El juez aplaza tres semanas la declaración de Corinna en la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha aplazado tres semanas la declaración por videoconferencia de Corinna Larsen, acordada después de la reapertura de la conocida como pieza Carol, basada en sus conversaciones grabadas con el comisario Villarejo. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado explica que han aparecido "dificultades en la tramitación de la solicitud de cooperación" con Reino Unido a las que se suma la petición de su defensa de acceder a las actuaciones.

Ambas cuestiones impiden, en este momento, "mantener como fecha de la declaración de la señora Larsen el 8 de septiembre de 2020". "Es por ello que debe accederse a la suspensión de la declaración solicitada por la defensa de la investigada, fijando como nueva fecha para recibir declaración el próximo 28 de septiembre de 2020, fecha que se entiende adecuada para que la defensa pueda estudiar el procedimiento en condiciones que permitan el pleno ejercicio de su derecho de defensa constitucionalmente reconocido", indica.

El magistrado tomo la decisión de imputar a la examante del rey emérito Juan Carlos hace un mes. García-Castellón la citó en inicio como investigada el próximo 8 de septiembre tras reabrir la conocida como pieza Carol para aclarar si Larsen encargó al excomisario que investigara a una asistente que podía estar filtrando información sobre su vida privada.

Aunque en inicio el interrogatorio iba a realizarse por videoconferencia, el juez obliga a que comparezca de forma presencial. No ve "motivos sustanciales" que, desde la utilidad para la causa, justifiquen que la declaración se realice desde el despacho de sus abogados en Londres aunque deja abierta la puerta a un cambio al sistema telemático en función de la evolución del covid.

En las grabaciones que realizaba el policía de los encuentros que mantuvo con ella en 2015, también se les escucha hablar de negocios opacos del rey emérito, pero las pesquisas se archivaron de manera provisional en septiembre de 2018 con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción. Además de Larsen, se ha citado como imputados para el 7 y 8 de septiembre al propio Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica, Juan Villalonga.

La investigación se abrió a raíz de la incautación de unos dispositivos electrónicos en casa de Redondo, en los que aparecen varios archivos de audio con conversaciones entre Villarejo, Corinna Larsen y Villalonga. Según aseguraba ella en las conversaciones, que fueron grabadas en 2015, Juan Carlos I había cobrado comisiones y guardaba dinero en cuentas de Suiza que no estaban a su nombre: "Ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón, que también vive en Mónaco". Mes y medio después de que la Audiencia Nacional comenzara a investigarlo, el juez Diego de Egea cerró la pieza: los "actos" se remontaban a una etapa que iba de 2009 a 2012, cuando el Rey emérito estaba blindado por la inviolabilidad, y no daba verosimilitud a estas afirmaciones.

Pese a ello, Anticorrupción siguió adelante con unas diligencias por un posible delito de cohecho internacional en la construcción del AVE a La Meca para averiguar si el proyecto pudo verse regada con pagos irregulares. La investigación acaricia inevitablemente aspectos que se acercan a la figura del Rey, pero sin tocarlo. Esa prevención, esa inviolabilidad, no es tal en otros Estados y en marzo irrumpió un invitado que nadie esperaba: el fiscal suizo Yves Bertossa, que indaga, entre otros aspectos, en el envío de 100 millones de dólares a una cuenta de una sociedad panameña que se vincula al rey emérito. Procedían del rey saudí, Abdul Aziz Al Saud. De esa cantidad original se desgajó una donación de 65 millones de euros a una cuenta de Larsen, hechos en los que ahora indaga la Fiscalía del Supremo.

Recursos

Tras la decisión del juez Larsen se dirigió al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional para tratar de paralizar su declaración. En un escrito dirigido al juez Manuel García-Castellón y a la Sala de lo Penal, la examante del rey emérito Juan Carlos considera que la decisión adoptada es nula de pleno derecho y atenta contra sus derechos fundamentales. Solicita que se acuerde la suspensión de la declaración y pone en duda la jurisdicción del magistrado para imputarle delitos presuntamente cometidos en el extranjero. Su solicitud ha sido respaldada por Villarejo que también ha reclamado el archivo de la pieza.