Corinna se escuda en el covid para evitar comparecer ante el juez en España

Corinna Larsen está citada a declarar como imputada ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón el próximo 28 de septiembre. Ante las dificultades planteadas para tomarle declaración por videoconferencia, el magistrado dejó abierta en un reciente auto la posibilidad de hacerlo en persona y de que deba, por tanto, desplazarse a España para la comparecencia. En el tercero de una serie de escritos que ha ido presentando en los últimos días, la examante del Rey emérito se opone a esta opción y esgrime el covid como principal motivo para evitar viajar a España desde Reino Unido, donde reside.

En este nuevo escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, la defensa de Larsen explica que ya propuso llevar a cabo la videoconferencia acordada desde el despacho de abogados que la representa en Londres para así adelantar los plazos de la instrucción, después de que la solicitud de cooperación cursada sufriera retrasos. "Pues bien, en contestación a nuestra propuesta, el juzgado ha dictado el auto de 24 de agosto que, entre otros pronunciamientos, acuerda citar a la señora Sayn-Wittgenstein para que comparezca personalmente", se queja. Ofrece como alternativa acudir a la Embajada en Londres.

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Reprocha al instructor que descarte ahora la declaración a distancia y lo haga, además, en respuesta a una oferta de colaboración. Denegar la declaración desde el despacho de sus abogados —por considerar que no reúne garantías— "no permite al juez dejar sin efecto lo acordado en resolución firme, por lo que no es posible que el juez acuerde ahora una declaración presencial, con citación a través de la representación procesal", defiende.

Califica la decisión de citarla en persona para tomarle declaración como una medida "gravosa y desproporcionada" y contraria a los derechos de Larsen, "toda vez que la declaración mediante videoconferencia está amparada legalmente". La amiga del emérito siempre ha evitado regresar a España desde su marcha y no oculta el temor a las represalias que pueda suponerle pisar el territorio. Se prepara para presentar una denuncia por acoso y amenazas en la que relatará episodios de presión por parte del entorno de Juan Carlos I que sustentarían este miedo.

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No obstante, no menciona sus reticencias en el escrito y defiende, como principal argumento, que se deben tener en cuenta las actuales circunstancias excepcionales por la pandemia, que hacen "más evidente si cabe" la necesidad de utilizar el sistema técnico de videoconferencia cuando se reside en el extranjero, como es el caso. Por ello, propone renovar las solicitudes de cooperación con Reino Unido y mantener la declaración a distancia, aunque sea necesario volver a retrasarla.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón aplazó tres semanas la declaración por videoconferencia de Corinna Larsen, acordada después de la reapertura de la conocida como pieza Carol, basada en sus conversaciones grabadas con el comisario Villarejo. El magistrado explicaba que habían aparecido "dificultades en la tramitación de la solicitud de cooperación" con Reino Unido a las que se suma la petición de su defensa de acceder a las actuaciones.

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El magistrado tomó la decisión de imputar a la examante del Rey emérito Juan Carlos hace un mes. García-Castellón la citó en inicio como investigada el próximo 8 de septiembre, tras reabrir la conocida como pieza Carol, para aclarar si Larsen encargó al comisario que investigara a una asistente que podía estar filtrando información sobre su vida privada.

En las grabaciones que realizó el policía de los encuentros que mantuvo con ella en 2015, también se les escucha hablar de negocios opacos del Rey emérito, pero las pesquisas se archivaron de manera provisional en septiembre de 2018 con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción. Además de Larsen, se ha citado como imputados para el 7 y 8 de septiembre al propio Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga.

La investigación se abrió a raíz de la incautación de unos dispositivos electrónicos en casa de Redondo, en los que aparecen varios archivos de audio con conversaciones entre Villarejo, Corinna Larsen y Villalonga. Según aseguraba ella en las conversaciones, que fueron grabadas en 2015, Juan Carlos I había cobrado comisiones y guardaba dinero en cuentas de Suiza que no estaban a su nombre: "Ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón, que también vive en Mónaco". Mes y medio después de que la Audiencia Nacional comenzara a investigarlo, el juez Diego de Egea cerró la pieza: los "actos" se remontaban a una etapa que iba de 2009 a 2012, cuando el Rey emérito estaba blindado por la inviolabilidad, y no daba verosimilitud a estas afirmaciones.

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Pese a ello, Anticorrupción siguió adelante con unas diligencias por un posible delito de cohecho internacional en la construcción del AVE a La Meca, para averiguar si el proyecto pudo verse regado con pagos irregulares. La investigación acaricia inevitablemente aspectos que se acercan a la figura del Rey, pero sin tocarlo. Esa prevención, esa inviolabilidad, no es tal en otros Estados y en marzo irrumpió un invitado que nadie esperaba: el fiscal suizo Yves Bertossa, que indaga, entre otros aspectos, el envío de 100 millones de dólares a una cuenta de una sociedad panameña que se vincula al Rey emérito. Procedían del rey saudí, Abdul Aziz al Saud. De esa cantidad original se desgajó una donación de 65 millones de euros a una cuenta de Larsen, hechos en los que ahora indaga la Fiscalía del Supremo.

Recursos

Tras la decisión del juez, Larsen se dirigió al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional para tratar de paralizar su declaración. En un escrito al juez Manuel García-Castellón y a la Sala de lo Penal, la examante del Rey emérito Juan Carlos considera que la decisión adoptada es nula de pleno derecho y atenta contra sus derechos fundamentales. Solicita que se acuerde la suspensión de la declaración y pone en duda la jurisdicción del magistrado para imputarle delitos presuntamente cometidos en el extranjero. Su solicitud ha sido respaldada por Villarejo, que también ha reclamado el archivo de la pieza.

En refuerzo, Larsen acaba de presentar un informe pericial en el que se fechan las dos grabaciones que han dado pie a la reapertura de la pieza varios meses después de que Villarejo se jubilara. El retiro del comisario cuando se registraron los audios descartaría que se le hubieran encargado presuntamente trabajos irregulares siendo funcionario policial y, por tanto, el cohecho existente si hubiera continuado en ejercicio.