La bandera de la recuperación justa que enarbola Moncloa se destiñe en el Congreso

El primer debate del pleno del Congreso en este nuevo curso ha ejemplificado el tipo de legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez. Sus medidas salen adelante en la Cámara, sí, pero siempre entre críticas, reproches, lamentos y exigencias. Le zarandea la oposición de centroderecha y derecha, pero también le zarandean sus propios aliados. Finalmente ha salido adelante con 288 votos a favor, nueve votos en contra y 52 abstenciones.

Es lo que ha sucedido en el debate para la convalidación del decreto ley 16/2021 del 3 de agosto, que compendia una serie de medidas urgentes para alargar el llamado 'escudo social' en ámbitos como la energía, la vivienda o la violencia de género. Fue aquel decreto que el Gobierno aprobó el primer martes del pasado mes de agosto y que tenía que recalar ya en el Congreso para que se convalidara o derogara. El trámite estaba al borde de su fecha de caducidad, de ahí las prisas de la Mesa para convocar la sesión. Que el pleno se reúna los lunes es muy poco habitual.

El decreto, efectivamente, será convalidado, pues ha recabado el apoyo de casi todos los grupos, incluido el PP. Sin embargo, la lista de reproches no ha cesado. Desde EH Bildu a Cs, pasando por los propios populares y por Unidas Podemos, la retahíla de críticas ha tocado varios ámbitos, aunque uno ha sobresalido: la crisis económica y social provocada por la pandemia no puede solventarse con "parches". Hacen falta "medidas estructurales". Al Gobierno, por tanto, le han acusado de falta de osadía, de tibieza. "No atacan el problema de fondo", ha dicho Pilar Garrido, representante de la formación de Yolanda Díaz o Ione Belarra.

Estreno de Bolaños en el pleno del Congreso

Ha sido el primer debate del nuevo curso y, además, la primera comparecencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el hemiciclo. La defensa que ha hecho de las medidas del decreto, entre ellas la suspensión de los desahucios hasta el 31 de octubre o la garantía del suministro de agua, luz y gas a las personas y familias vulnerables, ha seguido al milímetro la estela que marca ahora Moncloa.

Desde que Pedro Sánchez iniciara la temporada, hace casi dos semanas, una de las ideas más importantes que quiere transmitir el Gobierno versa sobre su capacidad para dejar atrás la crisis desde una perspectiva socialdemócrata, y por extensión, desde la intención de favorecer a los segmentos sociales más desfavorecidos. A diferencia de la gestión que el PP hizo de la crisis financiera, que ensanchó la brecha social, en opinión de los dirigentes socialistas, el PSOE actual estaría reforzando la cohesión social. "La crisis del covid no ha sido una excusa para recortar el estado de bienestar. Al contrario: hemos reforzado el estado de bienestar", ha proclamado Bolaños.

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I. Gil

El decreto sobre el que se ha discutido en el Congreso extiende hasta el 31 de octubre algunos de los mecanismos de protección social construidos por el Gobierno como consecuencia de la pandemia. No basta, en opinión de los grupos parlamentarios. No es suficiente, a juicio del socio de la coalición.

Por ahora, el leitmotiv argumental de la recuperación justa no ha calado en el hemiciclo de la Cámara Baja. Puede que lo haga más adelante, pero en la actualidad no. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, fue el primero en abrir las compuertas de las críticas entre los aliados del Gobierno. Tras avanzar su voto a favor, destacó que "en un mes y poco no se va a solucionar el aumento de la pobreza". Abogó, por tanto, por expandir el marco temporal del escudo social. También censuró "el escándalo" del precio de la luz, este lunes, otra vez, en un máximo histórico.

Los intervinientes coincidieron en recalcar la escasa ambición de la medida y auguraron que a finales de octubre habrá un debate similar en el Congreso sobre un decreto parecido. El portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, tildó el decreto, en líneas generales, de "insuficiente". Recordó que ni los desahucios han bajado, ni tampoco han cesado los cortes de luz, agua o gas. Por si fuera poco, la previsión apunta a que este año terminará con un incremento de asesinatos de mujeres por violencia machista.

El diputado vasco dio cifras: si 2020 acabó con más de 57.000 demandas por desahucios, el presente año puede que termine con más de 140.000. "No parece que las medidas sean efectivas si la pobreza es mayor", añadió Matute antes de hacer una declaración muy ilustrativa sobre la sensación que infunde el programa social del Ejecutivo de coalición: "Más que un escudo, es una tirita".

Crece la población en riesgo de exclusión

El porcentaje más repetido fue el de la tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza y que ha escalado en el último año al 26,6%. El aumento lo han agitado varios grupos para contradecir el discurso triunfalista del Gobierno, encarnado en el ministro Bolaños. Garrido, de Unidas Podemos, lo ha mencionado para criticar la falta de coraje del Ejecutivo, del que su partido forma parte. Según sus palabras, hay que atajar el margen de actuación de los "oligopolios", causantes, ha dicho, de la pobreza energética y de la especulación inmobiliaria.

En los problemas de acceso a la vivienda ha centrado esta diputada sus lamentos. Ha pedido, por ello, la puesta en marcha cuanto antes de una ley que erradique los abusos en, por ejemplo, los precios de los alquileres. Es algo que están trabajando en el Ministerio de Transportes, que es el competente en la materia, y Unidas Podemos, de la mano de Ione Belarra, esencialmente. También ERC está presionando para que haya una normativa que copie a la catalana, en la que se contemplan medidas para congelar o bajar los precios en las zonas que se tensionen sobremanera. "Son medidas valiosas" las del decreto del escudo social, ha indicado, pero "insuficientes", sobre todo porque son "temporales".

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Los efectos de la crisis van a dejar corta la fecha del 31 de octubre, han remarcado los partidos. ERC, que no ha intervenido en el debate, comparte esta visión, como han apuntado fuentes del grupo republicano. Las medidas sociales de la coalición son "un respirador artificial", añaden dichas fuentes. El PNV ha recordado que sus "actitudes discrepantes" no han decaído. Así que más de lo mismo: estos "parches" alivian el problema, pero no lo solucionan. Y lo que hay que hacer es solucionarlo.

Más o menos eso es lo que han recriminado al Gobierno en el PP y en Cs. Ambos partidos apoyan el decreto entre "peros". Sara Giménez, de la formación liberal, ha afirmado que "la situación se está volviendo insostenible", incluso para las clases medias, de ahí que haya apremiado a una batería de propuestas de más calado. Rosa Romero, del PP, ha sido contundente: "El escudo social del Gobierno es un fracaso". Vox ha optado por la abstención.

El orden del día de esta primera sesión muestra otros debates interesantes, como el del proyecto de ley del Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que se tramitará en el Congreso desde ya, en cuando se sorteen los vetos presentados. Ha sido común el ataque al Gobierno por el precio de la luz. Es algo que mientras la coalición no aplaque, le perseguirá, esencialmente porque queda cuestionado el escudo social. Cuanto más paguen familias, autónomos y empresas en sus facturas, mayor será el lastre de la recuperación.