por delitos de homicidio por imprudencia

Familiares de 3.260 fallecidos por covid se querellan contra Sánchez y sus ministros

La demanda se presenta ante el Supremo contra el Consejo de Ministros por "haber permitido por acción o por omisión" la extensión de la pandemia que ha acabado con la vida de sus allegados

Foto: Carmen Calvo, durante la manifestación del 8-M en Madrid. (EFE)
Carmen Calvo, durante la manifestación del 8-M en Madrid. (EFE)

Más de 3.260 personas que han perdido a familiares por el coronavirus han presentado en la mañana de este lunes ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los otros 22 miembros del Consejo de Ministros por "un presunto delito de homicidio por imprudencia grave" al “haber permitido por acción o por omisión” la extensión de la pandemia y el virus que ha acabado con la vida de sus allegados.

La querella, en la que están implicados once abogados de diferentes puntos de España, se ha presentado ante la Sala Segunda del Supremo contra todos los integrantes del Consejo de Ministros como “presuntos responsables criminalmente de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave”. La querella representa de momento a 116 familias que ejercen la acusación particular, si bien se deja constancia de que han "encargado la presentación" de la misma un total de 3.268 personas que han perdido a 3.274 familiares, a la espera de recibir los correspondientes certificados de defunción que acrediten la muerte de los familiares y las causas del óbito para actuar a nivel judicial —las personas restantes "no han podido obtener, hasta el momento, el certificado médico de defunción", se apunta—.

Los ministros son "responsables" de estas muertes por la "tardía adopción de las medidas para frenar los efectos del covid y la negligencia de sus actos"

La querella se interpone ante la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo por ser “el órgano competente para la instrucción de la causa y, en su caso, para el enjuiciamiento, dada la condición de aforados que, a estos efectos, otorga a los querellados” la Constitución Española. La acusación presentada por familiares de fallecidos por el coronavirus estima que las muertes se han debido al “vituperable comportamiento y actuaciones de los querellados, en cuanto a integrantes del Consejo de Ministros y, por tanto, responsables de las obligaciones inherentes al Gobierno de la nación española”. La demanda se fundamenta en que los 23 miembros de este órgano son “conjunta y solidariamente responsables” de estos fallecimientos por la “tardía adopción de las medidas adoptadas y, en su caso, de la negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación los efectos de la epidemia del covid-19”.

En los hechos que se relatan para promover la actuación judicial, la querella sostiene que el 30 de enero de 2020 la OMS declaró que el brote de coronavirus constituía una emergencia de salud pública de importancia Internacional, “pero el Gobierno de España hizo caso omiso, ocultando cualquier información a los ciudadanos sobre dicha emergencia”. Además, expone que el 24 de enero “ya se había emitido una comunicación por parte del jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía dirigida al Ministerio del Interior, y en la que se proponían medidas de prevención (guantes de nitrilo, mascarillas, etc.) para proteger a los funcionarios policiales, especialmente los destinados en puestos fronterizos, aeropuertos, etc., de posibles contagios”. A este respecto, deja constancia de que al parecer esta recomendación “provocó que fuera cesado en su puesto poco después” por el ministro de Interior y ahora querellado, Fernando Grande-Marlaska.

"El Gobierno conocía a finales de febrero el riesgo para los ciudadanos, pero decidió anteponer sus intereses por encima de la salud de las personas"

El virus, según se refleja en la querella, “comenzó a propagarse exponencialmente por nuestro país y, a finales del mes de febrero se habían detectado ya 32 casos de contagio en España, sin que el Gobierno hubiera adoptado medida alguna de prevención, durante más de un mes desde que tuviera conocimiento de la emergencia sanitaria declarada por la OMS y, más bien al contrario, negando su propagación en España”. En estas circunstancias, “y sin que el Gobierno Español adoptara medida alguna de contención”, la querella refleja que “a finales de febrero y primera semana de marzo se celebraron multitud de concentraciones y manifestaciones, y la vida ciudadana continuó de manera habitual, sin que la gran mayoría de los ciudadanos españoles tuvieran conciencia del riesgo que corrían, algo que el Gobierno sí conocía; pero por lo que parece decidió anteponer sus intereses por encima de la salud de las personas”.

