PSOE y Unidas Podemos negocian ya la cuantía para subir el SMI en septiembre
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PSOE y Unidas Podemos negocian ya la cuantía para subir el SMI en septiembre

El compromiso del Gobierno sigue siendo situar el salario mínimo a final de la legislatura entre 1.011 y 1.049 euros, lo que corresponde al 60% del salario medio

placeholder Foto: La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

Las negociaciones discretas que mantienen los socios del Gobierno de cara a pactar los Presupuestos del próximo año ya están dando frutos, a pesar de que el primer encuentro oficial no se producirá hasta este jueves. Socialistas y morados han alcanzado un principio de acuerdo respecto a la subida del salario mínimo interprofesional. Este se pretende revisar en septiembre, lo que según fuentes conocedoras de las negociaciones supone un "punto de encuentro" entre la propuesta de Unidas Podemos, que pasaba por abordar una subida "urgente" antes de las vacaciones de verano, y la de los socialistas, quienes se inclinaban por aplazarla a enero de 2022 incluyéndola en los Presupuestos del próximo año.

Una vez acordados los plazos para acometer la subida del SMI, condicionados a que se cumplan las previsiones de crecimiento de empleo, la negociación ahora se centra en la cuantía. La senda marcada por el grupo de expertos para cumplir el compromiso programático de llegar a 2023 con el salario mínimo fijado en el 60% del salario medio establecía una subida este año de entre 12 y 19 euros y otra en 2022 de entre 24 y 40 euros. El objetivo respecto a la cuantía pasa por alcanzar también un punto intermedio y avanzar en la senda de 2022 para no acometer una subida en septiembre y volver a reabrir este debate casi inmediatamente después. La horquilla en la que se mueven las negociaciones, por tanto, es amplia. Con todo, el compromiso del Gobierno sigue siendo situar el salario mínimo a final de la legislatura entre 1.011 y 1.049 euros. Actualmente, está fijado en 950 euros en 14 pagas.

Foto: EC

Desde Unidas Podemos, están empujando por que la recuperación económica comience a "notarse por abajo", directamente en los bolsillos de los trabajadores, mientras que para los socialistas su máxima es la creación de empleo. De ahí que se apostase en un primer momento por no revisar el SMI hasta final de año, al entender que su subida podría interferir en los datos de empleo. Sin embargo, las previsiones actualizadas por el Ministerio de Asuntos Económicos apuntan a que en otoño se podría llegar a unos números similares a los de febrero de 2020, previamente al impacto de la pandemia.

Hace apenas tres semanas, la titular de Hacienda aplazaba la revisión del SMI al considerar que, "en este momento, la situación del mercado laboral sigue marcada por la incertidumbre y nuestra prioridad tiene que ser impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo". El propio Pedro Sánchez intentaba zanjar este debate a principios de mes asegurando que "ahora lo importante es poner todo el foco en la recuperación del mercado laboral".

Foto: Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (EFE)

En el ala ortodoxa del Ejecutivo, siempre prevaleció la lectura de que una subida en el actual contexto podría ralentizar la creación de empleo en ciertos sectores y lastrar la recuperación económica. Esto es, querían que la subida del salario mínimo fuese "compatible" con la creación de empleo y "no a costa" de perder puestos de trabajo. Se entendía desde el sector reacio del Gobierno que una subida afectaría a los sectores más golpeados por la crisis, como el pequeño comercio o la hostelería, además de que en 2019 y 2020 se produjeron aumentos del 22,3% y el 5,6%, respectivamente. "Para el Gobierno, es importante llegar a ese compromiso, pero también que sea compatible con la generación de empleo para llegar a cifras prepandemia y, si es posible, recuperar las expectativas de ocupación que teníamos antes de la pandemia", justificaba todavía el pasado mes de junio la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los morados, por su parte, defendían la necesidad de aplicar una subida para combatir la pobreza laboral y corregir la pérdida de poder adquisitivo entre los trabajadores no sujetos a convenio. Los convenios de empresa aumentaron entre el 1,5% y el 1,8%, dejando más desprotegidos a los trabajadores con sueldo mínimo, ya que habitualmente son los que no están cubiertos por convenio. Las pensiones y el sueldo de los funcionarios tampoco se congelaron en 2021, creciendo cerca de un punto. A las presiones de Unidas Podemos se sumaron también los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, quienes hace dos semanas convocaron protestas y amenazaron con endurecer el diálogo social si el Ejecutivo no aceleraba la subida del SMI.

Foto: (iStock)

Otra de las reivindicaciones de Unidas Podemos en la mesa de negociación de los Presupuestos se centra en la fiscalidad, al reclamar una subida progresiva que afecte a las rentas más altas e incluir un impuesto a las grandes fortunas, la regulación de los alquileres en la ley de vivienda o las políticas de cuidados. La prórroga del denominado 'escudo social' hasta final de año es también una condición 'sine qua non'. Se trata de extender la moratoria de los desahucios, que expira el próximo 9 de agosto, además de los contratos de alquiler y la prohibición de cortes de suministros hasta que termine 2021.

Su propuesta pasa por "la suspensión de los desahucios para familias vulnerables mientras no haya una alternativa habitacional real que sea una vivienda". Para ello, plantean que el juzgado tenga que solicitar obligatoriamente un informe a los servicios sociales que determine si la persona afectada es vulnerable y que se aumenten los criterios para que más personas puedan estar protegidas y se apliquen a cualquier tipo de desalojo. Precisamente, estas reivindicaciones estaban recogidas en el texto del decreto que había perfilado el anterior ministro de Transportes y que ahora ha quedado en el aire.

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