Respiradores y 'lobbies' militares: así se gestó el mayor contrato castrense en pleno covid

El pasado 13 de mayo, el Ministerio de Defensa hizo público que la mercantil Escribano Mechanical & Engineering se uniría a Indra, Santa Bárbara (General Dynamics) y Sapa Placencia para ejecutar el programa VCR 8x8, el proyecto más ambicioso del departamento dirigido por Margarita Robles cuya adjudicación ya llevaba casi un año de retraso. La iniciativa tiene un presupuesto de 2.100 millones de euros con los que el Ministerio pretende que las mercantiles mencionadas construyan 348 vehículos de combate para sustituir a los controvertidos BMR.

El anuncio de Defensa tuvo lugar en plena crisis sanitaria y favorecía precisamente a una empresa que estaba haciendo un importante servicio al Estado. Escribano —compañía dedicada a la fabricación de material de defensa que ha cuadruplicado su facturación en los últimos cinco años— fue requerida el pasado 18 de marzo por los ministerios de Industria, en un primer momento, y de Sanidad, en un segundo, para potenciar la fabricación de respiradores artificiales, un bien escaso en los centros sanitarios españoles cuya demanda se había multiplicado con motivo de la exponencial expansión del coronavirus. En concreto, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, telefoneó a los hermanos Escribano, propietarios de la compañía, para ver si esta podía ayudar en la producción de respiradores a una mercantil mucho más pequeña que tenía el 'know how' pero no la capacidad de fabricación, Hersill.

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El presidente Ángel Escribano y su equipo más cercano aceptaron el reto. Los 300 empleados de la sociedad se pusieron a trabajar día y noche para cumplir con el requerimiento. Aprendieron la mecánica, adaptaron su maquinaria, inicialmente enfocada a la fabricación de productos del ámbito militar, y comenzaron a trabajar. A día de hoy han sacado al mercado 3.000 respiradores. Pretenden llegar a 5.000, que es la cifra que el Gobierno —ya a través del Ministerio de Sanidad— les ha solicitado para luchar contra la pandemia. De momento, sin embargo, Escribano no ha cobrado ni un solo euro por este trabajo, como admiten desde la propia compañía.

"Se cobrará cuando toque", explican fuentes de la mercantil, que no esperan siquiera obtener beneficios de este encargo. Si los hubiera, aseguran, no serían muchos. "No es nuestro negocio ni pretendemos que lo sea", justifican. "Lo hemos hecho por la situación sanitaria; todos nuestros equipos están enfocados a otro sector, que es en el que ganamos dinero", subrayan las mismas fuentes de Escribano, que presumen al mismo tiempo de ser la única empresa española de las diez en las que más ha invertido la administración en esta crisis sanitaria. "Solo tiraron de nosotros porque teníamos un centenar de máquinas de control numérico; Hersill no tenía capacidad para producir tanto", resumen desde la mercantil, que sostiene que este servicio está al margen del proyecto al que ahora se ha sumado junto a Indra, Santa Bárbara y Sapa, el más jugoso que adjudica Defensa en los últimos años.

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Según explican desde Escribano, General Dynamics les llamó a principios de año para pedirles que se incorporaran al programa de fabricación de los vehículos de combate. "Antes de que estallara la crisis sanitaria", resaltan desde la compañía española. El pasado 20 de febrero, durante la comparecencia de Margarita Robles en el Congreso de los Diputados, sin embargo, la ministra anunció que veía con buenos ojos la nueva oferta de vehículos de combate que habían presentado Santa Bárbara, Indra y Sapa. No estaba aún Escribano en el 'tándem'.

El concurso se había quedado desierto apenas dos meses antes, en diciembre. Esto provocó que General Dynamics tratara de reactivarlo a través de la búsqueda de nuevas compañías. Las tres que anunció Robles, sin embargo, no eran suficientes. Necesitaban aún una cuarta para construir las torretas que llevarán los vehículos de combate. Ahí había dos empresas israelíes muy bien posicionadas y que eran del gusto de no pocos generales del Ejército de Tierra que conforman incluso un grupo de presión: Elbit (una de las principales empresas estratégicas de Israel, con más de 12.000 empleados), que acudía de la mano de Navantia; y Rafael, mercantil nacida en el seno del Gobierno israelí hace más de 70 años, especializada en tecnología militar y que en la actualidad cuenta con más de 6.000 trabajadores. Ambas tenían dilatada experiencia en la fabricación de este tipo de productos en Afganistán y en otros países.

