Anticorrupción pide dar carpetazo a la pieza sobre Corinna de la Audiencia Nacional

La Fiscalía Anticorrupción no ve motivos para que se continúen investigando las vinculaciones de Corinna Larsen con el comisario Villarejo. En un escrito, el Ministerio Público pide archivar la pieza sobre la examante del rey emérito al no ver delito en las nuevas grabaciones localizadas por la Policía en las que hablaba de un encargo al policía retirado. No ve delito ni revelación de secretos, informan fuentes jurídicas.

La propia Larsen ha reclamado el archivo en varias ocasiones. En escritos anteriores se apoyaba en una serie de argumentos esgrimidos por la propia Fiscalía Anticorrupción, que venía mostrando dudas sobre la pertinencia de la reapertura de este procedimiento casi desde el inicio. Ponía en duda que se le pueda investigar por un delito de cohecho internacional. "Las conclusiones del Ministerio Fiscal avalan cuantos razonamientos se esgrimieron en el recurso de reforma (y subsidiario de apelación) presentado contra el auto de 27 de julio de 2020, procediendo en consecuencia el sobreseimiento de las actuaciones", sostenía Corinna.

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La pieza Carol se abrió en 2018 a raíz de la incautación de unos dispositivos electrónicos en casa de Rafael Redondo, socio de Villarejo, en los que aparecen varios archivos de audio con conversaciones entre Villarejo, Larsen y el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga. Según aseguraba ella en las conversaciones, que fueron grabadas en 2015, Juan Carlos I había cobrado comisiones y guardaba dinero en cuentas de Suiza que no estaban a su nombre: "Ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón". Mes y medio después de que la Audiencia Nacional comenzara a investigarlo, el juez Diego de Egea cerró la pieza: los "actos" se remontaban a una etapa que iba de 2009 a 2012, cuando el Rey emérito era inviolable, y no daba verosimilitud a estas afirmaciones.

Pese a ello, el juez Manuel García-Castellón decidió reabrir la investigación el pasado julio. Para justificar su decisión, apunta a que, con posterioridad al archivo de la misma en septiembre de 2018, el juzgado ha recibido diversos oficios policiales sobre el material intervenido a los investigados y la solicitud de cooperación judicial remitida por la fiscalía suiza en relación con estos hechos. En concreto, la pieza volvió a abrirse para esclarecer la posible existencia de un encargo de Larsen a Villarejo que supuestamente pasaba por conseguir en España unos datos correspondientes a una asistenta personal que estaba filtrando información sobre su vida privada, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho, "sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de infracciones".

A la vista de estos hechos, Larsen se encuentra imputada por cochecho internacional y revelación de secretos, pero considera que no se le puede investigar por estos delitos. "El Ministerio Fiscal pone de manifiesto que no se ha podido cometer el supuesto delito de cohecho internacional investigado porque Villarejo no era funcionario público a fecha 7 de octubre de 2016, añadiendo además que no existe ningún dato que corrobore objetivamente que este llegara a producirse; es más, ni siquiera se precisó por Villarejo que el acceso a los datos se fuera a realizar por medios ilícitos", argumentaba en su escrito. "No se ha presentado querella por el Ministerio Fiscal por estos hechos, requisito de procedibilidad ineludible para perseguir en España delitos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional", añadía.

En cuanto al de revelación de secretos, el razonamiento que seguía es similar: "No existen datos de que se hubiera realizado el hecho, pero en todo caso no se ha cumplido con el requisito de procedibilidad exigido al no haberse presentado denuncia por el agraviado, de conformidad con lo preceptuado en el art. 201.1 CP, de aplicación una vez que se conoce que Villarejo dejó de ser funcionario a partir del 22 de junio de 2016", sostiene. "Y ello asumiendo únicamente a efectos dialécticos la conexidad estimada por ese Juzgado para poder atraer la competencia de la Audiencia Nacional para investigar este concreto hecho".