Rebelión en Baleares por ampliar la alarma: "Llevamos 15 meses ahogados, ya basta"

La primera rebelión contra las restricciones autonómicas tras el fin del estado de alarma ya está aquí. Ha ocurrido con los restauradores de Mallorca. El gobierno regional ha aprobado, con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), aplicar un paquete de restricciones de aforo y horarios para los próximos 15 días, y dos asociaciones ya han avisado de que quien quiera desobedecer, tendrá su apoyo legal. Se trata de la sectorial de restauración de PIMEM (Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca) y la asociación Arema. Ambas denuncian que las medidas del ejecutivo autonómico son ilegales, y que los negocios tienen el derecho de abrir a partir de ya mismo en las mismas condiciones que tenían antes del estado de alarma.

“Solo se pueden suspender los derechos fundamentales mediante ley orgánica, que no es competencia autonómica, y en estado de excepcionalidad, situación en la que no se encuentra Baleares”, sostienen las asociaciones díscolas. El ejecutivo de Francina Armengol (PSC) aprobó a final de semana que el interior de los locales permanezca cerrado y que la actividad se limite a las terrazas exteriores en grupos de máximo cuatro personas y distancia de seguridad. Solo se abre la mano en el horario: ahora se podrá abrir cada día hasta de 6 h a 22.30 h sin interrupciones, a diferencia de hasta ahora que solo se podía abrir de domingo a jueves hasta las 17 h. La intención es que en dos semanas, a partir del 24 de mayo, se reabran los interiores con un 50% del aforo.

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“No sé aún lo que haremos, tenemos que hablarlo entre los socios”, confirmaban horas atrás desde el restaurante Ca n’Eduardo, en Palma. “Necesitamos poder usar el interior del local, la terraza es insuficiente, más cuando hace mucho calor como ahora o mal tiempo. No entendemos esta nueva restricción y veremos cómo abrimos”.

Ca n’Eduardo no está solo. Hay decenas de restaurantes en Mallorca atrapados por la duda. Necesitan abrir cuanto antes y empezar a facturar, especialmente aquellos que no gozan de una terraza para ir tirando, pero tienen miedo a ser sancionados si lo hacen. Se exponen a una cuantiosa multa, a la obligación de devolver las ayudas y hasta a tres años de cierre. No es poca cosa y eso está echando a casi todos los hosteleros atrás.

“La decisión de abrir o no será muy personal, aunque les digamos que nos pasen la multa y nosotros la recurrimos, habrá mucha gente que no se arriesgará. Dependerá de la desesperación de cada uno y de cuántos ahorros le queden. Llevamos 15 meses ahogados por las restricciones salvajes del Govern, ya basta. El problema no es estar cerrados 15 días más, sino permitir que nos impongan unas restricciones sin base jurídica. ¿Quién nos dice que serán 15 días y no dos meses más en función de lo que a ellos les convenga?”, protesta Eugenia Cusí, presidenta de PIMEM-Restauración.

“El sector de la restauración lo está pasando muy mal, pero no podemos ir a una sublevación, las consecuencias son enormes si hay una denuncia. En ningún caso podemos respaldar que no se acaten las restricciones del Govern”, afirma Jordi Mora, presidente de PIMEM Baleares. Sobre la postura de su sectorial de restauración, Mora afirma que “es un ente autónomo que puede aplicar sus criterios”. “Soy consciente de que hay muchos nervios", prosigue, "pero el restaurador que no pueda esperar 15 días más para abrir sus interiores, se expone a un cierre de tres años por delito contra la salud pública. No creo que a nadie le merezca la pena. Si queremos una buena temporada turística, las restricciones son imprescindibles. Nos jugamos mucho”.

El argumento legal de PIMEM-Restauración y Arema es justamente ese: no se puede restringir la actividad de negocios y actividades empresariales "de forma indiscriminada” con el pretexto de salvar la temporada turística. Cusí lo explica: “Si quieres restringir un negocio, la ley dice que ha de ser particular e individualizado, notificando de qué negocio se trata. No puedes hacerlo de forma generalizada, y si lo haces tienes que abrir audiencia de entre 10 y 15 días para que los afectados puedan alegar. Solo entonces entra en vigor. Es lo que dice la ley. Bajo un estado de alarma entendemos que se salten las normas ordinarias, pero sin estado de alarma eso es sencillamente ilegal”.