En concreto, cita las manifestaciones y concentraciones convocadas por organizaciones agrarias en defensa de sus intereses a las que acudieron "miles de personas", las ‘mascletás’ autorizadas en Valencia desde el 3 al 10 de marzo, las multitudinarias manifestaciones del 8-M en toda España —en el caso de Madrid algunos miembros del Consejo de Ministros asistieron con “guantes de protección”— o el acto político de Vox en Vistalegre que reunió a 9.000 personas “en un recinto cerrado y sin que recibieran advertencia alguna por parte del Gobierno —“resulta de conocimiento público que sus principales dirigentes, y muchos de los asistentes, resultarían contagiados”—.

Igualmente, pone de relieve que “no se impidieron ni cancelaron los vuelos con origen o destino a Italia hasta el día 10 de marzo", cuando "era ya de conocimiento público el hecho de que China, y después Italia, estaban ya sufriendo fuertemente la epidemia y no era sanitariamente recomendable viajar a dicho país, ni dejar sin control las entradas y salidas entre España e Italia”. Por último, refleja que “se permitió la celebración de eventos deportivos de fútbol, baloncesto, balonmano y otros deportes, a los que asistieron masivamente miles de personas”.

“Desde primeros de marzo la epidemia se había propagado de forma incontrolada por todo el mundo”, determina para poner de manifiesto que el Ejecutivo no tomó las medidas preventivas necesarias para hacer frente a la pandemia pese a que el 9 de marzo el número de contagios confirmados en todo el mundo había ascendido a 109.695 y el de fallecidos a 3.811, siendo en España “el número de contagios ya de 999 sin que conste a esta parte el número de personas fallecidas, notificadas a esa fecha”.

Cuando se decretó el estado de alarma, "hacía mes y medio que la OMS había declarado el estado de emergencia sin que el Gobierno prestara atención"

La OMS declaró la pandemia el 11 de marzo y a pesar de ello —como consta en la querella— el Gobierno español “continuó en su actitud pasiva y sin adoptar medida alguna hasta tres días después” con la declaración del estado de alarma. “Ya hacía un mes y medio que la propia OMS había declarado el estado de emergencia de salud pública de importancia internacional sin que el Gobierno español le prestara la más mínima atención; y cuando, tan solo seis días antes, los propios miembros del Gobierno animaban activamente a acudir a la manifestación del 8-M”, expone. En este sentido, alude a las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo “animando a acudir a las manifestaciones feministas del 8 de marzo en la celebración del día de la mujer, porque ‘le va la vida, nos va la vida….’, una declaración imprudente que ahora deviene siniestra”.

“En otras palabras, con desprecio de las recomendaciones de las instituciones sanitarias mundiales, los querellados que integran el Gobierno de España no acordaron la adopción de medida alguna, que evitara o minimizara la propagación exponencial de la enfermedad y el riesgo de contagio en nuestro país, permitiendo que se siguiera llevando una vida ‘normal’, sin recomendaciones de qué hacer ante la situación que se avecinaba y que otros países ya estaban sufriendo”, señala la querella. “Resulta evidente que los querellados, todos ellos miembros integrantes del Gobierno de España, tenían la responsabilidad legal, inherente a sus cargos, de prever y proveer las medidas necesarias para frenar, contener y/o paliar la epidemia desde que tuvieron conocimiento de su existencia en diciembre de 2019 o enero de 2020”, afirma para remarcar que el Gobierno “no solo minimizaba los riesgos y el peligro para la población, sino que no tenía intención alguna de prevenir la extensión epidémica” al “permitir a la ciudadanía seguir con su vida y sus actividades normales”.

La "vertiginosa" propagación del virus se debe a la "irresponsable y negligente inacción y actuación tardía y nefasta en la gestión de la crisis sanitaria"

“Como es lógico, todo ello contribuyó a la vertiginosa propagación del virus en todo el territorio nacional", y más cuando la asistencia a actos como el 8-M "fue profusamente alentada por muchos de los querellados". "Pero no fue hasta el día 12 de marzo de 2020 cuando, arrollados ya por los acontecimientos, y sin duda con mucho retraso, los ahora querellados e integrantes del Gobierno de España decidieron adoptar las primeras medidas preventivas contra el coronavirus, como es la del cierre de los colegios y universidades a nivel nacional, medida que ya habían adoptado con antelación diversas comunidades autónomas para, finalmente, el 14 de marzo dictar el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19”, incide.

