Más allá del comité de expertos del covid: los 'tropiezos' de Sanidad con Transparencia

La composición del comité de expertos que gestionó la desescalada de los meses de mayo y junio ha sido el último caso en que el Ministerio de Sanidad se ha topado con una resolución en su contra por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), pero ni mucho menos el único. En los últimos meses, el organismo dependiente del propio Gobierno ha fallado en múltiples ocasiones instando al departamento que dirige Salvador Illa a que desglose la información que se le había solicitado, aunque esto no implique necesariamente que el Ejecutivo vaya a acatar la resolución al momento.

Según consta en la web del CTBG, este se ha posicionado en favor de los demandantes en un total de 11 ocasiones en los últimos meses en temas relacionados con el covid-19 en que se había requerido información al ministerio, aunque también han sido objeto de peticiones similares otras carteras del Consejo de Ministros. De estas 11 decisiones, en nueve de ellas Sanidad no había respondido a la persona que solicitaba la información en el plazo estimado y antes de que el organismo recibiera la reclamación. Así se recoge en el mismo portal del CTBG, en el que se explica que en estos casos la petición fue denegada por "silencio".

TE PUEDE INTERESAR

Lo que se sabe y lo que no del comité de expertos de Sanidad para la desescalada

J. B.

Este lunes, conocimos la resolución por la que Transparencia instaba al ministerio a informar sobre la composición del supuesto comité de expertos que decidía durante la desescalada qué comunidades pasaban de fase y cuáles debían permanecer. El Gobierno, en un primer momento, habló de un comité técnico. Luego, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, aseguró el 6 de mayo que no podía facilitar la identidad de ese grupo por la presión a que se le sometería. El propio Illa y Pedro Sánchez aseguraron poco después que se trataba de personal del ministerio y en la resolución de este lunes se habla, en la misma línea, de un "personal público" cuya identidad debería conocerse.

El Gobierno ha avanzado que está "estudiando" el fallo, que puede recurrir, y María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo, señaló este martes que responderán "en tiempo y forma". Cuestionadas por este medio por las prácticas en materia de transparencia respecto a este y otros casos anteriores, fuentes de Sanidad se han limitado a incidir en que "el ministerio está estudiando la resolución".

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno incumple la Ley de Salud Pública al ocultar los expertos que lo asesoran

Rafael Méndez Juanma Romero

Sin embargo, más allá del comité de expertos, hay otras 10 ocasiones en que el CTBG ha considerado que Sanidad debía dar la información que no había facilitado. En el mes de agosto, emitió una resolución contra Sanidad por cuestiones del coronavirus, cinco en septiembre, cuatro en octubre y, por el momento, solo recoge una en noviembre —la del citado comité—.

El contenido

Las mismas, analizadas por este medio, versan sobre diversas cuestiones que han estado de actualidad en distintos momentos de la pandemia. En la primera, la resuelta en agosto a partir de una solicitud de finales de abril, se cuestionaba al ministerio por las compras del material sanitario que se habían realizado desde el inicio de la pandemia y el organismo consideró que no se había respondido al solicitante con la precisión necesaria.

Ya en septiembre, se falló a favor de una petición del mes abril en la que se reclamaban los datos sobre las reuniones de Fernando Simón desde el mes de enero, presenciales y telemáticas. Mismos términos en que se produjo otra solicitud en el mismo mes relativa al ministro del ramo. En el mismo mes de septiembre, el consejo también resolvió a favor de una instancia en la que se demandaban varios datos: una copia de los informes sobre el covid que se hubiera remitido al Consejo de Ministros, los informes sobre las concentraciones del 8 de marzo y los documentos en que se sustentara que los miembros del Gobierno podían saltarse la cuarentena. Esta última cuestión se planteaba después de que Pablo Iglesias interrumpiera la suya.

TE PUEDE INTERESAR

Sanidad dice que es público el comité asesor que Ribera oculta hasta por Transparencia

Darío Ojeda

La cuestión de la cuarentena entre los altos cargos del Ejecutivo también se repite en otra demanda del 23 de marzo, en la que se piden los protocolos o manuales que expliquen que pueden no cumplir con el aislamiento. Asimismo, pregunta por las recomendaciones de la Dirección General de Salud Pública sobre en qué ocasiones "puede cualquier persona saltársela".

