Nueve partidos, incluido UP, piden investigar en el Congreso las 'cloacas' del Estado

Nueve partidos con representación parlamentaria tienen previsto presentar este miércoles en el registro del Congreso una petición para que se constituya una comisión de investigación sobre las llamadas 'cloacas' del Estado. Los partidos firmantes son Unidas Podemos, PNV, ERC, Bildu, JxCAT, Compromís, Más País, BNG y CUP.

La petición se refiere expresamente al espionaje al teléfono del presidente del Parlament de Cataluña, Josep Torrent, (desvelado por El País) y a las actividades del comisario Villarejo, lo que incluye también lo referido al llamado caso Dina, que afecta al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

El líder de Unidas Podemos ya anunció su intención de pedir dicha comisión y ahora ha logrado unir su interés al del resto de partidos.

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La petición debe pasar por la Mesa del Congreso que no se reunirá hasta el mes de septiembre, pero su tramitación puede ser un nuevo punto de conflicto entre PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que forman parte del Gobierno.

El PSOE puede unir sus votos en la Mesa a los de PP y Vox para impedir que se cree dicha comisión, como ya hizo con la comisión sobre el Rey emérito y otra sobre los GAL. En caso contrario, tendría que aceptar comparecencias de responsables de aparatos de seguridad del Estado, lo que no parece probable.

Los partidos firmantes, casi todos socios habituales del Gobierno en el Congreso desde que permitieron la investidura de Pedro Sánchez, hicieron público un comunicado en el que aseguran que “ante las informaciones publicadas hoy que revelan un presunto espionaje al 'president' del Parlament, Roger Torrent, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y otros representantes del independentismo, así como a las investigaciones e informaciones referidas al caso Villarejo, los grupos firmantes denunciamos la gravedad de estos hechos y exigimos que se investiguen hasta el final”.

Explican que “el uso del programa espía Pegasus, al cual solo pueden acceder gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para perseguir graves delitos, implica poder acceder al contenido del teléfono e intervenir las comunicaciones, así como monitorizar las conversaciones que se estén manteniendo a su alrededor. Su uso por motivos políticos para perseguir la disidencia es intolerable e impropio de un estado democrático y de derecho”.

Añaden que “una vez más, las cloacas del Estado actúan contra la disidencia política con herramientas opacas y antidemocráticas que vulneran derechos fundamentales. No es la primera vez que se recurre a la guerra sucia para perseguir a adversarios políticos”.

Hacen referencia a la comisión que funcionó hace dos legislaturas y que "constató la existencia de una unidad policial a las órdenes del Gobierno de Mariano Rajoy para investigar a adversarios políticos". Aquella comisión de investigación fue promovida entonces por el PSOE, que vio razones suficientes para ponerla en marcha y participar activamente en sus trabajos y conclusiones.

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“Esta misma cámara constató la existencia de una policía patriótica dedicada a atacar a los rivales políticos que contaba con su brazo mediático y su brazo judicial. No nos resignaremos a vivir en un Estado donde te pueden espiar en función de tus ideas políticas”, aseguran.

Concluyen que “en una sociedad que se pretenda democrática no puede tener cabida la persecución de rivales políticos con el uso de métodos ilegales, como lamentablemente hemos constatado en demasiadas ocasiones. Esto nos debe preocupar a todos los demócratas. Exigimos al gobierno que investigue los hechos, depure responsabilidades y adopte medidas drásticas para garantizar que nadie será víctima de espionaje por defender un determinado proyecto político”.

“Asimismo, proponemos que el Congreso investigue nuevamente la existencia de las cloacas del Estado, también en su dimensión mediática, en el marco de una comisión amplia en la que puedan comparecer todos los implicados e implicadas. No dejaremos de exigir responsabilidades. Estos hechos hay que investigarlos. Nunca normalizaremos prácticas ilegales que vulneran derechos fundamentales. Es una exigencia democrática”, concluyen.