El Cerro de los Palos: el asentamiento ilegal junto a Toledo que vuelve a la polémica

Un incendio desatado hace una semana en el Cerro de los Palos, a tres kilómetros de Toledo capital, ha reavivado la polémica sobre el asentamiento ilegal que campa a sus anchas hace más de 30 años sin que las administraciones hallen una solución. El fuego se originó en el poblado chabolista del mismo nombre, donde viven más de 100 personas, unas 40 menores, en dos sectores diferenciados: los extremeños y los quinquilleros. El tercer clan, el portugués, fue desmantelado en 2018. Pero fue un parche. Junto a la carretera, emergen chabolas con neumáticos para sujetar las lonas de los tejados, caminos de tierra por donde corretean niños pese a estar en horario escolar, restos de vehículos desguazados y montones de chatarra y basura con chavales jóvenes charlando al sol. No quieren hablar, pero uno de ellos cuenta que nació en el poblado hace ya 19 años y que no quiere salir de allí. Esa es su vida. En un contenedor de exclusión social y marginalidad que también sufren con “miedo” y “sensación de abandono” unos 150 propietarios de viviendas y algunos negocios a las afueras de la capital de Castilla-La Mancha.

Estamos, a pequeña escala, ante la Cañada Real toledana en lo que a inseguridad e insalubridad se refiere, aunque sin el ingrediente del supermercado de la droga. Todo a los pies de una ciudad Patrimonio de la Humanidad de 85.000 habitantes que visitan más de dos millones de turistas al año. Muy cerca también de donde abrió sus puertas en agosto de 2019 Puy du Fou, el nuevo parque temático histórico de España. El contraste es aún mayor con el esplendor de los cigarrales, que es como se conoce a las fincas de recreo más caras de Toledo. Allí está el cigarral menor del doctor Gregorio Marañón, por donde hace un siglo pasó lo más granado de las letras españolas. También allí tiene una finca en venta la exministra y expresidenta de la Junta María Dolores de Cospedal.

Esta vez fue la quema incontrolada de neumáticos lo que provocó las llamas y una intensa columna de humo negro que se podía ver desde todos los puntos de la ciudad. En otras ocasiones, ha sido la quema de electrodomésticos o cualquier elemento del que se pueda sacar cobre, uno de los sustentos de los pobladores del asentamiento. Así lo cuentan tanto los bomberos que sofocaron el fuego como los vecinos. “Si el incendio llega a ser en verano, es imparable. Ayudó que la maleza no está seca y que el viento no sopló”, coinciden los residentes más cercanos.

Este riesgo no es el único que sufren. Los robos son habituales, tanto, que en algunos chalés ya no quedan “ni los marcos de las ventanas” mientras que otros se han convertido en “búnkeres para protegernos”. Así lo explica Jorge, quien ofrece un nombre ficticio por miedo a las represalias. “Yo he puesto más de 50 denuncias desde que tengo mi propiedad. Te roban desde herramientas hasta unas zapatillas, porque en algunas casas ya no queda nada. A veces lo hacen prácticamente en tu cara y además te amenazan”.

El problema de insalubridad también es evidente. “Desde el ayuntamiento, siempre nos dicen que su prioridad es que los niños estén escolarizados. Parece que la mayoría lo está, pero de qué sirve si luego viven entre ratas y basura”, comenta otro vecino, que también elude dar su nombre e incide en el impacto ambiental. Y añade: “Esto es un estercolero asumido por todos. Si yo tengo así mi parcela, me denuncian como mínimo, además de la toxicidad de la quema de neumáticos y de los riesgos, porque el humo afecta a la visibilidad de la carretera” que conduce a Argés, el municipio más cercano.

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Un estercolero del que también se aprovechan otras personas, comentan, para ir a depositar allí sus desperdicios, lo que no hace más que agravar la situación. “Sabemos que la solución no es fácil, porque hay personas que solo saben vivir así, pero no se puede mirar para otro lado. Nosotros lo tenemos a la puerta de casa”, censura este vecino.

