Iglesias provoca a los jueces al sugerir que absuelven a corruptos por sus contactos

La condena impuesta este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la diputada y portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 meses de cárcel ha provocado un pequeño terremoto en la formación liderada por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. El líder de la formación morada se pronunció en un mensaje en Twitter tras conocer la resolución e indicó que le invade ante el fallo "una enorme sensación de injusticia". "En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso", ha indicado después de precisar que, pese a todo, "las sentencias se acatan o, como en este caso, se recurren".

Las palabras de Iglesias y otros miembros del partido como Echenique han levantado distintas reacciones en la judicatura. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso empleó en un tuit un tono más agresivo y calificó la condena como una vergüenza. En su opinión, Serra ha sido condenada "sin pruebas" por "manifestarse pacíficamente para intentar parar un desahucio de una persona con discapacidad". "Yo pensaba que los jueces estaban para impartir justicia", ha agregado.

Iglesias no concreta en su mensaje a qué privilegios se refiere. Uno de los jueces consultados señala que la propia Serra ha disfrutado de un trato distinto en calidad de aforada que ha provocado que sea el TSJ y no un juzgado de primera instancia quien le imponga la pena señalada por delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños. Otros siete acusados que participaron en los hechos los admitieron y aceptaron ser condenados tras alcanzar un pacto con la Fiscalía.

La sentencia sobre Serra considera probada su participación en unos altercados contra la Policía Municipal de Madrid en 2014. En el enfrentamiento, dos agentes resultaron heridos. El tribunal también la inhabilita 19 meses para el derecho a sufragio pasivo, tiempo en el que no podrá ser elegida para cargo público. Serra recurrirá la sentencia ante el Supremo y, en principio, podrá mantener su cargo hasta que el alto tribunal se pronuncie, pero sin la posibilidad de presentarse a nuevas elecciones.

Una de las críticas de los jueces contra los mensajes es el uso, en ambos, de la afirmación de que la condena de Serra se le ha impuesto por tratar de impedir un desahucio. "No han debido leerse la sentencia. Si lo hubieran hecho, habrían podido percatarse de que la condena lo es por agredir a un agente de la policía", indica el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar. Se refiere, además, a la falta de respeto "hacia el principio constitucional de separación de poderes" que se desprende de las observaciones de ambos. "A lo mejor no es exigible que conozca el Código Penal, pero sí las bases de un sistema democrático del que forma parte como diputado", lanza en relación con Echenique.

La asociación Juezas y Juezas para la Democracia defiende, sin embargo, que las críticas vertidas contra el TSJ están amparadas en la libertad de expresión. "Se enmarca dentro de la crítica legítima a las resoluciones judiciales", dice su portavoz Ignacio González que también destaca que la sociedad española es "es libre" y el poder judicial "no puede permanecer ajeno a las críticas".

La Asociación Francisco de Vitoria atribuye, por su parte, a estas palabras un sentido político. Su portavoz, Jorge Luis Fernández Vaquero, indica que no se le debe dar excesiva importancia a este tipo de comentarios. "Son mensajes de propaganda política que van destinados a un público determinado. No hay que darle mayor trascendencia", dice para añadir que si los afectados no están de acuerdo puede recurrir, como hacen todos los ciudadanos. "Si tienen razón sin duda se la darán al resolver el recurso", agrega.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJM indica en su sentencia que el 31 de enero de 2014, cuando Serra se oponía a un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés junto a otras 50 personas, profirió insultos, dio empujones y arrojó objetos contra miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Le obliga indemnizar a los dos policías que resultaron heridos: 4.850 euros a una agente y 400 al otro. La Fiscalía también la acusaba de un delito de desórdenes públicos, pero el TSJM lo ha descartado al no quedar probado que la intención de estos actos fuera atentar contra la paz pública.

Advertencia del CGPJ

Aunque es este caso del Consejo General del Poder Judicial no ha realizado ningún comentario, declaraciones anteriores del vicepresidente provocaron un comunicado del órgano de gobierno de los jueces. Recién llegado a la vicepresidencia, Iglesias sostuvo en una entrevista que los tribunales europeos han humillado a los españoles en el 'procés', y pidió que no se use políticamente la justicia. El CGPJ respondió reclamando al Gobierno "moderación, prudencia, mesura y responsabilidad institucional".

Los mensajes de Iglesias y Echenique no han sido los únicos. Otros como la ministra de Igualdad, Irene Montero, manifestaron también su rechazo. "Isa Serra ayudó a parar un desahucio de una persona con discapacidad. Actuó en defensa de los derechos humanos y del artículo 47 de la Constitución, que protege el derecho a la vivienda. Ni Isa ni ninguna persona que en España luche contra las injusticias estaréis solas. Somos más", dijo.

Yolanda Díaz, titular de Trabajo, se ha pronunciado en términos similares: "Defender el derecho a una vivienda digna no es un delito, es una obligación constitucional recogida en el artículo 47. Querida, te envío un fuerte abrazo", indicaba. La secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, aseguró, por su parte, que la sentencia es "injusta, desproporcionada" y se dicta "contra quien se moviliza para defender el derecho a una vivienda digna". "Siempre nos encontrarán enfrente, peleando hasta el final. Eres un orgullo para Unidas Podemos, Isa Serra. Otros tienen corruptos, nosotras a ti", agregaba.