El independentismo reacciona con dudas, advertencias y protestas al nuevo Prat

Sobre el papel, todos en la Generalitat se felicitan por el acuerdo cerrado este lunes con el Gobierno para la ampliación de El Prat. Pero en la práctica, en el seno del Ejecutivo catalán, las dudas se multiplican. El rol de ERC parece el de un actor secundario, mientras que Junts, socio minoritario, se ha reservado el de protagonista. El vicepresidente, Jordi Puigneró (JxCAT), fue el que se encargó este lunes de dar cuenta del pacto y fue también el que mantuvo una reunión previa con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, encuentro en el que se cerró el trato antes de la celebración de la bilateral.

Y aunque el 'president', Pere Aragonès, se congratulaba este martes, también ponía sobre la mesa el reguero de cautelas que acompañan al proyecto —necesidad del visto bueno de Europa por el impacto medioambiental, negociación con ayuntamientos afectados para perfilar los detalles finales…—. Los republicanos han cedido el protagonismo en una cuestión de la que poco rédito pueden sacar ante su electorado. Esto, dentro del Govern. Fuera, las críticas de los comunes y de la CUP arrecian. Y ya hay hasta convocada una manifestación para el 19 de septiembre.

El nivel de entusiasmo de los dos socios del Govern difiere de forma notable, y aunque también en Junts hay voces críticas —sin ir más lejos, el 'expresident' Torra censuró el acuerdo a través de un mensaje publicado en Twitter—, es en la casa de los republicanos donde el proyecto, con un presupuesto de 1.700 millones y el objetivo de alcanzar los 70 millones de pasajeros al año, no cuaja. Tras años exigiendo la ampliación, la reivindicación ha quedado deslucida, si bien Aragonès se empeñó este martes en destacar la unidad de su Ejecutivo en torno a lo pactado. El 'president' elogió el trabajo conjunto de la Consejería de Territorio, también en manos de Puigneró, y la de Acción Climática, liderado por Teresa Jordà (ERC), quien en una entrevista en 'La Vanguardia' a mediados de julio se mostraba muy crítica con los planteamientos que barajaba Aena y la afectación que podrían tener sobre La Ricarda, una laguna próxima a la infraestructura y protegida por la red Natura 2000.

El objetivo inicial era que el propio 'president' anunciara ayer el pacto, pero según reconoció en RAC1 la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, tras filtrarse la noticia hubo que cambiar de planes. Los focos se dirigieron entonces hacia Puigneró, quien explicó en una rueda de prensa convocada en Madrid el lunes que el trato se había cerrado por la mañana, en la reunión previa que él mismo había mantenido con la titular de Transportes. Es "un acuerdo importante para Cataluña", defendió el número dos del Govern; es "una buena propuesta", terció Vilagrà.

Un día después, Aragonès fue el que salió al paso de las principales críticas que desde los comunes y la CUP vertieron contra el proyecto, pero fundamentalmente también se encargó de enfriar las expectativas. El presidente, ante la previsión del Gobierno central de que el nuevo aeropuerto de Barcelona esté operativo en 2030, precisó que el proyecto se encuentra en su "punto inicial" y que las exigencias medioambientales que imponga Europa se cumplirán con celo. También remarcó que los detalles finales sobre la ampliación de la pista se deberán abordar en la mesa institucional a la que se sientan los municipios afectados.

Del pelotazo de los comunes a la amenaza de la CUP

"Dicen que aman el territorio, pero lo trituran con la anacrónica política del pelotazo. Dicen que trabajan por una democracia más transparente, pero pactan a hurtadillas y con 'agosticidad'. Ganan los de siempre y perdemos la mayoría. NO a la ampliación del Prat [sic]", criticó en Twitter Aina Vidal, la portavoz de los comunes en el Congreso. Tampoco la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se quedó atrás. La edil pidió a Aragonès y al presidente del Gobierno que "rectifiquen", pero quizá las críticas más duras las dirigió contra Puigneró, al que reprochó haber asumido los postulados de Aena sobre el proyecto.

