediatas y recuperar el Plan de Vertido Cero, gestado con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero del que se ha desentendido la ministra Ribera, o al menos ya ha avanzado que no contempla abordar todas las medidas recogidas. Además, para López Miras hay dos actuaciones que deben ejecutarse cuanto antes. La primera, rebajar el calado de la gola de Marchamalo, una de las salidas naturales del Mar Menor al Mediterráneo para que la balsa de agua sin oxígeno salga de la laguna. La segunda, evitar que la rambla del Albujón descargue en el paraje.

Sin embargo, el PSOE defiende que la clave es actuar en el origen, donde se producen los vertidos, contra aquellas explotaciones que utilizan agua de forma ilegal y sostiene que lo propuesto por el PP carece de respaldo científico. Pero, a pesar del cruce de acusaciones, populares y socialistas, además de Ciudadanos aprobaron el verano pasado una ley para la protección de la laguna, mientras que Podemos y Vox votaron en contra.

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Ángel Alonso Giménez

Los morados se opusieron porque la norma permitía el uso de abonos con nitratos. Para la formación no era algo baladí. De hecho, en un consejo extraordinario, el Gobierno de Murcia aprobó este viernes la prohibición del uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos para evitar, como sucedió en 2019, que una riada pueda arrastrar a la laguna los residuos que quedan sobre la tierra. Que esta posibilidad no se incluyese en la ley, como reclamó Podemos, demuestra que PP y PSOE han quedado sobrepasados por los acontecimientos, según señalan desde la formación morada.

La influencia de Vox

Además "nadie está dispuesto a perder unas elecciones", apuntan las mismas voces, en referencia al importantísimo peso que tiene la agricultura en la economía de la región y a la negativa de los principales partidos de forzar un cambio para que las explotaciones de regadío se conviertan en cultivos de secano, como promueve Podemos. “¿Se van a atrever a meter mano al lobby agrario?", se preguntan en el partido.

Precisamente, pero con un planteamiento diametralmente opuesto, Vox cargó este viernes contra socialistas y populares por, según la formación, imputar al sector la crisis medioambiental. "Pedro Sánchez y Pablo Casado deben asumir su responsabilidad en la desastrosa gestión del Mar Menor y dejar de culpar a la agricultura. La atacan con leyes inservibles y promulgan planes inútiles. Exigimos que apliquen de inmediato las propuestas de Vox", denunciaron a través de un mensaje publicado en Twitter, en referencia, entre otras cosas, a la prohibición acordada por el Gobierno de López Miras del uso de fertilizantes nitrogenados.

Vox cargó este viernes contra socialistas y populares por, según la formación, imputar al sector la crisis medioambiental

Parte del problema para socialistas y morados es el miedo del PP a no impulsar medidas más ambiciosas ante la posibilidad de que el partido de ultraderecha le pueda arañar votantes enarbolando el discurso de que ellos son los auténticos defensores de la agricultura en una región en la que el sector tiene un peso clave. En las filas populares, sin embargo, niegan esa interpretación e insisten en reclamar al Gobierno central la transferencia de competencias sobre la gestión de las cuencas, en concreto, en materia de ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas superficiales y subterráneas que discurren por la comunidad. Así, argumentan, tendrían más margen de maniobra y podrían ofrecer una solución integral al problema.