La dura batalla campal entre dos pesos de la justicia por un chalé ilegal en Toledo

Dos pesos pesados de la justicia española llevan cinco años a puñaladas a cuenta de un chalé construido en Pepino (Toledo). Por un lado, está el denunciante, el juez Fernando Presencia, quien acusa al propietario de haber aceptado sobornos para favorecer un pelotazo urbanístico justo en los terrenos donde está el chalé. Esa vivienda, dice Presencia, sería parte del pago. Del otro lado, está el denunciado y propietario, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, fiscal decano de Talavera de la Reina, que niega la mayor.

Este jueves se celebró un juicio de alta tensión con ambos frente al estrado. Pero la cosa no es tan sencilla. En este juicio, es el fiscal De la Cruz quien denuncia y es Presencia el acusado. El primero acusa al segundo de tres delitos: denuncia falsa continuada, denuncia falsa y calumnias. Presencia se enfrenta a ocho años de prisión y 500.000 euros de indemnización por haberse obcecado en perseguir esta presunta trama de corrupción. O por obcecarse en calumniar, según quien lo mire. ¿Y De la Cruz sale indemne? No, porque existe otra denuncia en sentido contrario, interpuesta por Presencia en Madrid, en la que el juez acusa al fiscal de tráfico de influencias, prevaricación y delito medioambiental.

El juicio celebrado el jueves, y cuya sentencia se espera en los próximos días, es el colofón a una lucha descarnada entre ambos desde que Fernando Presencia aterrizó como juez decano en Talavera de la Reina en 2014, procedente de Valencia. En cuanto llegó, una serie de denuncias anónimas de profesionales de esa sección territorial de justicia llevaron a Presencia a concluir que el fiscal De la Cruz era pieza fundamental en un entramado corrupto para promocionar la fase 2 de la urbanización El Gran Chaparral, en Pepino, un pequeño pueblo a 8 kilómetros de Talavera.

La urbanización nacía muerta, ya que se asentaba sobre el cauce del arroyo Berrenchín, bajo el dominio público hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Pero ahí estaba el truco, según Presencia. El objetivo no era edificar la urbanización, sino vender los terrenos con documentos falsificados (y ahí entraría la figura del fiscal como encubridor) para que algún incauto promotor comprara y se encontrara luego el pastel. Una estafa en toda regla.

Esto ocurrió en 2007 y a día de hoy la urbanización no se ha desarrollado porque era imposible. El incauto promotor fue Juan Carlos Vázquez, director general de la constructora Hervaor, que entró en concurso de acreedores en el año 2013. Vázquez calcula una pérdida en esta operación de tres millones de euros. Se querelló contra la sociedad que le vendió las participaciones, pero ninguna sentencia ha acreditado que exista dicha estafa.

En la fase 2 solo hay una vivienda en pie, y ha estado ahí, solitaria, durante diez años. Es el chalé piloto, propiedad del fiscal decano, y que sirve como su residencia habitual. En 2009, la CHT ordenó su demolición, mandato que todavía no se ha ejecutado. En 2017, la confederación hidrográfica tuvo que volver a urgir la demolición del chalet. La esposa del fiscal y copropietaria, María García García, interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM). Pero el recurso fue desestimado y el alto tribunal, en sentencia firme, ordenó la demolición de la vivienda en abril de 2019. El fiscal debía correr con los gastos del derribo.

Un año y medio más tarde, todo sigue igual. El chalé seguirá en pie al menos hasta que la confederación hidrográfica se pronuncie sobre la solicitud de legalización de la obra que la esposa del fiscal solicitó en septiembre como último recurso.

Por supuesto, De la Cruz niega tajantemente estar involucrado en ninguna trama y denuncia la persecución del juez. Uno de sus argumentos legales son los documentos de la hipoteca firmada en una entidad bancaria, que confirmarían el pago de su bolsillo de cerca de 400.000 euros. Es más, en el reciente juicio, De la Cruz negó que exista una orden de demolición del chalé. "En el año 2009 me dijeron que tenía que proceder a legalizar la obra. Si no, se aplicarían las sanciones que fuesen administrativas", dijo el fiscal en la sala, según informa Confilegal. "No, no, no, eso no es cierto", respondió acerca de existencia de la sentencia firme del TSJCLM. De la Cruz ha declinado ofrecer sus puntos de vista para este artículo.

Presencia, tras una exhaustiva instrucción cuando era juez decano en Talavera, concluyó que la hipoteca firmada por el fiscal para financiar el chalé era en realidad una hipoteca simulada, un puro espejismo para ocultar el pago por sus servicios. Llegó a esa conclusión mediante sus pesquisas y también encargó un informe pericial independiente en 2016. El auditor, Emilio Barroso González, examinó las escrituras e hipotecas y llegó a una conclusión: que no puede determinar si las operaciones están relacionadas con el blanqueo de capitales porque le falta información.

