Réquiem por el Mar Menor: agonía, regadíos ilegales y un tejido empresarial tortuoso

Adentrarse en Los Nietos (Cartagena) es como adentrarse en un pueblo fantasma. Aunque costero y portuario, vivió su época de gloria con el 'boom' inmobiliario, la pesca y la agricultura y ahora solo queda decadencia y retazos de un pasado de aguas cristalinas, luz cálida y vegetación salvaje. Es sábado, pero la playa está desértica y solo unos jóvenes se atreven a bañarse cerca de la orilla. Una capa de 'sopa verde' cubre toda la superficie y en el fondo se atisban restos de algas putrefactas. El pasado 16 de agosto, este pueblo fue la primera zona en la que aparecieron de nuevo peces muertos, poco menos de dos años desde el desastre de septiembre y octubre de 2019. "En la parte sur del Mar Menor es donde más contaminación se acumula. La zona está completamente cerrada al Mediterráneo y la curva que presenta la propia línea de la costa hace que sea imposible renovar el agua", explica Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste, que lleva desde los años 80 denunciando la degradación de la biosfera. "Tras nueve días de amanecer con las playas repletas de peces muertos, parece que la gente se ha mentalizado. Ahora me dicen 'al final vas a tener razón', al menos la concienciación se ha extendido y ya no hay vuelta atrás", sentencia.

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Inés P. Chávarri

Sergio vive en Los Nietos y es el encargado en el Club Náutico del pueblo, desde el cual observa con reticencias al grupo de chicas y chicos que aprovecha las horas de máximo calor para remojarse. "Hace dos años que no me baño. Antes el fondo era de arena, el agua transparente... Ahora solo hay fango", narra y agrega que "si pruebas el agua que hay en la orilla, es dulce", porque la cantidad diaria de agua del regadío y del acuífero subterráneo desbordado que desemboca en el Mar Menor es tal que no puede soportarla. "Cuando te metes al agua poco más de un metro, está tan turbia, que no te puedes ver ni los pies", sostiene García y apunta que se calcula que cada segundo llega a la costa unos 276,81 litros de agua contaminada procedentes de la agricultura, es decir, 16.608,6 litros al minuto.

Estas aguas portan gran cantidad de nitratos que hay en la superficie de cultivo y que se extraen de los acuíferos contaminados por el abono y los nutrientes en circulación. La Unión Europea señala que una superficie está contaminada si presenta un valor de nitrato por encima de 50 miligramos por litro. "El dato es seis veces mayor en la región", sostiene Ángel Monedero, de Ecologistas en Acción. Además, también portan fosfitos, fijados en la tierra y que arrastra el agua en movimiento, procedentes de granja de cría de cerdos, ya que la región cuenta con algo más de 800.000 cabezas de porcino. "Dice un refrán: 'entre todos la mataron y ella sola se murió'. Pues eso es lo que ha pasado aquí. Los cultivos se han acercado demasiado a la costa y usan muchos químicos como fertilizantes", lamenta Sergio, mientras hace una mueca de molestia por el fuerte hedor que desprenden las aguas y la naturaleza muerta acumulada en la superficie.

La agricultura es una de las principales actividades económicas de Murcia. Según el 'Informe del Mercado de Trabajo de Murcia' publicado en 2021 sobre el año 2020, este sector es uno de los que más potencial de crecimiento ofrece al empleo de la zona de cara al futuro. Es más, el Valor Añadido Bruto del sector agrario regional alcanzó en 2020 el 4,7% del total de España. No obstante, antes del trasvase del Tajo-Segura, la región era una zona de cultivos de secano. Estaba cubierta por cebada, trigo, almendros y repleta de animales para la caza. Cuando en 1979 llegaron las primeras aguas, la comunidad aprovechó para volcar su economía en el cultivo de regadío, cambiando totalmente la topografía.

Según explica Monedero, si antes se dejaba descansar un tercio de terreno en cada cosecha, esta pasó a ser intensiva, llegando incluso a afrontar hasta tres cosechas en 10 meses, ya que los meses de calor no se puede plantar por las altas temperaturas que registra la región. Además, el cultivo se expandía en forma de terrazas, es decir, que había una zona que acumulaba el agua, se labraba de este a oeste, siempre paralelo al mar para proteger la costa y que el agua de regar no se desaprovechara. Sin embargo, con el cambio a regadío, para evitar que la lluvia se acumulara y estropeara las cosechas, aplanaron los suelos y dejaron una pendiente para que el agua cayera hasta la cota cero.

