Page abandera una ley antiokupas al 'estilo PP' que incomoda a Ferraz

¿Hay un problema grave de okupación ilegal de viviendas en España? ¿Está sobredimensionado? ¿La ley es laxa? ¿Hay que endurecerla? ¿Los propietarios están protegidos? Un tema que está en la calle y al que la política recurre, más ahora con España en campaña electoral. La posición de cada partido suele resultar estanca. En bloques. Pero siempre hay versos sueltos. Es el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), quien se ha erigido en abanderado de una ley antiokupas más próxima a las tesis del PP que a las de su partido. Algo que incomoda en Ferraz, toda vez que obligará a los socialistas a posicionarse con un tema molesto con el que se arriesgan a dar la imagen del doble discurso. Ocurre que el PSOE carece de una posición tan clara en este asunto, como el bloque de la derecha o el de la izquierda más radical. Y más ahora que la tensión crece en el Gobierno de coalición con una ley de vivienda bloqueada y cuyas negociaciones han entrado de lleno en la campaña del 4-M. Los puntos fuertes del texto y también de conflicto: la regulación de los alquileres o la movilización de la vivienda vacía.

El mensaje de Page es contundente: hay que “actuar con más determinación y más precisión” al haber en España, asegura, “miles y miles de domicilios okupados ilegalmente”. Un delito, subraya, que además tiene “consecuencias de convivencia social”. En Castilla-La Mancha, su propuesta ha logrado el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PP, ambos en la oposición. Unidas Podemos y Vox no tienen representación parlamentaria en Castilla-La Mancha.

Respecto a la okupación de inmuebles, los datos de Interior revelan que se han incrementado en España un 40,9% en cuatro años

Respecto a la okupación de inmuebles, los datos del Ministerio del Interior revelan que se ha incrementado en España un 40,9% en cuatro años, al pasar de 10.376 en 2015 a 14.621 de 2019. Cataluña lidera el 'ranking', con Andalucía y Madrid en el podio. Castilla-La Mancha ocupa el quinto puesto. En esta comunidad autónoma, las denuncias han aumentado de 350 en 2015 a casi 600 en 2019. Hay zonas especialmente golpeadas, principalmente las más próximas a Madrid, como el corredor de la Sagra o el corredor del Henares, en Guadalajara. Allí sí existe la alarma social.

Un informe elaborado por Policía Nacional y Guardia Civil refrendó estos datos. Así lo indicaba en octubre el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la comunidad autónoma, Francisco Tierraseca. Habló de una problemática “desigual”, con especial afectación en las provincias de Toledo y Guadalajara y testimonial en el resto. Una comparecencia en la que también restó importancia a lo que desde el Ejecutivo castellano-manchego calificaron como problema de primer nivel. Lo hizo con otra cifra: nueve de cada 10 casas okupadas son propiedad de bancos o fondos buitre y no de particulares.

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Iván Gil

El mapa de la okupación nos lleva a pueblos como Escalona, de 3.400 habitantes, en Toledo, donde sus vecinos han promovido manifestaciones. En verano, llegaron a concentrarse cada fin de semana, hartos. Su alcalde y presidente de la Diputación Provincial, también del PSOE, ha abierto este mes una oficina municipal con servicio jurídico gratuito para la defensa legal de los propietarios de todas las viviendas okupadas, sean empadronados o no. El objetivo: desalojar en 48 horas.

En otras localidades como Yuncos, también en Toledo, estiman que más del 10% de sus viviendas está okupado. Son casi 11.000 empadronados. Allí también ha habido protestas y su alcaldesa, la socialista María José Gallego, ha denunciado amenazas de las mafias. No solo ella. No solo en Yuncos. Pueblos cercanos como Yeles, Numancia de la Sagra, Cedillo del Condado o Ugena también han alertado de este problema.

Para dar respuesta, Page elevará al Congreso de los Diputados ‘su’ norma para que trascienda Castilla-La Mancha y sea de aplicación estatal. Una ley que obligaría a modificar otras nacionales y por lo que no se puede poner en marcha unilateralmente en la región. El documento tiene similitudes con la propuesta presentada en febrero por el PP de Pablo Casado en la Cámara Baja. El PSOE la tumbó junto a Podemos y los independentistas. La mayoría de la investidura acusó entonces a los populares de “sobredimensionar” el problema. Su apuesta fue una ley de vivienda que prioriza otras cuestiones como la regulación del alquiler.

Para dar respuesta, Page elevará al Congreso ‘su’ norma para que trascienda Castilla-La Mancha y sea de aplicación estatal

Page sigue su marcha y ya ha presentado el documento en Moncloa. Lo hizo el pasado 11 de marzo. Fue en una reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tal y como él mismo informó antes del encuentro. Lo hacía casi tres meses después de que el texto legal viese luz verde en las Cortes regionales de Castilla-La Mancha en diciembre. La propuesta partió del Grupo Parlamentario Socialista y salió adelante con los votos del PSOE, que gobierna con mayoría, a los que se sumaron los cuatro parlamentarios de Ciudadanos. El PP se abstuvo, al buscar con sus enmiendas, rechazadas, endurecer el documento.

El anuncio de la ley de Page llegaba en septiembre con el tema de la okupación candente y con titulares en los medios de comunicación. También días después de que el Ministerio del Interior anunciase la unificación de los criterios para actuar frente a la okupación tanto de la primera como de la segunda vivienda. Se daba orden a los policías para elaborar atestados más precisos como ‘arma’ para ejecutar los desalojos inmediatos y la detención en caso de flagrante delito sin necesidad de medidas judiciales.

Finalmente, Page no logró la unanimidad en las Cortes en diciembre, pero sí consiguió un discurso homogéneo. El portavoz de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, dijo estar de “enhorabuena” porque el texto buscaba acabar con “los jetas, los caraduras y los delincuentes”. Su homóloga en el PP, Ana Guarinos, recalcó que se trataba de un problema prioritario para los españoles. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, apreció que este proyecto es “progresista”. “Las familias trabajadoras son las verdaderas víctimas de la okupación ilegal”, sentenció. Una frase que no encajaría con los datos ofrecidos por el delegado del Gobierno.

En líneas generales, el texto propone penas más duras, una estrategia contra las mafias y la posibilidad de que los ayuntamientos tengan más legitimidad para actuar. Contempla el aumento de la pena privativa de libertad hasta tres años en caso de uso de la violencia o intimidación y eleva el plazo de prescripción del delito de uno a cinco años. Pero sobre todo aboga por los desalojos exprés en 48 horas. También legitima a las comunidades de propietarios, los vecinos y los ayuntamientos para poder denunciar las okupaciones y prohibir el empadronamiento de los okupas.

Precisamente ayuntamientos de la comunidad autónoma ya han iniciado su estrategia propia como Escalona, al margen de la estrategia política y de partidos. "No hay excusas para la okupación ilegal. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, sí, pero debe acceder a ella a través de los instrumentos legales y las políticas sociales que existen, sin perjudicar los derechos de los demás". Es el mensaje del alcalde del municipio, Álvaro Gutiérrez, en una carta enviada a sus vecinos hace unos días. El teléfono de atención es el 925 780408 y no ha dejado de sonar.