Los motivos del rechazo de la oferta de Madrid: tarde y sin sanciones para el puente

Cuando pasadas las doce la mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llamó a Pedro Sánchez para presentarle su plan alternativo a la declaración del estado de alarma, la batalla ya estaba perdida. Eran las doce y veinte y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, comparecía para detallar la contraoferta madrileña. Una propuesta que buscaba restringir, a través de una orden, la movilidad en 51 zonas básicas de salud y bajaba los criterios de 1.000 contagios de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes a 750. La iniciativa se anunciaba a las puertas del inicio de la operación salida del puente del Pilar y antes de nacer estaba condenada a convertirse en papel mojado.

Además de llegar tarde, como se encargó de recalcar el Gobierno de mano de Salvador Illa, —"la paciencia tiene un límite", lo describió el ministro— la iniciativa madrileña tenía dos enormes agujeros que la hacían inútil frente a una salida masiva de madrileños para el festivo nacional. Al tratarse, como las anteriores, de una orden de una comunidad autónoma que restringía derechos, el primer paso después de su publicación, por muy exprés que esta fuera, hubiera sido dirigirse de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para recabar su autorización. El mismo que horas antes había denegado darla respecto al cierre perimetral de la capital y otros nueve municipios. La cuestión quedaba así, otra vez, en manos de los jueces y su criterio. Con pronóstico indeterminado pese a los anteriores avales, ya que la misma Sala venía avisando en anteriores autos de que una mayor restricción de derechos hacía necesario el estado de alarma.

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La autorización judicial no es cuestión de horas, sino de días. Incluso en un caso de extrema urgencia resulta complicado que un viernes tarde antesala de un parón de tres días la Abogacía madrileña llegara a tiempo de presentar el necesario escrito al tribunal. Una vez recibido, ya el lunes previsiblemente, debía pronunciarse la Fiscalía y después hubiera llegado la decisión. Durante todo ese tiempo, con una previsión de decisión situada a finales de la próxima semana siendo optimistas, la orden que quería restringir la movilidad en nuevas zonas no habría contado con ningún respaldo ni con sanciones para aquellos que se la saltaran.

Multas inactivas

Las restricciones en zonas sanitarias llevaban activas semanas y en los anteriores casos las multas no comenzaron a imponerse hasta que se obtuvo el visto bueno de los tribunales. La previsión es lógica ya que no tiene sentido sancionar sin la certeza de que la orden será respaldada. Y ahí residía la mayor debilidad de la contraoferta de Madrid. Ni era segura ni contaba con un respaldo punitivo automático que sirviera para disuadir a los madrileños tentados de saltarse las restricciones y aprovechar el puente. La necesidad de las sanciones quedó demostrada en las horas transcurridas desde el anuncio de la alarma hasta la publicación del real decreto en el BOE, cuando ya pasaban las cuatro de la tarde.

La alarma, sin embargo, desactivaba esas dos 'debilidades' a ojos del gobierno central que quería una respuesta urgente para evitar que los residentes de Madrid salieran de la Comunidad. Durante los próximos 15 días y de forma instantánea las Fuerzas de Seguridad que vigilan el cumplimiento de la restricción podrán imponer sanciones de entre 600 y 600.000 euros en función de su gravedad. Esa inmediatez condenó la propuesta de Ayuso desde el inicio. El viernes fue, en realidad, la crónica de un estado de alarma anunciado.