Mogán planeaba construir el doble de plazas hoteleras que Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife juntas

Las 7.500 plazas hoteleras previstas en un inicio en el polémico complejo turístico Anfi Tauro de Mogán (15.000 habitantes), objeto de investigación judicial en el 'caso Góndola' y cuyas implicaciones pueden alcanzar al presidente del Gobierno canario, Adán Martín, duplican todas las camas de cuatro islas de un año, en virtud a la llamada ‘Ley de Moratoria’ que las afecta desde 2003.

Anfi Tauro, pendiente aún de aprobación definitiva por parte del Gobierno autonómico, es una de las cuatro excepciones a la moratoria turística de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, donde no se pueden construir más de 3.600 plazas hoteleras al año, en virtud a la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, conocida como ‘Ley de Moratoria’.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, informó el pasado lunes de que Anfi Tauro, la compañía apoderada por el imputado en el ‘caso Góndola’ Santiago Santana Cazorla, “solicitó inicialmente 7.500 plazas y no le fueron admitidas. Con posterioridad propuso 3.405 plazas, que de nuevo han sido consideradas excesivas por el Gobierno de Canarias. Entiende el Ejecutivo que únicamente caben plantearse tres alternativas que van de las 1.621 a las 1.790 plazas”.

Soria y el salmón noruego

Dichas 3.600 plazas anuales permitidas han de corresponder a proyectos turísticos que comporten una especial cualificación de la oferta canaria. Para ello, necesitan previamente una declaración de interés general, que el Cabildo Insular de Gran Canaria concedió a Anfi Tauro en noviembre de 2005. Por esas mismas fechas, el entonces presidente del Grupo Anfi, el empresario noruego ya fallecido Björn Lyng, invitó al presidente del Cabildo, José Manuel Soria, a viajar en su jet privado hasta Noruega a pescar salmón, algo que “él nunca ha negado”, tal y como detalla con profusión la prensa canaria.

Pese al “interés general” del proyecto, la Federación Ecologista Ben Magec presentó ayer un dictamen jurídico ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el que, asegura, se aporta documentación sobre la nulidad jurídica del proyecto turístico. Ben Magec entiende que tanto el anteproyecto de Anfi Tauro, como la declaración de interés general otorgada por el Cabildo son contrarios a derecho. Por ello, solicita la suspensión del proyecto y su devolución al Cabildo hasta que se aclare la investigación judicial.

Según los ecologistas, dicho dictamen se presenta como documentación para que lo estudie la Fiscalía, ya que cuatro sentencias del TSJC daban como nulo el citado proyecto por distintos motivos y sirve como prueba en la comisión de supuestos delitos de prevaricación por aprobar un proyecto que se ha demostrado previamente que es contrario a derecho.