El engaño de Alcoa que acabó en la Audiencia Nacional: venta en falso y cientos de despidos

A un lado del 'ring', la Confederación de Cuadros Profesionales (CCP), a la que se han sumado varios sindicatos más, y casi 700 empleados. Al otro, la multinacional estadounidense del aluminio Alcoa, la tercera a nivel mundial. En el centro, un juzgado de la Audiencia Nacional cuya titular ordenó hace unas horas el registro de oficinas, plantas y la detención de tres personas. Lo que la magistrada investiga es, en resumen, un engaño. Las plantas icónicas de producción de Galicia y Asturias fueron despojadas de patrimonio de forma fraudulenta y se abocó al personal a quedar sin empleo en base a una ficción, según defienden los querellantes.

Todo comenzó en 2018 cuando, según consta en el sumario, la empresa anunció a los comités de empresa que iniciaba el despido colectivo de 375 de su planta de A Coruña y de otros 312 en la situada en Avilés. Con el aval del Ministerio de Industria, Alcoa vendió un año más tarde las dos instalaciones al fondo de inversión suizo Parter Capital. El motivo del cierre fue la necesidad de recuperar capital para inversiones y el bajo beneficio obtenido en España por los elevados costes en electricidad. Sin embargo, Parter no mantuvo la adquisición mucho tiempo.

En la etapa de búsqueda de compradores, había aparecido un invitado inesperado. El Grupo Industrial Riesgo fue rechazado en una primera ronda porque carecía de solvencia, no podía fabricar aluminio y no contaba con el respaldo de garantías necesarias para continuar el negocio para conservar los puestos de trabajo y evitar el ERE. Ya con otro nombre, Alu Ibérica, se quedó con las dos plantas. Los denunciantes aseguran que este segundo traspaso no fue comunicado al ministerio. Alcoa defiende, por su parte, que la multinacional ha cooperado con la justicia y la primera de las ventas contó con el aval del Gobierno.

Para los sindicatos, cuya tesis ha desembocado en detenciones por nada menos que cinco delitos (estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra los derechos de los trabajadores y asociación criminal), toda la operación fue fruto de un plan. Se diseñó el pase de las plantas de Alcoa al fondo Parter para pasarle la pelota a una empresa que era solo humo y que empleó otras compañías fantasma para acabar de completar el engaño.

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"Los querellados nunca tuvieron intención de aplicar el Plan Industrial de Negocio y Recursos Humanos comprometido ante los trabajadores, condenando a las empresas a su desaparición: tal plan era una mera pantalla a fin de aparentar ante los trabajadores la bondad del negocio y la continuidad del empleo, impidiendo la adquisición de las plantas por otras empresas solventes presentadas", dice la denuncia que está en el origen de las actuaciones, a la que ha tenido acceso El Confidencial. La trampa conduce de forma inevitable al cerrojazo de las plantas y a la pérdida de todos los empleos.

Salvar los empleos

Después del operativo desplegado desde este jueves, los sindicatos CCOO y la CCP, personados en el procedimiento que dirige la magistrada María Tardón, han reclamado a la jueza medidas urgentes para mantener los empleos y las plantas. En dos escritos a los que ha tenido acceso El Confidencial, solicitan que las dos instalaciones de Asturias y Galicia se pongan bajo administración judicial y se suspenda de facultades a los actuales gestores. También que se declare ilegal la compraventa y se embarguen de forma preventiva todos los bienes de los arrestados para garantizar que abonen las posibles responsabilidades.

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Este viernes, tras tomarles declaración, la magistrada ha dejado en libertad con medidas cautelares a las tres personas arrestadas tras la operación realizada por la policía en la que se registraron una decena de inmuebles en relación a la presunta despatrimonialización. Esta parte del procedimiento se encuentra bajo secreto de sumario.