Las víctimas de accidentes de tráfico, en pie: los atestados deben volver a ser gratuitos

La reforma del Código Penal de 2015 despenalizó la inmensa mayoría de accidentes de tráfico, que dejaron de ser delitos o faltas. Tan solo los que conllevaban el consumo del alcohol, de drogas o la conducción temeraria seguían ya el proceso penal y, por lo tanto, requerían de un juzgado de instrucción de esta vía procesal para continuar su curso. El resto, en torno al 80% de los accidentes, abandonaron este camino y, como mucho, terminaban en los tribunales de lo civil.

La despenalización conllevó también que las víctimas de accidentes tuvieran que asumir unos costes que antes no afrontaban. En concreto, en la época anterior a la reforma, no abonaban los atestados que levantaba la Policía Municipal o la Guardia Civil, ya que estos documentos eran remitidos de oficio a los juzgados con el fin de que los magistrados responsables de la instrucción pudieran iniciar el procedimiento penal. Allí, los abogados que representaban a los acusados o a las víctimas podían reclamarlos gratuitamente y conocer así cuáles eran los hechos que la autoridad policial había descrito y los posibles delitos que de ellos se derivaban con el fin de preparar la acusación o la defensa del caso.

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Ahora, sin embargo, como ese proceso penal no se abre en la mayoría de los casos, la Policía Municipal encierra bajo llave sus atestados y, si los implicados en el accidente quieren reclamarlos, deben abonar una tasa que actualmente el Ayuntamiento de Madrid fija en 38 euros. Así lo estableció el Gobierno local que dirigió la que fuera cabeza de lista de Ahora Madrid Manuela Carmena y lo mantiene el actual Ejecutivo municipal que preside el popular José Luis Martínez-Almeida. La tarifa debe abonarla todo aquel que pretenda acceder al atestado, ya sea la representación legal, el implicado en el accidente o la compañía de seguros, lo que multiplica las ganancias de las arcas municipales.

En algunos casos, los que se han visto comprometidos en un percance automovilístico esperan a que sea su aseguradora —que normalmente tiene más prisa por solucionar el problema— la que reclame el documento y luego ellos se lo reclaman a la mutua. Sin embargo, en ocasiones es un peatón que no tiene compañía de seguros quien se ve implicado, con lo que no tiene más remedio que ir al consistorio a 'comprar' el atestado del accidente. No son pocos los casos, por lo tanto, en los que el ayuntamiento ingresa por dos vías, la de la víctima y la de la aseguradora.

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Los abogados no pueden esperar a que la jurisdicción civil abra un procedimiento y reclame por esta vía (y por tanto de forma gratuita) el atestado, porque ésto solo ocurre cuando el letrado presenta una demanda, cosa que no puede hacer sin conocer previamente los hechos descritos por la Policía Municipal. Este perverso procedimiento no deja más remedio a los letrados que abonar la mencionada tasa de 38 euros, ya que de ese atestado dependerá la decisión de poner o no una demanda e iniciar la causa civil.

Para remediar este desajuste, la Asociación de Abogados de Víctimas de Accidentes (Anava-Rc) ha propuesto al Ayuntamiento de Madrid firmar un acuerdo que les permita acceder a la documentación, algo que consideran un derecho. "No veo la legalidad de esta tasa, porque lo que se envían además no son atestados sino resúmenes de los mismos; hay que tener en cuenta también que estamos hablando de datos personales; el consistorio hace negocio con esos datos personales", se queja ante El Confidencial Manuel Castellanos, presidente de Anava-Rc, que ya ha firmado un acuerdo en este sentido con el Ayuntamiento de Málaga, que hoy por hoy permite a los letrados adquirir el atestado gratuitamente con el único requisito de llevar una autorización de su cliente.

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Castellanos propuso el pasado febrero a Martínez-Almeida alcanzar un pacto similar al que la asociación firmó con el regidor de Málaga, Francisco de la Torre. Sin embargo, el presidente de la corporación madrileña aún no ha respondido a la reclamación. "Le planteamos, si no pueden retirar estas tasas que entendemos que son injustas y desproporcionadas para las víctimas, que, al menos, tal y como se acaba de acordar en otros ayuntamientos, como el de Málaga, la corporación tenga una deferencia para con las víctimas de forma que sus letrados, previa autorización, tengan la oportunidad de ver los atestados y así obtener los datos imprescindibles para tramitar el siniestro", reclama la asociación de Castellanos.

Estos datos, continúa el presidente de Anava-Rc en la misiva que dirigió a Martínez-Almeida el pasado febrero, son necesarios para las víctimas de atropellos, por ejemplo, que son "retiradas en ambulancia y por lo tanto no pueden hacer un parte amistoso ni conocer siquiera la matrícula del vehículo que les ha arrollado o la compañía de seguros del automóvil, información imprescindible para gestionar gastos sanitarios o dirigirse a la compañía de seguros contraria para solicitar la ayuda asistencial". Estas últimas, añaden, son denegadas si los datos se desconocen.