Precisamente, Aragonès desveló que en cuanto trascendió el acuerdo entre el Ejecutivo central y el Govern, telefoneó a la alcaldesa para informarle, pero también insistió, intentando apaciguar las críticas de la edil sobre el impacto del proyecto, en que el pacto no recoge de qué manera se ampliará la infraestructura, algo que debe concretarse en el plan director del aeropuerto y que se abordará en la mesa institucional en la que están representados los ayuntamientos afectados. El 'president', además, zanjó que si consideran que otro acuerdo es posible, recurran al sector de Unidas Podemos en el Gobierno. "Nosotros no estamos allí. Ellos sí. Nosotros hemos asumido nuestras responsabilidades, que ellos lo hagan en el Consejo de Ministros si creen que lo pueden mejorar".

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Justo hace una semana, en una muestra más de las dudas que en el seno de los republicanos albergan los planes futuros sobre la infraestructura, ERC y los comunes votaron a favor de una moción contraria a la ampliación de El Prat. Fue en el Consejo del Área Metropolitana de Barcelona, entidad que reúne a todos los alcaldes del área de influencia de la capital catalana. La propuesta, sobre la que Junts se abstuvo, no salió adelante y con ella se quería instar al Ministerio de Transportes, a Aena y a la Generalitat a "la retirada inmediata y sin condiciones de los planes de ampliación" porque, entre otros motivos, "destruirían La Ricarda".

La CUP también cargó duramente contra el proyecto y dejó entrever que lo acordado por el Govern podría poner en peligro la estabilidad del mismo. "Para nosotros, el aeropuerto de El Prat es una línea roja", defendió en una entrevista en Catalunya Ràdio Mireia Vehí, dirigente de la formación. Los anticapitalistas, además, pidieron la comparecencia en el Parlament de Aragonès y Puigneró para que den cuenta del proyecto. El partido quiere saber "los detalles de la reunión secreta" que mantuvieron la ministra de Transportes y el vicepresidente del Govern, justo el encuentro en que fraguó el pacto.

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Y a todo ello se suma la manifestación que ya han convocado varios grupos ecologistas para el próximo 19 de septiembre, y aunque todavía no se ha fijado la hora y el lugar desde el que partirá la protesta, la CUP ya ha anunciado que estará.

La vigilancia de Europa

También, una vez conocido el acuerdo, las dudas sobre el impacto medioambiental llegaron hasta Europa. Según recoge EFE, la portavoz comunitaria Vivian Loonela recordó que los Estados miembros están obligados a realizar estudios sobre la influencia ambiental "en relación con los proyectos que puedan tener un impacto sobre las aguas, la tierra o los hábitats naturales". De hecho, en febrero, la Comisión abrió un procedimiento al Gobierno por negligencia en la protección del delta del Llobregat, como también reconoció ayer la ministra Teresa Ribera, quien se comprometió a que el proyecto cumplirá con las exigencias medioambientales.

El recelo europeo se alineó con las críticas de los grupos ecologistas. El responsable de la campaña de Movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández, lamentó que la ampliación "incrementará aún más las emisiones contaminantes". Asimismo, criticó la hipocresía de ambos gobiernos porque, aunque presuman de conciencia por el cuidado del entorno, "saben que están aprobando un ataque medioambiental".

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Por su parte, Ecologistas en Acción pidió que se cancele la ampliación de El Prat, pero también la prevista sobre Barajas, porque "son incompatibles con los compromisos climáticos" y "de ninguna manera pueden ser sostenibles". La asociación, junto a otro centenar de plataformas, destacó que el proyecto pondría en peligro "el sistema de acuíferos que garantiza el consumo de agua potable del área metropolitana y el buen estado de los espacios naturales y agrarios del delta del Llobregat".