La presión sobre el Gobierno crece un día después de la 'nueva normalidad'
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La presión sobre el Gobierno crece un día después de la 'nueva normalidad'

Políticos de diferentes partidos coinciden en señalar que "la falta de cobertura normativa y jurídica" pone las comunidades autónomas en una situación de "debilidad" ante la pandemia

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. (EFE)

Apenas habían pasado unas horas desde que el estado de alarma dejó de tener vigencia en España y ya se habían comenzado a escuchar voces críticas insistiendo en lo que todo el mundo sabía desde hace semanas: sin ningún respaldo jurídico estatal, las comunidades autónomas no tendrían capacidad para imponer medidas de control sobre la pandemia. Las autoridades regionales no tardaron el domingo por la mañana en condenar los macrobotellones y concentraciones vividas durante la madrugada del sábado al domingo en prácticamente todas las ciudades de España. Pero también dejaron clara su decepción con un Gobierno central que los ha dejado a su suerte.

El fin del toque de queda dejó aglomeraciones nocturnas en Madrid, Barcelona, Salamanca o Valladolid, por citar solo algunos ejemplos. Los jóvenes se lanzaron a la calle para celebrar el fin del estado de alarma entre gritos de "libertad", y algunos dirigentes han subrayado estos hechos para lamentar la falta de cobertura legal que, de seguir así las cosas, tendrán las comunidades autónomas para hacer frente a la pandemia a partir de ahora.

Mientras en Baleares y la C. Valenciana se ratificó la decisión de mantener el toque de queda, en el País Vasco o en Canarias sucedió lo contrario

El problema radica en que deben ser los tribunales superiores de Justicia los que ratifiquen las restricciones que impongan las comunidades autónomas. Y no hay un criterio común. Mientras en Baleares y la Comunidad Valenciana se ratificó la decisión de mantener el toque de queda, en el País Vasco o en Canarias sucedió exactamente lo contrario.

Este domingo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbara el mantenimiento del toque de queda y el cierre perimetral en el archipiélago, el Gobierno canario anunció que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tras un primer análisis del auto en cuestión, el Ejecutivo autonómico interpreta que las medidas anticovid publicadas este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) pueden seguir teniendo vigencia, debido a que el auto no es firme y por tanto su contenido puede ser revisado por el Supremo.

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Si no fuera así, el Gobierno del archipiélago adoptaría de inmediato las decisiones que en ese caso fueran procedentes. En estos momentos, además de Canarias, solo está pendiente de conocer la resolución de la Justicia la Comunidad Foral de Navarra.

Ante esta situación, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, consideró que "la falta de cobertura normativa y jurídica" pone las administraciones en una situación de "debilidad". Aunque también llamó a la responsabilidad ciudadana tras las imágenes de la madrugada del domingo. "Que no haya estado de alarma no quiere decir que no haya pandemia. Hay que respetar las reglas de convivencia básicas en Madrid y no puede haber botellones, y vamos a seguir persiguiéndolo. Pondremos los refuerzos que hagan falta", dijo. En la capital, la Policía Municipal realizó más de 450 intervenciones, con un refuerzo de 200 agentes.

También la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, calificó de "pesadilla" las escenas de la primera noche sin toque de queda. "Las imágenes son una pesadilla. No sé cómo alguien se puede lanzar a la calle como si aquí no pasase nada, es una insensatez, pero más insensato es que el presidente del Gobierno haya decidido terminar con el estado de alarma y lanzarnos al vacío", ha trasladado.

Las palabras de Villacís se unieron a otras voces que venían criticando en las últimas semanas la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por dejar las restricciones en manos de las autoridades autonómicas, que han asumido el control del coronavirus sin el paraguas jurídico que tenían durante los más de seis meses que duró el estado de alarma.

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Celebración por el fin del estado de alarma en Lavapiés. (Sergio Beleña)

La líder de Más Madrid, Mónica García, tachó de "injusto" que se criminalice a los jóvenes por las aglomeraciones del domingo. "Ni antes fueron los culpables de llevar a los abuelos a las UCI, como aseguraba la campaña del Gobierno del PP, ni ahora son el mayor reflejo de la irresponsabilidad. La criminalización de la juventud es injusta y poco útil en términos de medidas anticovid", escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, quitó hierro a los incidentes de la madrugada, considerando que "hasta cierto punto" las imágenes son lógicas porque la gente "está muy cansada". Sin embargo, recordó que la situación "tampoco ha cambiado excesivamente" y apeló a la responsabilidad de los políticos para concienciar a los ciudadanos para respetar las normas "e incluso un poco más".

