Controlar a los turistas en verano costó solo un 25% de lo previsto por Aena para 2020

Aena adjudicó desde el 1 de julio un presupuesto de 30 millones de euros para que dos compañías realizasen los controles de detección del covid-19 en los aeropuertos españoles hasta final de año. A fecha de 25 de septiembre, habían gastado 7,5 millones, de acuerdo con las cifras aportadas por el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP. Es decir, durante los casi tres meses de la temporada verano solo habían utilizado un 25% de lo presupuestado inicialmente.

La empresa de multiservicios Interserve es la encargada de controlar la llegada de turistas internacionales a través de la toma de temperatura, la revisión de la documentación y la evaluación visual del pasajero. En caso de identificar algún sospechoso de positivo por coronavirus, es el grupo sanitario Quirón quien debe realizar la evaluación clínica y epidemiológica de los viajeros. Ambas compañías disponen todavía de 22,5 millones para desarrollar estos trabajos hasta que finalice 2020.

También es cierto que los aeropuertos de Aena registraron en septiembre una caída del 79,9% en el número de pasajeros en comparación con el mismo mes del año pasado, debido a las restricciones de viajes por los rebrotes. En julio y agosto también se observaron caídas interanuales abruptas en el número de viajeros del 76,2% y 69,6%, respectivamente. No obstante, el presupuesto ya contemplaba que la pandemia iba ocasionar un gran descenso en los desplazamientos tanto nacionales como internacionales.

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En algunos aeropuertos, Interserve está utilizando al mismo personal que tiene contratado, en condiciones precarias y sin apenas formación, para labores de limpieza o de asistencia a pasajeros con movilidad reducida (PMR). Algunos de esos trabajadores estaban en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde marzo y se reincorporaron en julio, según confirmaron a El Confidencial fuentes de la empresa. La única formación que recibieron fueron cuatro folletos y un vídeo. "La 'formación' fue la de mis compañeros explicándome lo que debo hacer", explicaba un empleado de Interserve en el Aeropuerto de Gran Canaria.

De cara al próximo año, el gestor aeroportuario español participado en un 51% por el Estado ya ha sacado a concurso estos servicios de control sanitario primario y secundario con un valor estimado de 65 millones y 89,6 millones, respectivamente. Ambas adjudicaciones tendrán una duración de cuatro meses, que podrán prorrogarse durante diez periodos adicionales de dos meses cada uno, según el diario Expansión. De cumplirse todas estas ampliaciones de los contratos, desembolsará un total de 154,7 millones.

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Por otro lado, Aena tiene en marcha un plan con medidas a implantar en sus aeropuertos para generar confianza en los pasajeros en medio de la pandemia del covid-19. Pese a que el conocido como Plan de Recuperación Operativa contempla una inversión de 12,4 millones hasta finales de 2020, hasta el 25 de septiembre había dedicado 1,2 millones. Por lo tanto, a falta de mes y medio para acabar el año, solo había invertido un 9,5% del total. Además, del gasto previsto de casi 29 millones, solo había desembolsado 11,2 millones, un 38,6% del total.

Estas medidas comprenden varios ámbitos de actuación, como la limpieza y desinfección de las infraestructuras, la señalización de distancia de seguridad, implantación de medios de protección física como mamparas de metacrilato o ventilación, entre otras. La intención es abarcar todos los procesos aeroportuarios (facturación, control de seguridad, control de pasaportes, embarque, desembarque, recogida de equipajes y áreas comerciales) para garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores de Aena durante la pandemia.

El PP exige más control en los aeropuertos

Todas estas cifras se conocen después de que el pasado 5 de octubre, el Grupo Parlamentario Popular presentase en el Congreso una Proposición no de Ley en la que instaba al Gobierno a incrementar los controles en los aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias para frenar la expansión de la pandemia por el territorio nacional y la llegada de casos positivos desde el extranjero. Esta propuesta contemplaba la implantación urgente de medidas de prevención y un control sanitario homogéneo y eficiente en las grandes infraestructuras de transporte. De esta manera, los populares consideran que se puede reactivar el turismo, una actividad que representa alrededor del 12% del PIB de España.

La apertura de este debate en sede parlamentaria molestó al presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, que entendió que se estaba "erosionando el prestigio" de la compañía. Durante su participación en la Comisión del Congreso para explicar los presupuestos de la compañía para el próximo año, denunció que esta polémica en torno a los controles sanitarios en los aeropuertos "es bastante lamentable porque si uno mira lo que las propias comunidades autónomas determinan como contagios importados, estadísticamente son muy poco significativos".

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EFE

Pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene un discurso idéntico al de Lucena, ha decidido exigir una PCR negativa en origen a todos los viajeros a partir del próximo 23 de noviembre. En concreto, los pasajeros que entren en España por vía aérea y marítima deben realizarse la prueba 72 horas antes de su llegada. No obstante, de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea (UE), solo se exigirá a aquellas personas procedentes de 65 países y zonas donde actualmente existe una alta incidencia del virus, como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Marruecos, Estados Unidos o Argentina.

Esta decisión ha ocasionado división de opiniones en el panorama nacional. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha considerado que exigir una PCR negativa no tendrá gran impacto en la transmisión del virus porque "la entrada de casos importados es mínima". En cambio, la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visto cumplida una de sus insistentes demandas y ha asegurado que, de esta manera, "Madrid y el resto de España serán más seguras".