La querella también alude a que, ya vigente el estado de alarma, el Gobierno español “tampoco adoptó las necesarias medidas de protección del personal sanitario, fuerzas de seguridad del estado y otros agentes implicados en la protección y la sanación de las personas afectadas, hasta el punto de que se produjo una escalada brutal de contagios y fallecimientos, que ha situado a España, a pesar de poseer uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, según manifestaciones públicas de los propios querellados, a la cabeza mundial del número de víctimas mortales y contagiados en proporción al número de habitantes, y también a la cabeza mundial en cuanto a número de profesionales sanitarios contagiados”. Esto, resalta, “ha merecido las críticas de toda la prensa internacional, que ha calificado a España como el país del mundo que peor está gestionando la crisis del coronavirus”.

Los querellantes apuntan a que el Gobierno "ha utilizado aparentemente la epidemia para gestionar adquisiciones fraudulentas de material sanitario"

“Y todo ello se debe, ni más ni menos, a la irresponsable y negligente inacción y actuación tardía y nefasta de los querellados en la gestión de esta crisis sanitaria que, amén de tardía, ha estado continuamente trufada de decisiones y ordenes verbales, contradictorias con las medidas previstas para el freno de los contagios, lo que a su vez ha contribuido de manera poderosa al desproporcionado incremento del número de víctimas que, posiblemente, se contagiaron en los propios centros sanitarios, en los que se produjeron dantescas escenas de hacinamiento de enfermos, creándose así un escenario perfecto para la propagación del virus”, recoge la querella.

Incluso, en su argumentación, los querellantes apuntan como conducta "aún de una mayor gravedad" a que “aparentemente se ha utilizado esta epidemia para gestionar adquisiciones fraudulentas de material sanitario de utilización en el diagnóstico de la enfermedad (test), material de prevención de contagio y protección de las personas implicadas (mascarillas), favoreciendo presuntamente el enriquecimiento de entidades o personas relacionadas con el Gobierno o los partidos políticos a los que pertenecen los querellados, anteponiendo no solo la ideología política sino también el ánimo de lucro a la salvación de vidas humanas”. En este sentido, señalan que el Gobierno "ha rechazado reiteradamente ofertas de empresas, laboratorios y proveedores solventes para optar por contratar 'a dedo' a empresas desconocidas en el sector, técnicamente insolventes, e incluso alguna de ellas con una administradora con antecedentes penales, en todo caso sin la solvencia y prestigio para poder negociar en el mercado internacional".

Estos y otros hechos, como la "caótica situación" de las residencias de ancianos o la "incapacidad técnica clamorosa" en materia de sanidad y que "hace de España el país con el mayor número de trabajadores de Sanidad del mundo" contagiados, —consideran los querellantes— “podrían ser constitutivos de un número indeterminado, en este momento, de delitos de homicidio imprudente del art.142.1 CP”, sin perjuicio de que el actual número de denunciantes “aumente considerablemente con la adhesión posterior a esta acción de otros familiares de víctimas de estos hechos”. A día de hoy, la pandemia ha provocado 26.744 fallecidos en España, donde el número de contagios asciende a 227.436 —si se incluyen tanto los detectados por PCR como con test de anticuerpos, el total asciende a 268.143—.

Por ello, como primeras diligencias a practicar para la comprobación de los hechos, se solicita que se requiera a Carmen Calvo, en su calidad de secretaria del Consejo de Ministros, para que remita copia de las deliberaciones y acuerdos del Consejo de Ministros celebrados entre el 13 de enero y el 26 de abril que "tengan alguna relación con el virus y/o con las medidas adoptadas en tal sentido”, así como copia de "todos los informes y documentos de todo tipo relacionados con el covid-19 que hayan sido recepcionados" por este organismo. Asimismo, se pide que se requiera a Fernando Simón, director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, que remita "toda la información relativa al seguimiento de la pandemia desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de recepción del requerimiento". Además de estas primeras diligencias, se solicita "expresamente" que "se dé traslado de este escrito a cada uno de los querellados, citándoseles para que presten declaración como investigados" dentro de la querella criminal, la cual se reclama al Supremo admita a trámite.

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