Madrid activa la restricciones con la mirada puesta en la decisión del Tribunal Superior

Las últimas horas antes de la entrada en vigor en Madrid de las restricciones impuestas en 37 áreas de salud se han convertido en una carrera de fondo. La orden de la Consejería de Sanidad —por la que se adoptan medidas específicas "temporales y excepcionales" para la contención del covid en aquellas zonas con evolución epidemiológica elevada— no cuenta aún con ratificación judicial. Este mismo sábado, un cambio legislativo aprobado por el Ejecutivo central modificó el sistema habitual de autorización de medidas de salud pública que supongan la limitación de derechos, complicando aún más la marcha de un dispositivo complejo que afectará a casi un millón de ciudadanos. La decisión ha pasado de recaer en los jueces contencioso-administrativos a quedar en manos de los tribunales superiores de Justicia. Todas las miradas del Gobierno autonómico se dirigen ahora al de Madrid.

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El texto publicado en el Boletín Oficial de la comunidad dispone la activación del plan a las 12 de la noche de este lunes 21 de septiembre, pero la revisión del tribunal se alargará más. Fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por El Confidencial apuntan que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid presentará su informe ante el TSJM en la mañana de este mismo lunes, incorporando los informes de la Consejería de Sanidad. En aplicación de la reforma legislativa —que solo lleva unas horas en vigor—, la Fiscalía debe presentar informe. Posteriormente el tribunal decidirá, realizando una ponderación entre el riesgo sanitario y la suspensión temporal de derechos de los madrileños afectados. Dada la urgencia de la situación, la decisión se acelerará al máximo.

El esquema se ha ido repitiendo en los distintos territorios que han ido limitando movimientos desde que acabó el estado de alarma. El resultado ha sido desigual. Fue precisamente la disparidad de criterios lo que condujo al Gobierno de Pedro Sánchez a proponer cambios normativos para mejorar la seguridad jurídica de las medidas limitativas de derechos fundamentales que las distintas comunidades y ayuntamientos deben tomar en sus respectivos ámbitos territoriales. La reforma que estrenará Madrid establece la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones e impone que deben resolverse en un plazo máximo de tres días naturales.

Sin aval judicial

Sin embargo, que la cuestión quede al criterio del Tribunal Superior no equivale a su aprobación automática. Las disposiciones arrancarán así con la incertidumbre de si podrán mantenerse. El Gobierno autonómico es consciente de la dificultad y algunos de sus miembros ya han indicado de forma pública que se adaptarán a lo que disponga la Justicia. No ven, eso sí, problema en activar el dispositivo antes de recabar la autorización. "Estamos en manos de lo que diga un juez, creemos que podemos tomar estas medidas y estamos a la espera", indicó por ejemplo Enrique López en declaraciones a la Cadena SER. Si los jueces no confirman, solo quedarán dos vías: idear un plan sin limitaciones de movilidad o recurrir al estado de alarma, medida que Madrid trata a toda costa de evitar y que será sin duda uno de los temas a tratar en la reunión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La hemeroteca, sin embargo, no sirve para calmar al Gobierno madrileño. Las decisiones contrarias a lo dispuesto por las autonomías no han dejado de producirse como un goteo desde que la alarma quedara desactivada antes del verano. La más sonada afectó precisamente a Madrid. Un juez discutió una de las primeras medidas de actuación coordinada en que se establecía la prohibición de fumar en la calle o la apertura de locales de ocio nocturno.

Otros muchos magistrados se han opuesto a iniciativas autonómicas relacionadas con el covid. En Aragón, el TSJ acabó con el toque de queda impuesto a los bares, en Mérida, otro juez contencioso desarmó los argumentos contra la limitación del número de personas en reuniones, que Extremadura había fijado en 15. Los primeros en sufrir las consecuencias de la evidente falta de red legal sin aplicación de la alarma fueron los catalanes: los jueces no vieron ajustado que se cerrasen cines y gimnasios, aunque sí avalaron que las discotecas no abrieran las puertas. La jueza que estudió el cierre de la comarca del Segrià, incluyendo Lleida, desactivó la decisión de la Generalitat. Días después, su decisión fue enmendada por otro juez. El examen de los últimos fallos judiciales evidencia un vaivén que impone desigualdades entre comunidades.

Consciente de la dificultad, la Comunidad de Madrid destina gran parte de las disposiciones generales de su orden a aclarar el marco jurídico empleado. Asegura que las adopta después de valorar que no puede imponer sacrificios innecesarios para las libertades y derechos fundamentales. Reafirm su competencia para garantizar el control de brotes epidemiológicos y el riesgo de contagio y se basan en la ya familiar ley del 86 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para defender que, además de realizar acciones preventivas generales, puede adoptar las que considere oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. El Tribunal Superior dirá si los argumentos son o no suficientes.