La gran diferencia con poblados similares en otros puntos del país tiene que ver con que el Cerro de los Palos no se identifica como un supermercado de la droga. “No decimos que vendan aquí, pero habría que dar una vuelta a ese tema también. El abandono en cuestiones de limpieza y seguridad hace que sea un lugar sin ley”, apuntan los vecinos. No en el poblado, pero sí en un olivar cercano, con varios detenidos ajenos a los pobladores, se desmantelaba el pasado octubre la mayor plantación de marihuana hallada bajo tierra hasta la fecha por la Policía Nacional. El zulo en el que se ocultaba el cultivo ilegal estaba excavado a cuatro metros de profundidad. Albergaba un sofisticado laboratorio con más de 1.000 plantas de cannabis en 300 metros cuadrados.

La problemática compleja del Cerro de los Palos ocupa, desde hace varias legislaturas, espacio en las sesiones del pleno del Ayuntamiento de Toledo. Esta semana, ha vuelto a la actualidad con motivo del último incendio. El PP, principal partido de la oposición, visitaba la zona y alertaba de un “problema enquistado”, además de poner el foco en los perjuicios para los residentes del entorno. "Aquí hay más de 120 parcelas cuyos propietarios son vecinos de Toledo que pagan mucho dinero en impuestos, en IBI, y que en muchos casos no tienen ni servicio de agua, ni de recogida de residuos, pero sobre todo que se sienten desprotegidos por el ayuntamiento como consecuencia de los problemas que genera tener al lado un poblado chabolista ilegal que llevan sufriendo mucho tiempo", alertaba Claudia Alonso, portavoz del PP. “Hay que dar una respuesta, a través de los servicios sociales, a la situación de muchos ciudadanos, muchos de ellos menores, que viven de manera indigna y de forma ilegal”.

La concejala responsable del área, Ana Abellán, del PSOE, que gobierna en solitario, acusaba al PP de mala fe y defendía el trabajo desarrollado en los últimos años, pero sin olvidar que la gestión de este asunto es “muy delicada”, y que entran en juego diferentes ámbitos y administraciones. “Es un problema que nos preocupa y mucho, y en el que estamos actuando sin fotos ni vídeos, siempre con cautela y preservando la intimidad de cuantas personas están ligadas a esta situación”.

Si echamos la vista atrás, en 2012, el entonces alcalde de Toledo y ahora presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya apuntaba que el principal problema para desmantelar el poblado se debe a que está ubicado en parte sobre una cañada, además de ocupar terrenos de varias administraciones, en concreto, del ayuntamiento y de la Junta de Comunidades.

García-Page ya apuntaba que el principal problema para desmantelar el poblado se debe a que está ubicado en parte sobre una cañada

Lo hacía dos años después de derribar las viviendas sociales conocidas como ‘la L’, en el barrio toledano del Polígono, el más poblado de Toledo, gracias a la intervención del Gobierno autonómico, lo que resolvía una problemática parecida.

Respecto al Cerro, señalaba que las vías pecuarias son competencia de la Administración regional, en 2012 en manos de María Dolores Cospedal, por lo que manifestó su intención de estrechar lazos para buscar una solución conjunta. El asentamiento continuó ahí.

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La legislatura pasada, con Page ya en la Junta y Milagros Tolón (PSOE) en el ayuntamiento, gobernando en coalición con la formación de izquierdas Ganemos, se dio un pequeño gran paso gracias a la intervención del concejal de Servicios Sociales, Javier Mateo, ahora fuera de la política activa. Fue a mediados de 2018 cuando se realojó a una docena de familias y se derribaron las chabolas donde vivían, además de limpiar la zona para evitar nuevas ocupaciones.

Los vecinos, sin embargo, cuentan que fue una pelea entre dos de los clanes lo que propició la marcha de uno de ellos. “Se aprovechó para derribar, limpiar y parecía que estaba cerca la solución. Vimos voluntad real del concejal, pero fue insuficiente”, lamentan.

Todas las voces consultadas para este reportaje coinciden en que la única solución para este enclave es un programa de intervención social a largo plazo, realojar a las familias, derribar las chabolas y hacer un seguimiento para integrar en la sociedad a quienes ahora mismo están fuera. Desde hace décadas, los servicios sociales municipales intervienen de manera básica y a través de programas especiales de asociaciones como Llere, con el objetivo de la escolarización de los menores como prioritario. Aunque una cosa es formalizar la matrícula y otra el absentismo, explican. Más difícil lo tienen los jóvenes, cuyo seguimiento ya no es obligatorio y que han crecido creyendo que esa es la única forma de vida posible.