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Escribano no podía presumir del mismo historial. Desde la compañía, de hecho, admiten que se han incorporado más tarde a la fabricación de este producto, pero que ya le han ganado a Rafael en Perú, donde la Marina les ha comprado recientemente un lote de torretas como las que se van a incorporar al 8x8. No es demasiado, pero la compañía está segura de poder hacer el producto y así lo ha entendido el Ministerio de Defensa a través del anuncio realizado el pasado 13 de mayo, que era una suerte de compromiso de adjudicación condicionado, eso sí, a que el resultado final funcione.

No en vano, en declaraciones a El Confidencial, el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, asegura que el Ejército de Tierra "evaluará" el producto final. "Se impondrá a la UTE la empresa que el Ministerio elija", asegura el alto cargo. "Perfectamente podrían ser elegidas las torres de Elbit o de Rafael", sostiene Olivares, que explica que el anuncio del pasado 13 de mayo era "imprescindible" para adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad que requiere el hecho de que están "afectados intereses esenciales de la defensa nacional" y para que ahora se constituya la sociedad común que ejecute el proyecto. Ahora, añade, queda por elaborar el pliego de condiciones, que el Consejo de Ministros lo autorice y que la unión de empresas presente su oferta con detalle. El contrato, según estableció la nota de prensa del Ministerio de Defensa que anunció el contrato el pasado miércoles, se firmará previsiblemente durante el tercer trimestre del presente año.

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Desde Escribano, por su parte, dan por hecho que ni Elbit ni Rafael tienen ya nada que hacer en esta carrera. "Salvo catástrofe, el compromiso es con nuestra torre", sostienen desde la mercantil, que defiende que son capaces de hacer un producto "igual o mejor" que el de los israelíes. Rechazan que en su elección como cuarto componente del grupo constructor haya motivos oscuros o políticos, como la buena relación de sus dirigentes con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha visitado las instalaciones de forma privada, o la presencia en el consejo de administración de Miguel Ángel Panduro, que ejerció como consejero delegado de Isdefe, consultoría vinculada al Ministerio de Defensa, entre 2004 y 2011.

Desde la compañía aseguran que Panduro no ha tenido que ver en la tramitación del concurso, extremo que confirman también en Defensa. "Nunca se ha dirigido al Ministerio como interlocutor de Escribano", afirma el secretario de estado, quien añade que la única relación que su departamento tiene con Panduro es "por su condición de consejero delegado de Hisdesat y únicamente hasta que fue nombrado consejero de Hispasat", lo cual tuvo lugar el pasado octubre. Olivares también rechaza que el servicio de la fabricación de respiradores tenga que ver en la decisión. "El Ministerio valora muy positivamente el compromiso de la industria de defensa con el estado en la lucha contra la pandemia", afirma. "Escribano y otras muchas", añade el secretario de estado, quien sin embargo deja claro que "la decisión de incorporar" a esta mercantil a la unión de empresas "es totalmente ajena a Defensa". "Han sido Santa Bárbara, Sapa e Indra las que autónomamente invitaron a Escribano", insiste.

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"Nos han elegido por esa capacidad tecnológica y porque somos cien por cien capital español, lo que implica que la innovación se quedará en el país, podremos exportarla y la producción repercutirá directamente en la creación de puestos de trabajo aquí", defiende Escribano. En concreto, según Defensa, el programa tendrá "efectos muy positivos para la economía nacional". Sobre todo, dijo el Ministerio en el mencionado anuncio público, en Asturias, Sevilla, Guipúzcoa y Madrid, donde el Gobierno prevé que se creen 650 empleos directos y otros mil indirectos, una industria que no se circunscribirá a la construcción del vehículo, sino también al mantenimiento y a la incorporación de mejoras, que conllevarán "una carga de trabajo importante para la economía nacional durante todo el ciclo de vida del 8x8, que no será inferior a 40 años".