La Audiencia Nacional deja en libertad a los detenidos en los registros del caso Alcoa

La jueza de la Audiencia Nacional que instruye el caso Alcoa, María Tardón, ha dejado en libertad con medidas cautelares a las cuatro personas que han declarado este viernes tras la operación realizada por la Policía, en la que se registraron una decena de inmuebles en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio en A Coruña y Avilés, una investigación que continúa bajo secreto de sumario.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que tanto los tres detenidos este jueves como la cuarta persona que fue citada para que compareciera en sede judicial han declarado esta mañana ante Tardón. En concreto, se trata de Diego Peris, administrador único del Grupo Riesgo; Luis Losada, ejecutivo administrador único de System Capital —mercantil que administraba Alu Ibérica AVL SL (la planta de Avilés)—; Víctor Rubén Domenech, presidente del Grupo Riesgo, y Alexandra Camacho, socia de System Capital.

A los cuatro se les imputan delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, asociación criminal y contra los derechos de los trabajadores. Como cautelares, la magistrada ha acordado retirada de pasaporte y prohibición de salir de territorio nacional para los cuatro, y para los tres últimos, además, comparecencias mensuales en sede judicial.

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Agencias

En la operación policial de este jueves, en la que participaron más de 100 agentes, se registraron instalaciones en Madrid, Avilés (Asturias), A Coruña, Málaga y Castellón. En total, según un comunicado del Cuerpo Nacional de Policía, se entró en 11 domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.

Fuentes de Alcoa España consultadas por Europa Press puntualizaron que las fábricas de aluminio de Avilés y A Coruña ya no son de su propiedad desde julio de 2019, y añadieron que ninguno de los detenidos pertenece a Alcoa. Afirman, además, estar "cooperando con las autoridades" en relación al operativo desplegado en busca de pruebas de despatrimonialización fraudulenta en la venta de ambas plantas.

De hecho, la multinacional estadounidense las traspasó en 2019 a Parter Capital Group "en una venta que fue avalada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores", según destacan las mismas fuentes. Posteriormente, Alcoa presentó una demanda contra Parter relacionada con la venta de acciones en las dos plantas.