Gobierno y CCAA aprueban un nuevo plan contra el covid-19 sin toque de queda

El Gobierno y las comunidades autónomas aprobaron este jueves un nuevo plan para hacer frente a la segunda ola del covid-19 que no incluye, de momento, la medida del toque queda. El documento establece cuatro niveles de riesgo con medidas específicas asociadas que los gobiernos autonómicos tendrán que poner en marcha cuando los alcancen. El plan ha sido apoyado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) por todas las comunidades salvo Madrid y el País Vasco, que se abstuvieron.

El toque de queda es una medida que Francia y Bélgica han adoptado en los últimos días. Este jueves, el primer ministro francés anunció la población de 54 departamentos (46 millones de personas) tendrá prohibido salir de casa entre las 21:00 y las 06:00. En España, la Comunidad de Madrid fue la primera en plantearlo, aunque su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, corrigió después a su consejero de Sanidad y señaló que la propuesta iba más encaminada a limitar la actividad económica y no tanto a restringir la libre circulación de personas. El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmó el martes que era una medida que estaba sobre la mesa, pero cuya activación necesitaría del estado de alarma.

Este mismo jueves, sin esperar a la reunión del CISNS y apoyándose en las leyes sanitarias en vigor, la Junta de Andalucía decretó un toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas para Granada y otros 30 municipios de su área metropolitana y solicitará al Tribunal Superio de Justicia de Andalucía su ratificación. La Comunidad Valenciana, a través de su presidente, Ximo Puig, confirmó en una reunión con los agentes sociales que también apoyaba esa medida y que estudiaba aprobarla por su cuenta si no había acuerdo a nivel nacional.

El documento 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19', "tiene como objetivo permitir a cada CCAA evaluar el riesgo, establecer un nivel de alerta y adoptar medidas proporcionales, adaptables a la situación y al contexto de cada territorio", explica el Ministerio de Sanidad.

"No es un documento pensado para comunidades autónomas, está pensado para aplicación territorial dentro de las comunidades", explicó dl director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en una rueda de prensa celebrada esta tarde en La Moncloa. Está orientado para actuar en municipios de más de 10.000 habitantes y establece cuatro niveles de alerta en base a varios umbrales de ocho indicadores (incidencia acumulada en siete y 14 días, el mismo dato para mayores de 65 años, positividad, trazabilidad y ocupación en camas convencionales y UCI).

"Es un desarrollo técnico de los indicadores que ya estaban contenidos en el plan de respuesta temprana. Fija un marco de actuación común, con los mecanismos de flexibilidad necesarios", explicó Illa la misma rueda de prensa.

Los tres primeros niveles llevan aparejados una serie de medidas y el cuarto incluirá los del nivel 3 y "la toma de medidas excepcionales que podrán incluir restricciones adicionales". "En el caso de que su adopción requiriera de la activación del mecanismo previsto en el artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, el Presidente de la comunidad autónoma solicitará al Gobierno la declaración de estado de alarma, con arreglo a lo previsto en el artículo quinto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio", dice el texto. Entre esas medidas puede estar el confinamiento perimetral o el toque de queda.

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Ana Rodríguez

El plan establece la limitación de las reuniones (15, 10 o 6 personas, dependiendo del nivel de alerta), la reducción del aforo en la hostelería (incluyendo la posibilidad de cerrar los interiores en el tercer nivel) y el adelanto del cierre a las 23:00. También alguna recomendación común a todos los niveles, como el fomento del teletrabajo o la recomendación de limitar al máximo los desplazamientos no indispensables.

Como sucedió con las medidas adoptadas hace un mes para las ciudades de más de 100.000 habitantes, este acuerdo del CISNS no ha contado con el apoyo de todas las comunidades. El País Vasco y Madrid no han dado su visto bueno. Sin embargo, será de obligado cumplimiento para todas.