Los restaurantes pueden abrir "con normalidad" y atender a "todos los clientes que deseen frecuentarlos", dicen las asociaciones

Por eso, PIMEM-Restauración y Arema afirman que, "en el pleno ejercicio de la legalidad vigente”, los restaurantes pueden abrir "con normalidad" y atender a "todos los clientes que deseen frecuentarlos”. Pero habrá que ver quién se atreve.

Objetivo: convencer a Europa

Alfonso Robledo es presidente de la sectorial de restauración de CAEB, la principal patronal de Baleares. Él encabezó en nombre de los restauradores las negociaciones con el gobierno regional sobre la extensión de las restricciones. “Hemos logrado que se puedan abrir las terrazas todos los días, y dentro 15 días los interiores al 50%. Lo de estas asociaciones es una rabieta absurda, no puedes aconsejar a la gente que haga algo ilegal y que luego asuma las consecuencias. Baleares no es Madrid, aquí el dinero se mueve en verano, en cuatro o cinco meses, y necesitamos ser un destino seguro ante Europa. ¿Para qué quieres abrir el lunes 9.500 negocios que están montados para 14 o 15 millones de turistas cuando todavía no están aquí? Lo lógico es aguantar estos 15 días, consolidarnos como destino seguro, y que empiecen a llegar luego alemanes, británicos, franceses e italianos. El objetivo es abrirlo todo a final de junio, y para eso necesitamos ser muy prudentes ahora”.

Alemania y Reino Unido "están esperando a que la caguemos"

De hecho, Robledo asegura que los restauradores díscolos le hacen el juego a los gobiernos de Alemania y Reino Unido. “Allí están deseando que Baleares supere la tasa de 100 positivos para no darnos el semáforo verde, están esperando a que la caguemos para que sus ciudadanos hagan turismo interior y no traigan el dinero aquí. Ante el mínimo riesgo debemos parar y es el momento de hacerlo”. Este viernes, Reino Unido confirmó el semáforo ámbar para toda España, también Baleares. El embajador de Reino Unido, Hugh Elliott, informó días atrás al Govern de que no puede garantizar que Baleares sea considerado destino seguro este verano.

La cuestión es que no todos los empresarios en Baleares dependen del turismo. Pedro (nombre ficticio) regenta un local de comida americana en el centro de Palma. Su cliente es “95% local”, por lo que a él esperar 15 días no le salva la temporada, sino que profundiza más su agujero financiero. “Tenemos una pequeña terraza que, con la distancia de seguridad, nos permite operar con el 10% del aforo del restaurante. Me da para cubrir gastos, pero cada semana así es un palo en mi cuenta. Así no puedo sacar a la gente del ERTE”. El empresario protesta por el doble rasero de las patronales: “Esto de decir que ahora las terrazas podrán operar al 100% es un engaño, porque seguimos con restricción de aforo y distancia. No es lo mismo una mesa de 20 personas en un cumpleaños que cinco parejas separadas. No pueden sacrificar el tejido empresarial local para proteger a las grandes empresas turísticas de cara al verano”.

"No pueden sacrificar el tejido empresarial local para proteger a las grandes empresas turísticas de cara al verano", protesta un restaurador

La decisión del TSJB de avalar las nuevas restricciones fue muy ajustada, con tres votos a favor del Govern y dos en contra. La resolución señala que “en tanto que todo derecho se reconoce en el seno de un ordenamiento, cualquier derecho es limitado”, por lo que “ordenar o regular significa necesariamente limitar”. El tribunal argumenta que no existen, pues, derechos absolutos, y que el Govern balear está homologado para restringir la actividad empresarial y el derecho de reunión de manera temporal y excepcional. Más cuando, según el TSJB, el covid "sigue siendo un riesgo para la vida" que justifica las restricciones. La Fiscalía de Baleares ha anunciado que estudia presentar un recurso.