Lo que se sabe y lo que no del comité de expertos de Sanidad para la desescalada
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"personal público"

Lo que se sabe y lo que no del comité de expertos de Sanidad para la desescalada

El Consejo de Transparencia ordena al Ministerio de Sanidad dar a conocer los nombres y el número de integrantes de la comisión que decidía la desescalada. El Gobierno lo estudia

Foto: Pedro Sánchez y Salvador Illa, en una imagen de archivo. (EFE)
Pedro Sánchez y Salvador Illa, en una imagen de archivo. (EFE)

El pasado mes de mayo, comenzó la desescalada y con ella una de las batallas más tensas entre Moncloa y la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Sanidad iría dando luz verde para que las regiones fuesen reduciendo sus restricciones después de dos meses con la población confinada. Isabel Díaz Ayuso alegó semana sí y semana también que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba frenando a la capital con fines partidistas. El Ejecutivo rechazó las acusaciones y se escudó en que sus decisiones emanaban de un comité de expertos del que nunca se supo quiénes eran sus integrantes. Ahora, con base en una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el departamento que dirige Salvador Illa ha confirmado por escrito que el grupo estaba compuesto por "personal público", pero sigue sin saberse de quién se trata.

Este lunes, el organismo público falló contra Sanidad, al considerar que debería precisar quiénes integraban el supuesto comité de expertos del que habló Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el 6 de mayo en una rueda de prensa al inicio de la desescalada. Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, avanzó que están estudiando la decisión. En la misma línea se pronunció este lunes la vicepresidenta primera, Carmen Calvo: "Vamos a valorar la resolución. Vamos a estudiarla. La valoraremos y cuando tengamos una decisión tomada, la conocerá públicamente todo el mundo".

Aquel 6 de mayo, Simón se pronunció en contra de facilitar los nombres del grupo. "No les voy a dar nombres de ninguna persona. Las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre por parte de la sociedad y de los medios de comunicación acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad. Si me lo permiten, no voy a dar el nombre de ninguno. Son un equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública", aseguró el médico, que precisó que eran 12, incluyéndose entre ellos.

Foto: La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Demorática, Carmen Calvo. (EFE)

La resolución de este lunes, a la que ha tenido acceso este medio y que fue adelantada por Europa Press, confirma que se trataba de funcionarios o "personal público", pero sigue sin saberse su identidad ni tampoco su ámbito de actuación, ya que la Administración asegura que no puede hacerlo por "protección de datos". "Las personas a las que hizo referencia el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias es personal público que no tiene la consideración de alto cargo ni personal directivo, según la normativa vigente", reza el ministerio en una de sus respuestas al demandante.

El departamento da por hecho así lo que ya afirmó el pasado julio el propio Illa, que negó que hubiera un comité independiente de Sanidad. "Yo tomaba la decisión con base en informes técnicos de la directora general de Salud Pública. A ella le venían desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, avalados por el doctor Simón con su grupo de expertos", apuntó entonces, poco después de que Sanidad reconociera que no existía "ningún comité de expertos encargado de la evaluación y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento". Sánchez ya había asegurado en mayo que se trataba de funcionarios del ministerio, pero desde Moncloa había hablado de un "comité técnico".

Ya el 7 de mayo, este medio informó de que el hecho de que el Gobierno no hiciera público el nombre de quienes lo asesoraban para decidir el avance de la desescalada suponía un incumplimiento de la Ley General de Salud Pública de 2011, que fija que "las administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública".

El hecho de que ni entonces ni ahora se dieran a conocer los nombres de quienes estaban decidiendo los territorios que podían relajar sus medidas, ni tampoco los criterios objetivos, levantó las críticas de la oposición. En aquel momento, Illa detalló que, además de ese grupo, había habido otro para diseñar el proceso de desescalada y cómo sería la nueva normalidad. Este último, dependiente de Transición Ecológica, fue oficializado en agosto, dos meses después de que todas las regiones hubieran abandonado ya el primer estado de alarma. El PP pidió la comparecencia de la titular del ramo, Teresa Ribera. Como en el presente caso, entonces el ministerio alegó "protección de datos" para no informar sobre unos expertos de los que finalmente aceptó dar sus nombres.

Lo cierto es que, durante estos meses de pandemia, la creación de comités para dar salida a la crisis sanitaria, económica y social ha sido una constante. Y con ellos, el oscurantismo y la reticencia por parte de la Administración de dar a conocer las identidades de sus miembros. Este medio tiene abierta una petición para conocer los nombres de los miembros que conforman el grupo de 100 expertos en que se apoya Sánchez para dar respuesta a los retos económicos del futuro.

Foto: La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el pasado 26 de abril en la Moncloa. (Pool Moncloa)

Además, también ha solicitado sin éxito a Sanidad que facilite el documento en el que se basa el plan de vacunación para el coronavirus. El propio ministerio cita en su estrategia este texto para justificar los pasos a dar, pero se ha negado a facilitarlo ante la petición de El Confidencial. Solo en el mes de octubre, el consejo recoge cuatro peticiones que han sido estimadas y que tienen a Sanidad como objetivo. En una de ellas, se insta al ministerio a que dé a conocer las actas de las reuniones del comité científico para el covid y también del propio Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Con la resolución de este lunes, el Consejo de Transparencia ordena al ministerio que publique los nombres y el número de personas que conformaban ese comité de la Dirección General de Salud Pública. Sin embargo, también precisa que cabe recurso contra su fallo en un plazo de dos meses ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid. De confirmarse el recurso y los plazos por parte de Sanidad, 2020 acabaría sin que se conocieran los nombres.

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