España recibe de Suiza los datos sobre Juan Carlos I y activa la investigación del fiscal

Suiza ha enviado ya a España los datos solicitados sobre Juan Carlos I y eso activa las pesquisas de la Fiscalía sobre el Rey emérito. El país helvético ha contestado a la comisión rogatoria que España trasladó en febrero y en la que pedía, entre otras cosas, el detalle de los aspectos del depósito de 100 millones de dólares que Arabia pagó en 2008 a don Juan Carlos, incluyendo las identidades no solo de sus titulares sino también de sus beneficiarios.

El 8 de agosto de 2008, la fundación panameña Lucum ingresó en una cuenta de la banca privada suiza Mirabaud 100 millones de dólares (65 millones de euros) donados al monarca por la casa real de Arabia Saudí. Habían pasado solo ocho días desde su creación. La Fiscalía considera ese abono como el primer escalón en un rastro más amplio de comisiones que vincula con la construcción del AVE a La Meca. Pero las pesquisas en España solo podían abarcar al periodo posterior a 2014, cuando el Rey abdicó.

Paralelamente, y mientras en España la primera investigación de la Audiencia Nacional fue archivada, la Fiscalía suiza fue tomando declaración a afectados en ese reguero de comisiones, como Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la examante del Rey que, según publicó 'El País', declaró al fiscal suizo que esa fue una donación por amor, no para que ella moviera el dinero. Esa declaración intenta eximirla de actuar como testaferro o cómplice, según fuentes jurídicas. El fiscal suizo Yves Bertossa se ha trasladado a Madrid en varias ocasiones, pero sus homólogos españoles esperaban la documentación.

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EFE

A la espera de que Suiza respondiera a la comisión rogatoria, la Fiscalía elevo el caso al Supremo, al estar el monarca aforado, y la retiró de Anticorrupción, que estaba rastreando las comisiones del AVE a La Meca. La fundación Lucum estaba administrada por el abogado Dante Canónica y el gestor de fondos Arturo Fasana, pero la investigación llevada a cabo por el fiscal Yves Bertossa sitúa a Juan Carlos I como su primer beneficiario y, según desveló 'The Telegraph', Felipe VI figuraba también como uno de los beneficiarios.

Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial y en la que se detalla "la actividad solicitada", el Ministerio Público español quería conocer los datos de identificación de los titulares, los autorizados y el beneficiario último (UBO). También "el domicilio de envío de la correspondencia desde su apertura". La Fiscalía reclamaba además "todos los movimientos registrados en la cuenta desde su apertura hasta su cancelación, con identificación del origen y destino de los fondos". La cuenta se cerró, según la información que ha ido comunicando Bertossa, después de que se efectuara una transferencia por la cantidad total a una cuenta de Corinna Larsen en Bahamas.

Antes de su cierre, la cuenta recibió otras donaciones además de la más cuantiosa, con un denominador común: todas procedían de países árabes. Entre las transferencias que recibió la cuenta de Lucum se encuentra, por ejemplo, una de 1.895.250 dólares (1,7 millones de euros) remitida por el sultán de Baréin. Para vaciar la cuenta, el emérito transfirió el saldo de la cuenta de Lucum a Corinna Larsen a nombre de la sociedad Solare Investors Corporation en el banco Gonet y Cie, en Nassau.

Las justicias suiza y española han tenido encontronazos. En 2013 y en 2018, la AN denegó a Suiza la extradición del informático Hervé Falciani

La Fiscalía española también reclamó que se le remitiera "cualquier documento del que pudiera disponer relacionado con el titular y el beneficiario último de la cuenta y con las operaciones realizadas desde la misma". Además, solicitaba copia de cuatro declaraciones clave para rastrear las comisiones. Las efectuadas ante el fiscal suizo por Canónica y Fasana y las de la examiga del Rey Corinna Zu Sayn-Wittgenestein y su primo Álvaro de Orleans, a los que Bertossa considera testaferros. Con la comisión rogatoria, la Fiscalía del Supremo determinará si el movimiento de fondos que vincula en grado indiciario con presuntos delitos de blanqueo y fiscales fue anterior o posterior a 2014, fecha de la abdicación.

Las justicias suiza y española han tenido encontronazos en los últimos años. En 2013 y en 2018, la Audiencia Nacional denegó a Suiza la extradición del informático Hervé Falciani por la filtración de datos de miles de clientes con cuentas opacas en el HSBC en Ginebra. Para Suiza, violar el secreto bancario es delito, pero en España los empleados de banca tienen la obligación de denunciarlo y por eso la Justicia española no lo considera un delincuente. Poco después de esa segunda resolución, Suiza respondió a España que no extradita por "motivos políticos" cuando Madrid reclamó a la dirigente independentista catalana Marta Rovira.

Una vez está la documentación en manos del Ministerio Público en el Tribunal Supremo, el fiscal al que se ha encargado el asunto tendrá que decidir qué hacer. El fiscal de sala de la especialidad de delitos económicos, Juan Ignacio Campos, asumió las diligencias no solo para determinar si los indicios contra el Rey emérito eran suficiente sino también para fijar el alcance de su inviolabilidad. Pese a que, en principio, esta llega hasta la abdicación, los letrados del Congreso determinaron —por ejemplo— que debía extenderse también si el origen del presunto blanqueo se situó en un momento en que aún era monarca.