El Gobierno descarta "de momento" una nueva alarma y renuncia a la reforma legal
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Tampoco a nivel regional

El Gobierno descarta "de momento" una nueva alarma y renuncia a la reforma legal

La gestión de la segunda ola se mantendrá así en manos de las autonomías en coordinación con el Gobierno central, y las medidas que requieran suspender derechos se dejan al criterio de los jueces

placeholder Foto: Una doctora atiende a pacientes de covid. (EFE)
Una doctora atiende a pacientes de covid. (EFE)

Ni alarma ni reforma legal frente al covid. El Ejecutivo sigue con preocupación el significativo aumento de casos en las últimas semanas, pero no se plantea, al menos "de momento", recurrir de nuevo al estado de alarma. Fuentes gubernamentales reconocen, además, que han descartado la reforma legal que preveía fortalecer leyes sanitarias ya existentes como instrumento para el control del virus. Tras el estudio realizado, la conclusión es que las modificaciones que se barajaban no tendrán calado sin una reforma constitucional. La gestión de la segunda ola se mantendrá así en manos de las autonomías en coordinación con el Gobierno central, mientras aquellas medidas que requieran suspender derechos, como los confinamientos, se dejan al criterio de los jueces, con resultado desigual en cada circunstancia.

Las fuentes consultadas se mantienen en el plan establecido para la nueva normalidad, que impone un marco regulador con medidas generales de higiene y seguridad frente al SARS-CoV-2. El 'abc' ya conocido: mascarillas, distanciamiento físico, higiene de manos, limitación de aforos. Este marco general se considera suficiente en combinación con otras medidas como las cuarentenas o confinamientos quirúrgicos de localidades o distritos, el rastreo de contactos en positivos y el incremento del control por PCR.

Los mayores, indefensos sin su médico de cabecera

Así, la reclusión general de la población que se vivió en marzo no se encuentra ahora mismo sobre la mesa. El Ejecutivo tampoco contempla imponer alarmas regionales y en ningún caso utilizará esa arma sin una solicitud expresa de la comunidad autónoma. El debate ha vuelto a plantearse tras el aviso efectuado esta semana desde Castilla y León. El vicepresidente autonómico, Francisco Igea, indicó que la región recurrirá a esta herramienta legal si la situación se descontrola y resulta imprescindible. "Habría que solicitarlo al Consejo de Ministros, el Gobierno lo aprueba y en este estado de alarma regional, que se actualizaría cada 14 días, entendemos que la autoridad la ejerceríamos nosotros, la Junta, por delegación, que se puede hacer", expuso.

Varias comunidades han expresado su preocupación por la situación de la pandemia y lo que consideran falta de apoyo del Gobierno central. "No pinta bien", dijo este jueves el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP. El principal partido de la oposición siempre ha sido partidario de crear una norma específica que sustituya al estado de alarma y el propio Pablo Casado lo ha reiterado así ante la cúpula de su partido. Porque algunos de sus presidentes consideran que carecen de instrumentos jurídicos.

La autoridad "podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos y de las personas que estén o hayan estado en contacto"

Este seguimiento mixto de la evolución del virus se prolonga a la vez que el Gobierno abandona la idea anunciada en las últimas prórrogas de la alarma. Pactada con ERC y con Ciudadanos, la iniciativa consideraba necesario acometer una serie de modificaciones puntuales de la legislación sanitaria de modo que se garantice a futuro la articulación de una respuesta eficaz y coordinada de las autoridades sanitarias ante este tipo de crisis. Sin embargo, esta concesión, que sirvió para arañar una ampliación de plazo de la situación de excepcionalidad en su tramo final, no se considera ya ni urgente ni eficaz, a la vista de los límites impuestos por la Constitución.

La idea inicial era desarrollar una ley orgánica con base en la legislación en vigor desde los años ochenta para hacerla más efectiva contra una nueva expansión del coronavirus. Como base, cuatro leyes estatales dispersas, algunas de ellas con 30 años de antigüedad. En su actual redacción, se quedan cortas. La Ley General de Sanidad (1986), la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (1986), la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003) y la Ley General de Salud Pública (2011) están pensadas y redactadas para crisis sanitarias con una menor propagación territorial. Las de 1986, quizá las más concretas, especifican que las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población. También indican que para hacer efectivo ese control de la transmisión, la autoridad "podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato".

Las nuevas restricciones entran en vigor en seis comunidades más

No obstante, las fuentes del Ejecutivo consultadas reconocen que la idea no puede alcanzar la amplitud de espectro que en principio se pretendía. "Las variantes no podrían ser sustanciales sin reforma del artículo 116 de la Constitución". Es decir, se ve más práctica en este punto una renovación del precepto que regula la alarma, la excepción y el sitio —para dar acogida a una mayor contribución autonómica— que a una reforma de ley orgánica imposible de acelerar por los tiempos de gestión y cuyo alcance acabaría siendo insuficiente.

La legislación actual y la Constitución sí permiten que el estado de alarma se decrete en territorios concretos, pero siempre a iniciativa del Gobierno central y bajo el control del Congreso de los Diputados. Y según el Gobierno, solo el estado de alarma permite restringir movimientos de los ciudadanos y confinamientos sin autorización judicial.

Mientras tanto, los últimos datos de contagios apuntan a una escalada que ya parece imparable y anticipa un otoño complicado. El Ministerio de Sanidad comunicó un total de 7.039 nuevos positivos este jueves, de los que 3.349 corresponden a pacientes diagnosticados en las últimas 24 horas. El total de casos desde que comenzara la pandemia asciende ya a 377.906. Ayer fue así el segundo día consecutivo en que se superan los 3.000 positivos en un solo día. Además, las autoridades, tras el récord de este miércoles, contabilizan 16 nuevos fallecidos por coronavirus respecto a ayer, lo que eleva el total hasta los 28.813.

Ni alarma ni reforma legal frente al covid. El Ejecutivo sigue con preocupación el significativo aumento de casos en las últimas semanas, pero no se plantea, al menos "de momento", recurrir de nuevo al estado de alarma. Fuentes gubernamentales reconocen, además, que han descartado la reforma legal que preveía fortalecer leyes sanitarias ya existentes como instrumento para el control del virus. Tras el estudio realizado, la conclusión es que las modificaciones que se barajaban no tendrán calado sin una reforma constitucional. La gestión de la segunda ola se mantendrá así en manos de las autonomías en coordinación con el Gobierno central, mientras aquellas medidas que requieran suspender derechos, como los confinamientos, se dejan al criterio de los jueces, con resultado desigual en cada circunstancia.

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