Costas se enreda en la Justicia: absuelto un cargo al que denunció por una playa artificial

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha absuelto a José María Hernández de León, exjefe de la demarcación de Costas en Canarias, que había sido denunciado por el propio Ministerio de Medio Ambiente (hoy de Transición Ecológica). El Gobierno le acusaba de haber beneficiado las obras de una empresa, Anfi Tauro, y fue condenado en primera instancia, pero el TSJ considera que no están probados los elementos para el delito.

El caos es muy conocido en Canarias. En octubre de 2015, el entonces Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente otorgó permiso para ocupar 11.200 metros cuadrados de la playa de Tauro (Mogán, Gran Canaria) para la regeneración a cambio de la gestión de los bares y chiringuitos y de unos terrenos adyacentes al dominio público. El responsable de la concesión y de controlar la obra era Hernández de León.

La obra es muy conocida y polémica. Entre otras cosas, porque la inauguración la apadrinó el futbolista del Manchester City David Silva y porque usaba arena del Sáhara. A cambio de la regeneración, Anfi Tauro, que entonces era propiedad del empresario Santana Cazorla y hoy es de su rival Lopesan, debía entregar 3.811 metros de terreno en la costa. Pero se encontró con problemas y concedió terrenos no continuos.

La clave para su criminalización es que tal proceder lo sea con el carácter de "patente, esperpéntico, clamoroso"

El caso se enredó en el ministerio y la entonces subdirectora general, Josefa Solernou, en un caso poco frecuente, lo denunció a la fiscalía. Hernández de León era el responsable de obras pero, según la condena de primera instancia que lo inhabilitó "actuó prescindiendo del anterior marco jurídico y obviando las condiciones generales y prescripciones particulares impuestas" por el ministerio para que la empresa ocupase la playa al otorgar otros terrenos. Según la sentencia lo hizo "con la única voluntad de autorizar el inicio de las obras sin velar por el cumplimiento normativo y desoyendo los impedimentos expuestos por el ingeniero de la demarcación, así como por la Subdirectora General del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-de quien recibió órdenes concretas de delimitar los terrenos con carácter previa al inicio de las obras". Por eso fue condenado por prevaricación y falsedad en documento público a tres años de prisión y nueve de inhabilitación.

Defendido por el letrado Esteban Mestre, recurrió al Tribunal Superior de Justicia, que le ha dado la razón. Consideró que el acta de replanteo de las obras "no es una resolución administrativa apta para ser tildada de prevaricadora porque se trata de un acto de trámite", algo que acepta el tribunal. La sentencia del TSJ considera que aunque "parece claro quela obra no tenía que haber sido autorizada" sin que hubiera donado todos los terrenos, "no puede afirmarse con la rotundidad necesaria para declarar ilegal la orden verbal de inicio de obras".

"La clave para su criminalización es que tal proceder lo sea con el carácter de 'patente, esperpéntico, clamoroso' y demás calificativos antes expresados y, en particular, que no pueda explicarse 'con un mínimo de razonabilidad", y eso no se da.