En paralelo a Madrid, en Barcelona, la Guardia Urbana tuvo que disolver a 6.500 personas que, ante la primera noche sin toque de queda, se lanzaron a la calle en 31 espacios distintos para celebrar macrobotellones. "Imágenes de absoluta irresponsabilidad", en palabras del teniente de Seguridad del ayuntamiento barcelonés, Albert Batlle.

También desde Cataluña, el líder del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa, recalcó que "la pandemia continúa", pero que "no podemos vivir permanentemente con una limitación de nuestros derechos y libertades". En un mensaje a través de las redes sociales, el líder socialista confió en que las celebraciones fueran "algo excepcional".

A falta de una comparecencia pública, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó las redes sociales para apelar a la unidad y a la responsabilidad de los ciudadanos. "La pandemia nos ha vuelto a demostrar el valor de la unidad. Nuestra acción común ha sido clave frente al virus y lo será también ahora que iniciamos la recuperación", se limitó a señalar en un mensaje en Twitter sin referencia clara ni reproche a las aglomeraciones.

Críticas de la oposición

Pese a que figuras importantes del PP se han mostrado casi siempre en contra del estado de alarma, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, no desaprovechó la ocasión para arremeter contra el Ejecutivo central. Este sábado, antes de que decayese el régimen excepcional, auguró que en España se iba a producir "un caos" porque las comunidades autónomas "no tienen indicadores que seguir".

"Esta noche decae el estado de alarma, impuesto por Pedro Sánchez y no negociado con la oposición, que le ha tenido campando a sus anchas sin tener que dar ni una sola explicación en el Congreso, por eso hará que esta noche España pase del estado de alarma al estado del caos. Todo lo que toca lo convierte en caos: vacunación, protección a los sanitarios, rutas seguras con el resto de Europa y el turismo", manifestó con dureza el dirigente popular. Un mensaje que ha ratificado el presidente del partido, Pablo Casado: "Con Sánchez, pasamos del estado de alarma al caos; será el responsable si hay otra ola".

La imagen del 'caos' también se dibujó desde Vox, aunque este partido fue un pasó más allá. Su líder nacional, Santiago Abascal, acusó a Sánchez de propiciar el desorden "como guiño a sus socios separatistas, y como forma de eludir responsabilidades". "Ahora, la igualdad de los españoles quedará de nuevo rota por tribunales regionales", añadió este sábado en su cuenta de Twitter.

Muy críticos fueron también desde el PNV, que mañana martes preguntará en el Congreso al Gobierno si cree que un órgano judicial debe decidir "las medidas más adecuadas para combatir la pandemia". El partido vasco duda de que acudir al Tribunal Supremo para ratificar las restricciones impuestas por las autonomías, si los TSJ las tumban, sea la mejor opción. Precisamente, el Tribunal Superior de Justicia vasco rechazó seguir implementando el toque de queda y las limitaciones de reuniones, tal y como pretendía inicialmente el lendakari, Iñigo Urkullu, que ha rechazado acudir al Supremo para evitar una batalla legal.

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, afirmó este domingo que hubiera sido "conveniente" que la transición tras el estado de alarma fuera "menos abrupta". Además, apuntó que la respuesta del presidente del Gobierno a la carta que el lendakari Urkullu le trasladó para prorrogar este instrumento excepcional no se produjo hasta la tarde del pasado viernes, por lo que "no ha habido mucha posibilidad de diálogo ni acuerdo". "Parece que ha sido una entrada tranquila en el nuevo escenario", afirmó en una entrevista en la Cadena SER. Y, por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, aseguró que si se hubiera prorrogado el estado de alarma, habría una mayor seguridad jurídica y confianza social.

Emiliano García-Page se mostró partidario de "haber prolongado el estado de alarma "un mes más, o un mes y medio"

En una entrevista concedida al diario 'El Correo', Subijana recordó que el estado de alarma "es el espacio jurídico que, por precisión normativa, garantiza la seguridad jurídica". "La que tiene que regular un marco de restricción y la limitación de un derecho fundamental es una ley orgánica".

A Pedro Sánchez le han salido detractores hasta dentro de su propio partido. El presidente de Castilla-La Mancha, un habitual en las críticas al Gobierno central, se mostró partidario de haber prolongado el estado de alarma durante "un mes más, o un mes y medio". Pero finalmente no ha sido así y este domingo no le quedó otra alternativa que solicitar "mucha prudencia, infinita prudencia" a la población. "Esto no se ha acabado, esto va a durar hasta que acabemos con todo el proceso de vacunación, e incluso ahí seguiremos teniendo limitaciones y condiciones porque la transmisión se va a seguir produciendo", añadió desde Roma.

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