La Fiscalía pide suspender el interrogatorio a Corinna en la embajada de Londres

La Fiscalía Anticorrupción considera que el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha ido demasiado rápido en la pieza conocida como Carol. En un escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa piden al magistrado que suspenda la declaración que Corinna Larsen va prestar como imputada el próximo 28 de septiembre en la embajada de España en Londres, solicitud que basan en el argumento de que no se han cumplido "las disposiciones que regulan la cooperación jurídica internacional", de tal modo que se "conculcaría la legalidad vigente en menoscabo de la soberanía del estado requerido, en este caso el Reino Unido".

La pieza Carol se abrió en 2018 a raíz de la incautación de unos dispositivos electrónicos en casa de Rafael Redondo, socio de Villarejo, en los que aparecen varios archivos de audio con conversaciones entre Villarejo, Corinna Larsen y el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga. Según aseguraba ella en las conversaciones, que fueron grabadas en 2015, Juan Carlos I había cobrado comisiones y guardaba dinero en cuentas de Suiza que no estaban a su nombre: "Ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón". Mes y medio después de que la Audiencia Nacional comenzara a investigarlo, el juez Diego de Egea cerró la pieza: los "actos" se remontaban a una etapa que iba de 2009 a 2012, cuando el Rey emérito era inviolable, y no daba verosimilitud a estas afirmaciones.

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Pese a ello, el juez Manuel García-Castellón decidió reabrir la investigación el pasado julio. Para justificar su decisión, apunta a que, con posterioridad al archivo de la misma en septiembre de 2018, el juzgado ha recibido diversos oficios policiales sobre el material intervenido a los investigados y la solicitud de cooperación judicial remitida por la fiscalía suiza en relación con estos hechos. En concreto, la pieza vuelve a abrirse para esclarecer la posible existencia de un encargo de Larsen a Villarejo que supuestamente pasaba por conseguir en España unos datos correspondientes a una asistenta personal que estaba filtrando información sobre su vida privada, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho, “sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de infracciones”.

Apoyándose en esta sospecha, García Castellón acordó citar como imputados a Villarejo, a Redondo, a Villalonga y a Larsen en septiembre, pero en el caso de ella, aceptó que el interrogatorio se celebrara por videoconferencia desde la embajada de España en Londres. Lejos de dar esta decisión por buena, la Fiscalía Anticorrupción, que en un reciente informe ya ponía en duda la posible comisión de un delito de cohecho porque Villarejo no era comisario cuando se produjo el supuesto encargo, apunta ahora a que el magistrado no ha seguido los pasos necesarios: "Las embajadas españolas tienen consideración de territorio nacional, pero esta evidencia no puede servir de cobertura para eludir el cumplimiento de las disposiciones que regulan la cooperación jurídica internacional", sostiene en su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial.

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Anticorrupción apunta así a que la decisión del juez "orilla el cumplimiento de las obligaciones contraídas por España en el marco de la cooperación jurídica internacional" y es necesario cursar una orden europea de investigación para realizar esa diligencia, que "crea un régimen jurídico único para la obtención de pruebas que no se puede sustituir mediante el procedimiento acordado en la resolución que se impugna". La Fiscalía basa además su postura en el artículo 197 de la ley 23/2014, que establece que "cuando la autoridad competente española que esté conociendo de un proceso penal en España considere necesario oír al investigado [...] que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro, emitirá una orden europea de investigación para que dicha declaración se realice por videoconferencia".

Para reforzar esta idea, Anticorrupción también hace referencia a las directivas del Parlamento Europeo que establecen que "durante la declaración estará presente un representante de la autoridad competente del Estado de ejecución, asistida por un intérprete cuando sea necesario, y dicha autoridad se encargará asimismo de identificar a la persona que deba declarar, así como de velar por el respeto de los principios fundamentales del Derecho del Estado de ejecución". En la misma línea, recuerda que "cuando la autoridad de ejecución considere que durante la comparecencia se están infringiendo principios fundamentales del Derecho del Estado de ejecución, adoptará inmediatamente las medidas necesarias para garantizar la continuación de la comparecencia de conformidad con los citados principios".