La coartada del Gobierno para el 8-M se cae (y los sindicatos de Amazon tienen la clave)

La principal coartada de Moncloa para defender la celebración del 8-M en plena crisis del coronavirus empieza a tambalearse. La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid sostiene que no prohibió la manifestación del Día de la Mujer porque no recibió ninguna alerta sanitaria hasta después del 14 de marzo. Sin embargo, fuentes de la Delegación han admitido ahora a este diario que, entre el 10 y 11 de marzo, técnicos del organismo contactaron con líderes sindicales de Amazon para pedirles que suspendieran una concentración que habían convocado el día 13 porque ponía en riesgo la salud pública.

El 8-M se ha convertido en uno de los mayores vectores de las críticas al Ejecutivo por su gestión de la crisis, pero también tiene una derivada judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, mantiene imputado por un delito de prevaricación al delegado del Gobierno en la región, el socialista José Manuel Franco, tras admitir a trámite la denuncia de un particular que acusaba a ese organismo de haber permitido 77 concentraciones en la comunidad durante ese fin de semana, a pesar de que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) había recomendado días antes que se evitaran las aglomeraciones de personas para limitar la expansión del covid-19.

La Delegación del Gobierno se defendió de esa acusación alegando que no recibió ninguna advertencia de la Comunidad de Madrid ni de ninguna otra autoridad sanitaria sobre ese tipo de concentraciones hasta después del 14 de marzo, fecha en la que entró en vigor el decreto de declaración del estado de alarma. Así lo recogió la instructora en una providencia dictada el pasado 21 de abril. “No consta la recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020 en el marco de la crisis generada por el covid-19”, argumentó literalmente el órgano de la Administración central. Es decir, que hasta ese momento no dispuso de criterios objetivos para prohibir una marcha.

Pero esa explicación se desvanece por un episodio que se produjo entre el 8-M y estado de alarma. En los primeros días de marzo, los representantes sindicales de Amazon anunciaron la convocatoria de una concentración el viernes 13 de marzo, junto a la planta logística del gigante estadounidense en San Fernando de Henares (Madrid), para protestar por las condiciones laborales de la plantilla. Esperaban la presencia de compañeros de otros países e hicieron un llamamiento a secundar la movilización.

La concentración no llegó a celebrarse. El jueves 12 de marzo, los organizadores informaron de que la protesta se suspendía por decisión de la Delegación del Gobierno. Los líderes sindicales de Amazon han ratificado a este diario que cancelaron la protesta a petición del organismo. También ha confirmado los hechos la Delegación.

Un portavoz de este organismo reconoce que, “entre el 10 y 11 de marzo”, sus técnicos contactaron telefónicamente con los representantes de la plantilla de la multinacional para pedirles que desconvocaran el acto porque este podía provocar un aumento de contagios por coronavirus. Desde la Delegación afirman que esas gestiones no quedaron reflejados en un documento, pero señalan que las llamadas están registradas y que el único motivo por el que rechazaron la celebración fue el riesgo sanitario. Finalmente, los sindicatos aceptaron la solicitud de la máxima autoridad en materia de orden público y anunciaron que la cita se posponía.

Esas llamadas tumban la línea argumental de la Delegación y de todo el Gobierno. A primera hora del 8-M, la cifra de infectados por SARS-Cov-2 ya ascendía a 589 infectados y habían muerto 17 personas. Pese a la gravedad de las cifras, la institución que comanda José Manuel Franco permitió que la manifestación central del Día de la Mujer se celebrara sin ningún tipo de limitación.

La explicación posterior es que hasta el 14 de marzo no llegó ninguna alarma a ese organismo que desaconsejara celebrar eventos multitudinarios. Pero el caso de Amazon desmontaría esa versión y probaría que, al menos desde el 10 de marzo, solo dos días después de la marcha y mucho antes del estado de alarma, los técnicos de la institución ya eran conscientes de que las aglomeraciones de personas implicaban una amenaza para la salud pública. La pregunta que queda ahora en el aire es por qué llegaron a esa conclusión el día 10 y no el 7 o el 8, cuando los datos de contagios ya eran alarmantes. La juez Rodríguez-Medel ha acordado nuevas diligencias para investigar la actuación de la Delegación en torno a esas fechas.

Ese fin de semana no solo se celebró la marcha del 8-M. También se jugaron partidos de fútbol ante miles de espectadores y Vox celebró un congreso en un pabellón cerrado con 9.000 participantes. Los expertos coinciden en que los actos de esos días contribuyeron a expandir el virus por la Comunidad de Madrid, convirtiéndola en la región de España más castigada por la pandemia, y aseguran que las medidas de confinamiento debieron aplicarse mucho antes. Lo cierto es que, solo un día después del 8-M, el Gobierno regional decidió cerrar los colegios. Y casi a la vez, el Ministerio de Sanidad anunció que ya estaba estudiando medidas para limitar la propagación del coronavirus. El decreto de alarma llegó cuatro días después.