Barroso no pudo comprobar el origen del dinero con que se compró la parcela, ni acceder a las escrituras que aparecen inscritas en el registro de la propiedad. ¿Y esto qué sugiere? El auditor, con cautela, afirmó que las operaciones jurídicas y bancarias para el pago del chalé "pudieran estar relacionadas con el blanqueo de capitales y suponen indicios de actividades ilícitas aparentes". Barroso se reafirmó este jueves en el juicio. Presencia considera que el dictamen es incriminatorio. De la Cruz lo considera absolutorio porque Barroso nunca ha dicho de forma categórica que haya blanqueo de capitales.

Así lo resume Presencia: "El problema procesal que he tenido es que, según el Código Penal, yo tenía que acreditar la veracidad de todas mis denuncias contra el fiscal. De lo contrario, si son desestimadas, automáticamente el denunciado está obligado a querellarse contra mí. Es algo perverso del sistema jurídico español que ataca frontalmente a los denunciantes de corrupción. Pero esto cambia desde la entrada en vigor de la Directiva 'whistleblowing', aprobada por Bruselas en octubre de 2019, que prohíbe expresamente represaliar judicialmente a los denunciantes de corrupción. Me ampara, pues, la legislación europea y, además, es difícil que el fiscal demuestre que yo denuncié con falsedades cuando pesa una orden de demolición sobre su chalé, porque es ilegal, y cuando existe un informe pericial que acredita el blanqueo de capitales, la simulación de hipotecas y préstamos que nunca existieron".

¿Héroe o prevaricador?

Que el chalet del fiscal tiene orden de demolición desde hace 10 años es un hecho. Como también es un hecho que Fernando Presencia ha sido inhabilitado por 20 años para ejercer como juez, en base a dos condenas consecutivas de 10 años firmadas por el Consejo General del Poder Judicial. El juez, por tanto, es hoy exjuez y sospechoso a su vez de corrupción. El CGPJ considera probados dos delitos de prevaricación mientras fue juez decano en Talavera: archivar un caso de presunta estafa relacionado con la compra-venta de un local contra una persona con la que presuntamente mantenía amistad, en 2014, y por archivar un caso de atropello con fuga que afectaba a otro presunto amigo suyo.

¿El asunto del chalé trata pues de dos potenciales corruptos luchando en el barro? Preguntado por este diario, Presencia afirma que la inhabilitación de 20 años es justamente el castigo por querer tirar de la manta. Le han puesto encima el estigma de corrupto, asegura, cuando su único objetivo era desvelar una verdad que pesa como una losa en Talavera y en la justicia de Castilla-La Mancha. Presencia es impulsor y presidente de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap), una entidad que sirve de paraguas para denunciantes de corrupción en todo el país.

"Archivé ambas causas porque me di cuenta de que las denuncias eran las represalias contra dos denunciantes de corrupción. La del atropello iba contra el abogado de un candidato a alcalde de Pepino que denunció esa segunda fase ilegal del Gran Chaparral, y se hizo un montaje para enjuiciarlo y acallarlo; y la otra denuncia tocaba justamente la compra-venta de los terrenos de la urbanización. Fueron esas denuncias, entre otra información que me fue llegando, lo que me llevó al meollo de las intrigas y del pelotazo urbanístico. ¿Y quién era el fiscal que instruía esas causas? El fiscal decano, parte implicada en el escándalo. Ese es el origen de mi inhabilitación. Al Poder Judicial le resultó menos incómodo inhabilitarme que destapar la trama".

Presencia se personó inicialmente como denunciante contra De la Cruz ante la Fiscalía Anticorrupción porque el sistema jurídico español no permite las denuncias anónimas. Y este acto de audacia tan poco habitual le ha costado ser, en sus propias palabras, "el juez más sancionado y condenado de la democracia". "Tengo el doble de inhabilitación que cualquier juez, ya sea Baltasar Garzón o Elpidio Silva, me han interpuesto cinco querellas, detenido tres veces, tengo 20 expedientes disciplinarios y una fianza de 1,1 millones. El Poder Judicial te coloca el estigma de imputado para desacreditarte. Todo eso por denunciar una trama corrupta de Talavera que alcanza hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha".

En efecto, antes que el fiscal De la Cruz, se querelló contra Presencia el presidente del TSJ de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, a quien Presencia acusó de encubridor de la trama de corrupción. El resultado fue una condena de cárcel de siete meses para el juez por un delito de calumnias en julio de 2019. La sentencia está recurrida. La magistrada que dictó esa condena es la misma que este jueves conoció sus argumentos en esta segunda querella.

Presencia vuelve a enfrentarse hoy a pena de cárcel y sus opciones de entrar en prisión están sobre la mesa. "Recurriremos cualquier sentencia condenatoria. La sensación extendida es que De la Cruz Andrade quiere hacerme pagar lo que perdería [le exige al juez 500.000 euros] si finalmente tiene que demoler su chalé ilegal", dice el juez. Entretanto, Presencia también mantiene su escopeta cargada en el juzgado de Instrucción número 5 de Madrid. Si su denuncia por tráfico de influencias, prevaricación y delito medioambiental prospera (está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid), De la Cruz se enfrentaría a cargos que conllevan una condena de cárcel.