"No podemos abandonarlas ahora": las mujeres juezas afganas, en riesgo extremo

Mujer, jueza y por ello en posición de poder. Señaladas por sus decisiones respecto a los simpatizantes del nuevo régimen. Las mujeres juezas afganas, un total de 270, se encuentran en la primera línea del riesgo extremo tras el cambio de manos del poder en Afganistán. Sus sentencias ya están siendo revocadas en estos días a golpe de fusil. Cárceles abiertas para dejar libres a aquellos a los que ordenaron encarcelar.

La Justicia española lleva días movilizándose para tratar de reclamar una especial protección internacional a este sector. "Hemos juzgado y condenado a muchos de ellos, ahora se vengarán", explica Tayeba Parsa, magistrada desde hace una década, en un testimonio recogido por Radio Canadá que ha corrido estos días como la pólvora entre la judicatura española, que trata de movilizarse. "No podemos abandonarlas ahora", indica la magistrada del Tribunal Supremo Carmen Lamela en declaraciones a El Confidencial. Su ruego es solo uno de decenas lanzados por las juezas y jueces en España.

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La magistrada de Penal de Mataró Lucía Avilés ha contribuido a la difusión del problema a través de un hilo en Twitter en el que detalla las circunstancias. Explica en él que son un colectivo extremadamente vulnerable. "Por ser juezas (más expuestas a las represalias) y por su género en el país más peligroso para ser mujer". La intención es dar voz y eco al grito de socorro que reciben desde Afganistán. "Temen ser ejecutadas y exhortan a que se les ayude a huir del país", explica.

En una situación de crisis como la actual, todos, mujeres y también hombres, están en peligro evidente, indican todas las magistradas consultadas. Reivindican, sin embargo, que es perentorio lograr poner a este sector a salvo. "Representan todo lo que los talibanes no quieren que las mujeres sean o hagan: han estudiado, ejercen una función pública, trabajan fuera de sus hogares y en continua relación con hombres, no se han ocultado, hablan en público y han defendido los derechos de otras mujeres", dice Avilés, experta en violencia de género.

Para Lamela, la labor de estas mujeres ha sido fundamental para lograr, en estos 20 años que ahora se han volatilizado, pasos importantes en la igualdad de hombres y mujeres. "Supieron transmitir a la sociedad afgana la necesidad de que la mujer se incorpore a la vida social y profesional en igualdad de condiciones con los hombres", explica. "Muchas de ellas han ocupado los puestos más altos de la judicatura, han luchado, junto a otras muchas que trabajan en otros sectores, por la libertad y por la igualdad. No podemos no hacer nada, dejarlas a su suerte intuyendo cuál será su futuro", indica.

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Inés Herreros, fiscal y vocal en el Consejo Fiscal, avisa de que les espera a las juezas un futuro terrible. "Por eso, es tan importante poner el foco en la Protección Internacional. Esta es la herramienta de la que disponemos los países democráticos y civilizados para paliar la situación de aquella ciudadanía para la que sus países se han convertido en una trampa mortal", defiende.

Respalda su criterio sobre las deficiencias de la prestación de asilo en España con cifras. CEAR, en su informe de 2020, indicó que solo el 5% de las resoluciones fueron favorables a la concesión de Protección Internacional, "una cifra absolutamente ridícula que visibiliza cómo se vacía de contenido, en la práctica, nuestra normativa nacional e internacional".

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"Es muy sencillo, o se está del lado de la democracia y los derechos humanos, cumpliendo las obligaciones que España ha asumido, o se está del lado de los bárbaros que imponen el terror. Ahora toca elegir. Las juristas feministas lo tenemos claro, tenemos que conseguir corredores humanitarios y que nuestras normas de Protección Internacional cumplan, de forma escrupulosa, con la finalidad para la que fueron creadas", concluye.

"Todo lo que los talibanes odian"

La magistrada Natalia Velilla se muestra enormemente preocupada. "Sin desmerecer en absoluto que todo el pueblo afgano se encuentra actualmente en peligro, ellas representan todo lo que los talibanes odian". "Tienen poder, son capaces de revocar resoluciones que pueda dictar este nuevo Gobierno", dice. Las previsiones apuntan a que la judicatura en general está gravemente amenazada, los siguientes a por los que van a ir son los jueces y más aún a por ellas.

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Las asociaciones han reflejado también la movilización a través de un comunicado conjunto. Apuntan en él a la concreta situación de las compañeras en ese país. "Han sido objeto de amenazas e incluso de atentados contra su vida", indican, recordando que en el mes de enero de este año fueron asesinadas dos juezas del Tribunal Supremo de Afganistán.

"Ante esta situación, instamos a los países democráticos la adopción de un firme compromiso con los derechos humanos de los más desprotegidos, mujeres y menores, y a la utilización de los necesarios mecanismos internacionales para lograr su seguridad y en su caso la salida del país y su refugio en condiciones dignas, dignidad que no podemos sino predicar de todos los seres humanos independientemente de su ideología, credo y sexo", dice la nota que suscribe la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales.

Parsa, desde Afganistán, reconoce que la única salida es huir. "Amamos nuestro trabajo, amamos nuestro país. Pero, si nos quedamos aquí, seremos encerradas o moriremos. No hay otra solución". Concluye, con dolor, que en los últimos 20 años han podido contribuir a un desarrollo que ahora se perderá. "Vamos a retroceder 100 años".