Ya hay hasta 80.000 hectáreas de cosechas, de las cuales se han detectado más de 8.500 ilegales, es decir, se usan como regadío, pero no tienen concesión del uso del agua. La zona, con forma de queso gruyere en sus subterráneos, está repleta de pozos, que llegan a conectarse con los acuíferos y tuberías. "El mar menor cuenta con 13.500 hectáreas. Es imposible que puede sostener tal cantidad de agua llegando a su orilla cada día", sentencia Monedero, que se queja de que "el Gobierno lleva inactivo hace casi 30 años. "Los 'lobbies' agroindustriales tienen mucho poder en la región", señala y recalca que desde el ejecutivo de la región no están interesados en investigar, mientras continúan las disputas por las competencias a nivel nacional.

En noviembre de 2019, justo cuando un mes después del primer episodio de anoxia, el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, encargado del caso Topillo desde 2017, pide mediante un auto que se confeccionen los atestados de las empresas y agricultores investigados por contaminar presuntamente el Mar Menor. Abría así el melón de los regadíos ilegales, la explotación de la tierra y la falta de infraestructuras que protegieran la biosfera y acabasen con el vertido de nutrientes al acuífero.

Según los autos del caso a los que ha tenido acceso El Confidencial, el presunto uso de desalobradoras vendría acompañado de vertidos de salmuera, el vertido que resulta tras la desalación, en los pozos y ramblas del lugar, que terminan en el acuífero subterráneo que desemboca, a su vez, en la albufera del Mar Menor. Es en este contexto en el que luego se producen los episodios de eutrofización y, por tanto, los casos de anoxia. Entre los investigados, no solo se encuentra a gente y sociedades del mundo empresarial, sino que también han constado a lo largo de estos años varias personas de la administración pública, tanto cargos del Gobierno regional como de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Caso Topillo

En sus investigaciones, el juzgado ha estado pidiendo los informes periciales necesarios para arrojar luz sobre el contexto en el que se desarrolla el caso. Por ejemplo, en noviembre, solicitó un estudio que evaluase en qué medida los vertidos que se imputan a las distintas empresas agrícolas y empresarios individuales eran susceptibles de generar un riesgo sustancial, grave o catastrófico para el medio ambiente.

Las conclusiones del informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, fueron enviadas al juez en abril. En este, el Facultativo de Valoración Toxicológica y Medio Ambiente concluye que "los vertidos objeto de la pericial encomendada, en atención a su magnitud conjunta, no solo suponen un riesgo, sino que se han identificado como una de las causas principales del deterioro irreversible y catastrófico en la calidad del medio natural acreditada en el caso del Mar Menor". Aunque sí valora el daño que supone para los animales y plantas del hábitat de la zona, el perito "no estima relevante el riesgo de estas actividades en lo relativo a la calidad del aire o la salud de las personas dada la especial idiosincrasia de la actividad de extracción y vertido investigada”.

En las conclusiones, el perito divide las 51 explotaciones analizadas en tres grupos: las que no ve que supongan un riesgo de perjuicio ambiental (más allá de que sus prácticas sean ilegales o no), las que el impacto sí que considera como sustancial, y las que, según su análisis, implican un grave riesgo para los ecosistemas de la zona "en función de la magnitud, influencia, extensión y contaminación asociada". Este tercer grupo representó el 56,51% de la extracción acreditada y el 69,33% de los daños por vertido si se tiene en cuenta que sus vertidos supusieron el 92,15% del nitrato que el informe estima que se aportó al Mar Menor por el conjunto de sus investigadas.

Este periódico ha intentado contactar con estas empresas para recabar su versión de los hechos, sin conseguir respuestas (o bien porque han declinado, o bien porque no han llegado a responder).

Nuevas imputadas

Tras aquel informe del perito en abril, el juez archivó ese mismo mes las diligencias de las 13 empresas y personas que se encontraban en el grupo señalado por el estudio como libres de impacto medioambiental por este caso, manteniendo a las demás imputadas, según un auto.

