La Audiencia manda al banquillo al 'Houdini de la luz' que robó 61 M a las eléctricas

Los piratas de la luz. Ese es el nombre con el que se conoce en el sector a la organización liderada por Esteban Roig, un hombre que supuestamente estafó a las grandes eléctricas entre 2012 y 2017 y se embolsó 61,3 millones de euros. La Fiscalía pide 16 años de cárcel para él por los delitos de estafa continuada, pertenencia a organización capital y blanqueo de capitales, acusación que llevará a Roig a sentarse en el banquillo, como ha decretado la Audiencia Nacional en un auto del 23 de noviembre al que ha tenido acceso El Confidencial. A la espera de que se fije una fecha para el arranque del juicio, el listado de acusados lo conforman 17 personas, de las cuales 15 se enfrentan al pago de una multa de 60 millones de euros por la fortuna que supuestamente amasaron a costa del sector eléctrico.

Endesa, Naturgy, Repsol, Iberdrola... Entre los perjudicados figuran empresas del Ibex-35, pero ninguna detectó a tiempo el mecanismo que supuestamente permitió a Roig obtener enormes beneficios a través de la constitución de sociedades comercializadoras de energía eléctrica que aprovechaban los resquicios del sistema. En concreto, la tesis de los investigadores pasa por que primero cobraba a sus clientes y después dejaba de pagar la energía eléctrica que las productoras les suministraban, estratagema que se apoyaba para ello el vacío de ocho meses que lleva a estas últimas a calcular los excesos de energía proporcionados a quienes se lo solicitan. Una vez se embolsaba el dinero, el dinero se distraía remitiéndose a cuentas del entramado, muchas de ellas en Perú y México, para su supuesto blanqueo.

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Entre las pruebas que recoge el fiscal, destaca el correo de un trabajador de Roig en el que le comunica a este que Red Eléctrica, como operador del sistema, "se ha puesto en contacto para hablar con el máximo responsable de la sociedad respecto a un tema muy urgente". A continuación, el mensaje reflejaba el supuesto sistema que empleaba la organización para estafar al sector eléctrico: "Me imagino que es relacionado por la compra de energía y los desvíos en los que estamos incurriendo que ya empiezan a ser identificados por Red Eléctrica. Esto va a generar que depositemos garantías excepcionales, además de proceder al pago de dichos desvíos", explicaba el trabajador. Más allá de Roig, la Fiscalía pide penas que oscilan entre los seis años y medio y los nueve de prisión para los otros 16 acusados.

"Se aprovecharon de las peculiaridades del funcionamiento del sistema eléctrico", explica el fiscal José Perals en su acusación, como adelantó El Confidencial. En otras palabras: en España rige el libre mercado, con una regulación estatal que garantiza el suministro, por lo que la oferta debe ser igual a la demanda en todo momento. Para atender el consumo de los clientes, las comercializadoras adquieren entonces la energía en el mercado de producción de electricidad y, de este modo, obtienen la que previsiblemente van a necesitar para abastecer a sus clientes. Se exige, eso sí, un depósito, pero Roig y el resto de acusados supuestamente revistieron todo su tinglado de visos de legalidad y depositaron ante el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) garantías para cubrir los pagos derivados de las compras.

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Pero bajo esa apariencia de legalidad, las comercializadoras creadas por la trama supuestamente empleaban en su beneficio los conocidos como 'desvíos', el mecanismo de seguridad que evita que, si hay un pico al alza en el consumo, los clientes se queden sin la correspondiente energía. "Los desvíos generados y no pagados son repercutidos a las generadoras de energía y se trasladan a la factura de la luz, de manera que se produce un encarecimiento de la electricidad que afecta al consumidor final. Además, las distribuidoras tienen que abonar todo lo facturado, o sea, que si las comercializadoras no les pagan lo que han abonado los consumidores, sufren un quebranto económico", explica el escrito de la Fiscalía, en el que se apunta a que en total defraudaron 61,3 millones de euros.

Entre las productoras perjudicadas con esta estratagema, destaca Endesa Generación, que supuestamente sufrió un perjuicio de 19,8 millones, frente a los 17,2 millones de Naturgy Energy —antes, Gas Natural—, los 4,8 millones de Repsol Generación Eléctrica —Viesgo— y los 308.854 euros de EDP España —entonces, Hidroeléctrica del Cantábrico—. Para evitar que la trama vuelva a activarse con otros actores, la Fiscalía solicita además "la disolución de todas las sociedades comercializadoras de energía eléctrica fraudulentas" durante 15 años, así como "el decomiso del metálico intervenido" y "de los saldos de las cuentas corrientes intervenidas de los acusados". Con esa petición sobre la mesa y parte de las perjudicadas personadas como acusación, ya solo queda fijar fecha para que Roig y los otros 16 investigados se sienten en el banquillo.