En otro fallo estimatorio de septiembre, se solicitan al ministerio los informes existentes hasta el 7 de marzo, y también desde el 1 de marzo, de protocolos de actuación y medidas para hacer frente al covid, es decir, el conocimiento que tenía el Gobierno sobre cómo prevenir el virus antes de las manifestaciones feministas. En esa petición, del 11 de marzo, también se reclamaba que diera a conocer los requerimientos realizados por las comunidades autónomas en que se pidiera un protocolo para hacer frente a una pandemia incipiente.

TE PUEDE INTERESAR

Moncloa estudiará la resolución de Transparencia para revelar el nombre de los expertos

EC/Agencias

Ya en octubre, llegaron cuatro nuevas resoluciones contra el departamento de Illa en materia de covid. Una de ellas recogía un escrito de mediados de abril en el que se solicitaban las actas de las reuniones del comité científico, así como las del propio CCAES, entre otros aspectos. En otra de principios de abril, se pedía la información epidemiológica aportada por las CCAA. En una tercera, se reclamaban los "informes sobre los orígenes" del virus, y en una cuarta, se requerían los gastos como consecuencia del covid, un dato que el ministerio sí terminó aportando superado el plazo establecido.

En sus últimos pronunciamientos contra Sanidad, el consejo ha afeado al departamento su conducta en materia de transparencia. "No podemos sino poner de manifiesto que este retraso en la tramitación y la falta de respuesta y alegaciones dificultan la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública", repite en varias ocasiones. La situación de la transparencia en los últimos meses también ha estado marcada por la pandemia, ya que durante el estado de alarma los plazos en esta materia quedaron suspendidos y no se reactivaron hasta el 1 de junio.

El 21,9% no se cumple

Según recoge el propio CTBG en su apartado de seguimiento, hasta el 31 de octubre de 2020, la Administración ha cumplido con seis de cada 10 resoluciones en las que se fallaba en su contra y se le instaba a facilitar algún tipo de información, mientras que no consta cumplimiento en el 21,9% de estas y el 4,7% han sido recurridas. El porcentaje de cumplimiento ha ido cayendo desde 2015, de acuerdo a las estadísticas del organismo dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

TE PUEDE INTERESAR

Los científicos de 'atrezzo' del Gobierno: les achacan las decisiones pero ellos no lo saben

A. Villarreal R. Méndez

La relajación en materia de transparencia es una tendencia en los últimos años. Así lo cree Lorenzo Cotino, miembro de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia e integrante del Consejo de Transparencia valenciano. "El sistema funciona razonablemente, es una valoración positiva, pero tras siete años, se ve que hay cuestiones que se tienen que reformar". Él considera que debería "dejar claro la ejecutividad de las resoluciones", ya que "la ley no deja claro que las órdenes son ejecutivas", es decir, que tengan que cumplirse, y no se contempla un régimen sancionador. Cotino recuerda que la importancia de las informaciones relativas a la gestión sanitaria en un contexto de pandemia refuerza el derecho a la información por parte de los demandantes.

Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia, cree que las autoridades se han instalado en unas prácticas que buscan dilatar los plazos lo máximo posible y que se están aprovechando de las "deficiencias" de la propia norma, que data de 2013. "Lo que está pasando, que es más grave, es que el propio Gobierno está incumpliendo las resoluciones del consejo", explica Blanes, que considera que habría que establecer un régimen sancionador que afectara al funcionario o alto cargo responsable en lugar de a las instituciones. "Existe una clara estrategia de opacidad, de no facilitar información o hacerlo lo más tarde posible".

En estos momentos, este medio tiene abiertas nueve peticiones de información al ministerio o Moncloa relativas a la crisis. Tres de ellas han sido rechazadas y recurridas ante el Consejo de Transparencia, que de momento ha dado la razón a El Confidencial en dos ocasiones y ha solicitado al Gobierno que facilite la información solicitada.