Y es así como el proceso sigue desarrollándose; es, al fin y al cabo, una instrucción compleja. En julio, el juzgado avisó de que fichaba como investigadas a otras 43 sociedades y empresarios. Lo hizo después de recibir un atestado del Seprona que analizaba una serie de documentos facilitados por la compañía de tratamiento de aguas Hidrotec. Asimismo, el juez concluye que "hay indicios de que una pluralidad de empresas y empresarios individuales podrían haber hecho uso de máquinas desaladoras de manera ilegal, vertiendo salmuera sin autorización, pudiendo causarse un daño al medio ambiente". "También entiende que podría haber indicios de delito con respecto de la empresa Hidrotec, por suministrar desaladoras y consumibles para su utilización, a sabiendas de su ilegalidad", añade.

Entre las nuevas imputadas, vuelve a haber empresas agrícolas de pequeño tamaño, pero ahora también constan sociedades cuyo objeto social va más allá del cultivo: ya sea de transporte, relacionadas con la instalación de servicios de agua (como la propia Hidrotec) o incluso de golf y resorts. Gran parte de ellas, según la revisión a través del registro de 'Informa', siguen siendo pequeñas empresas. Desde Hidrotec explican "en primer lugar nuestra oposición a la mención de nuestro nombre en una causa en la que únicamente estamos investigados y que está dañando la imagen de la empresa".

"Queremos hacer constar que en ningún momento la empresa ha participado en ningún hecho delictivo y que en todo momento ha colaborado con la justicia", explicando que "la empresa se ha limitado a la fabricación y venta de equipos para el tratamiento de aguas tanto en Murcia como en el resto de España u otros muchos países en los que trabaja". "En ningún momento la empresa ha tenido la obligación ni la potestad de requerir a sus clientes la situación legal de sus instalaciones", detallan.

Estos imputados se incorporaron a una pieza separada para evitar que la causa se vuelva demasiado compleja e impedir que los primeros investigados se vean sometidos a dilaciones indebidas. En solo este auto, constaban un total de en torno a 80 nombres de investigados.

Toque de atención de la UE

La ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente regional, Fernando López Miras, llegaron este miércoles a un acuerdo para dejar atrás las polémicas surgidas estos años y abordar por fin la complicada situación que vive el Mar Menor. Así, se han emplazado a un diálogo fluido en una comisión en la que se comuniquen los problemas que surjan al aplicar medidas. Aunque reconocieron "discrepancias", admitieron que hay mucho más acuerdo en la visión de conjunto que avance hacia el fin del vertido.

A pesar de ello, la aparente solución llega tras el toque de atención de la UE. "Están pegando tirones de orejas brutales, a ambos Gobiernos", afirma Monedero. Desde la Fundación Ingenio, su directora, Natalia Corbalán, se muestra preocupada por la crisis ambiental y las consecuencias que tengan para el comercio. "Esto ha saltado a la información internacional y en Centroeuropa los clientes nos están pidiendo que en los envíos no ponga origen Murcia, sino origen España", señala.

"Esto ha saltado a la información internacional y los clientes nos están pidiendo que en los envíos no ponga origen Murcia, sino origen España"

Las soluciones que proponen Ecologistas en Acción y la Asociación de Naturalistas del Sureste son muy semejantes: desmantelar los cultivos ilegales, volver a poner los terrenos ordenados en terrazas, promover la recuperación de la vegetación autóctona, eliminando hectáreas de cultivos y la creación de un filtro verde; es decir, un cinturón verde alrededor del Mar Menor de 45 kilómetros por 1.500 metros de ancho que filtraría de manera natural los nutrientes, fomentando así el crecimiento de biodiversidad y evitando que los restos acaben en el mar.

García, sin embargo, va un paso más allá y pide a la ministra Ribera que compre o expropie las fincas de regadío para que así pasen a ser de control público. No obstante, admite que "si empiezan a quitar regadíos, hay gente que se va a poner muy nerviosa". Así, llevan años evitando afrontar esta crisis medioambiental, que además, por las propias condiciones del Mar Menor, suele recuperarse (aparentemente) en cuanto bajan las temperaturas. "El Mar Menor es su propia condena. Pero los episodios de muerte y enfermedad de las aguas van a repetirse con mayor asiduidad cada vez", sentencia.