El Gobierno reúne al bloque de la investidura para salvar el decreto de Justicia

Recuperar a ERC y sumar puntualmente a Ciudadanos siempre que sea posible. Esa era la estrategia del Gobierno y así ha funcionado este miércoles en el Pleno del Congreso. Y el PP en el no y sin opciones de diálogo y acuerdo.

El Gobierno ha sacado adelante en el Congreso dos nuevos decretos para hacer frente a los efectos de la pandemia, uno con un plan de choque para la Justicia y otro con medidas económicas. El primero será convalidado por muy escaso margen y con el apoyo de los diputados de PNV y ERC, es decir con la mayoría de la investidura que el Ejecutivo ha podido reunir después de intensas negociaciones.

Tanto esa votación como la del decreto económico son el ejemplo de lo que busca ahora Pedro Sánchez, porque ha intentado juntar a esa mayoría de la investidura a Ciudadanos, con negociaciones hasta el último minuto con el partido de Inés Arrimadas. Ciudadanos han votado en contra del decreto de Justicia, pero sí han apoyado el de economía.

Es decir, el nuevo escenario parlamentario: el bloque de izquierdas y de nacionalistas e independentistas, con opciones de sumar a Ciudadanos siempre que sea posible, frente al PP y Vox. Bildu se ha abstenido.

No se ha salvado el Gobierno de que el decreto tenga que ser tramitado como proyecto de ley, es decir, con opciones para que se introduzcan modificaciones por enmiendas de los grupos.

El decreto de Justicia fue negociado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con las comunidades autónomas y con los grupos. Incluso el responsable de Justicia del PP, Enrique López, hizo aportaciones al texto pero, finalmente, Pablo Casado desligó al PP del acuerdo y los diputados populares han votado en contra junto a Vox y JxCAT.

Sostiene el PP que no puede admitirse el decreto porque supone cambiar leyes orgánicas con un decreto. El Gobierno replica que solo afecta una parte de una ley orgánica que no tiene tal consideración.

El decreto de Justicia incluye medidas de choque como habilitar parcialmente el mes de agosto para celebrar vistas, permitir que se celebren juicios por vía telemática, creación de juzgados para el covid-19 o la regulación de los plazos de tramitación que quedaron suspendidos con la entrada en vigor del estado de alarma. La habilitación del 11 al 31 de agosto ha sido el principal escollo, porque fue rechazado por los abogados y en el Congreso por partidos como Ciudadanos y PNV, Curiosamente, fue propuesto por Enrique López, responsable de Justicia del PP y consejero de Justicia de Madrid. El PNV, finalmente, ha aceptado votar a favor por entender que es subsanable en el trámite parlamentario.

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, ha explicad estas gestiones en la defensa del decreto desde la tribuna del Congreso, Ha asegurado que son "medidas quirúrgicas" para evitar el colapso de la Justicia, por el parón del Estado de alarma y por la avalancha de casos que se prevé, que en algunas jurisdicciones podría llegar a aumentos de más del 200 por ciento en el número de casos. Por ejemplo, prevé hasta un millón de casos nuevos relacionados con el orden social y, por eso, ha señalado que la no convalidación "tendría efectos dramáticos".

Ha estimado que los concursos de acreedores presentados aumentarán un 246% este año y un 619% en 2021 y ha detallado que "de los 7.000 concursos presentados en 2019, alcanzaríamos unos 50.000 el próximo año". Además, los asuntos ingresados en la jurisdicción social aumentarán este año un 31 %, llegando hasta un 140% en 2021, más de un millón de nuevos asuntos, y el porcentaje de casos pendientes se situará en un 175%.

En el ámbito civil anunció un aumento de entre el 30 y el 145% este año, con lo que el incremento de los asuntos pendientes puede situarse en el 180%; mientras que en la jurisdicción contencioso administrativa sel aumento podría ser de entre el 35 y el 125%.

Campo ha explicado que este decreto es un primer peldaño, porque en junio llevará al Congreso un proyecto de ley de reforma procesal y tecnológica para completar las medidas contra el colapso.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha acusado al Gobierno de "chantaje" por presentar el decreto como la única alternativa para evitar el drama y que haya desescalada en la Justicia y le ha afeado "haber enfadado a todos los sectores de la Justicia".

Ciudadanos anunció su voto en contra, “ante la negativa del Ejecutivo a negociar las mejoras que planteaba Ciudadanos y que son compartidas por abogados, procuradores, jueces y demás profesionales del sector. Consideramos que la habilitación de 20 días en agosto no resuelve ningún problema respecto a los medios de la Justicia sino que los crea: para los juzgados, pero sobre todo para profesionales como abogados, procuradores, graduados sociales, partes, testigos o peritos, así como para los servidores públicos (jueces, fiscales, etc.)”.

Añaden que “lo urgente en materia de reforma judicial es la verdadera despolitización de la Justicia, así como aumentar los recursos para que los jueces, abogados, procuradores y el conjunto de profesionales de la Justicia puedan hacer su trabajo, medidas que van en el sentido contrario a los ataques y críticas reiterados por parte del vicepresidente del Gobierno de España, que ha recibido ya dos censuras públicas por parte del CGPJ”.

Y concluyen advirtiendo que su apoyo “a las distintas iniciativas del Ejecutivo no está garantizado si estas no van precedidas de diálogo y negociación. En este caso no han querido negociar y el voto es desfavorable. Pensaremos en el interés general de los españoles en cada votación que el Gobierno lleve a la cámara”.