El TSJ de Cataluña ordena a la Generalitat que haga test a todos los mossos

La Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha atendido la petición urgente de medidas planteada por tres sindicatos de Mossos d' Esquadra y ha requerido al departamento de Interior de la Generalitat que, además de facilitar a los miembros de la policía autonómica el acceso inmediato a medidas de protección, proceda a realizar test a todos los agentes para determinar si están o no contagiados.

En un auto en el que responde al Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), el Collectiu Autonoms de Treballadors Mossos d’Esquadra (CATME) y el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME) el TSJC ordena que con carácter urgente e inmediato, se provea a todas las Unidades y dependencias del Cuerpo de Mossos d’Esquadra de mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección, guantes desechables, contenedores de residuos infecciosos y material adecuado para la desinfección del equipo del personal.

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Uno de los sindicatos incluso escribió una misiva al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiendo que sea el gobierno central el que les manda material visto que el autonómico no les hacía caso. Y de seguir así, el asunto podría derivar en procedimientos más graves que pueden comportar penas de hasta 3 años de prisión para los altos cargos del Govern responsables de la situación.

Destaca la Sala en su auto que se ha producido la primera muerte de un funcionario de dicho cuerpo policial a consecuencia del Covid y que un total de 1.402 de Mossos d’Esquadra se encontraban en cuarentena por posible infección en el momento en que se realizó la solicitud de medidas. "Se nos refiere en este sentido que no menos de 66 agentes habrían dado positivo en las escasas pruebas de detección del virus en cuestión que se habrían practicado", dice el auto.

También reclama que se apliquen procesos de descontaminación y eliminación de residuos y desinfección diaria de los centros y vehículos de trabajo y "provisión de test suficientes para la realización de la prueba del Covid" de los miembros del cuerpo en situación de cuarentena, "por haber mostrado sintomatología, o por haber estado en contacto con otros funcionarios".

También, de acuerdo a la condición de servicio público de Seguridad y el riesgo de contagio, ordena "que se proceda a la realización del test a todos los miembros del Cuerpo a efectos de aislar los focos de contagio y evitar la propagación del virus".

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El tribunal no concede plazos a la Generalitat para que subsane las deficiencias, pero le advierte de que “la respuesta que dé al requerimiento judicial el Departamento de Interior deberá ser objeto de una precisa valoración por esta Sala no solo en cuanto a la proyección y la aplicación misma de las medidas, sino por cuanto la falta o insuficiencia de dicha respuesta podría dar lugar a la exigencia de otro tipo de responsabilidades de distinta índole”.

Y lo que es peor: le recuerda al 'conseller' de Interior, Miquel Buch, el artículo 316 del Código Penal, que prevé penas de cárcel de hasta 3 años a quienes "estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con medidas de seguridad e higiene adecuadas".

Tres magistrados del tribunal reflejan en el escrito "la singularidad del momento" y "la respuesta emitida desde alguna concreta sede judicial en relación a peticiones muy similares a la aquí planteada en relación a otros colectivos o plantillas policiales". "Nos referimos obviamente a la absoluta singularidad que deriva de la existencia de una pandemia como la que el país entero sufre. Una pandemia que ha dado lugar a la declaración del estado de alarma operado inicialmente con el R.D. 463/2020, de 14 de marzo. Declaración del estado de alarma que se dirige precisamente, tal y como se indica en su propia presentación, a la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19".

"Riesgo grave"

El auto reconoce que a partir de los datos proporcionados, “la situación expuesta revela la existencia de un riesgo grave, en ocasiones mortal, y siempre inminente, para los integrantes de los Mossos d’Esquadra a consecuencia de su ordinaria actividad” y examina el cuadro normativo existente y concluyen que, sin género de duda alguna, los miembros del Cuerpo de Mossos gozan de protección de la salud en general y también en la situación de estado de alarma decretada por el Gobierno de la nación. "Es sobre la base de esta consideración que también hemos podido afirmar que concurren, visto el tipo de actividad que desarrolla el citado cuerpo policial, las condiciones de especial urgencia que nos obligan a otorgar la protección cautelar que se nos solicita".

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En su opinión, los miembros de la policía están expuestos a diario, no solo por su condición de servicios esenciales con deber de asistir a sus puestos de trabajo, sino, en muchos casos, por las concretas funciones de seguridad y orden público derivadas del estado de alarma decretado por el Gobierno, a una sobreexposición. Por ello, la carencia de esta protección básica supone, en opinión de la Sala, un riesgo actual y no futuro ni incierto. "No se puede obviar la existencia de un riesgo grave e inminente para la integridad física y/o vida, caso de no adoptarse las medidas solicitada" para los integrantes de la policía catalana.

1.402 policías en cuarentena

La situación es crítica. El escrito del TSJC reconoce que, hasta el momento, se ha producido solo la muerte de un agente de la policía autonómica a causa del coronavirus, pero la nota negativa es que existen (en el momento de presentación del escrito de los sindicatos) un total de 1.402 policías “en cuarentena por la posible infección del mismo agente patógeno”. Y al menos 66 agentes han dado positivo en las “escasas pruebas de detección” que se han practicado.

La carencia de esta protección básica supone, en opinión de la Sala del TSJC, un riesgo actual y no futuro ni incierto

Los sindicatos se quejan de que “pese a estos impactantes datos, los elementos de protección reclamados no están siendo facilitados de forma general y en los lugares concretos donde se habrían suministrado, no se están reponiendo por la Consejería”. Para apoyar su queja, las tres centrales aportan los reiterados escritos dirigidos al Departamento de Interior reclamando material de protección. Las primeras reclamaciones se hicieron ya en el mes de enero, mucho antes de que la Generalitat se preocupase por el coronavirus. “Acaso podría hablarse o reconocerse la desesperación en la repetición insistente de tales reclamaciones ante la falta de respuesta”, dice el auto.

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Además de los escritos a Buch y de la petición a Marlaska, también hubo peticiones en el mismo sentido a la consejera de Sanidad, Alba Vergés, y al subdirector general de Prevención de Riesgos y Salud Laboral de Interior, a quien el SPC reclamó un protocolo de medidas preventivas.

Estos tres sindicatos ya había denunciado al Govern el pasado 26 de marzo ante la Inspección de Trabajo, en un escrito en el que se quejaban de que "no se han facilitado a los trabajadores públicos bastantes trajes especiales de protección biológica, no se han facilitado mascarillas a todos, si tan solo las más básica, y una gran parte de las que se han facilitado están caducadas, han facilitado insuficientes guantes de protección, faltan gafas de protección, desinfectantes o productos similares y, de otro lado, los vehículos, las comisarías y otras dependencias policiales y públicas donde están prestando servicios los miembros del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra, se encuentran en una situación de falta de higiene necesaria, sin realizarse suficientes desinfecciones, aunque todos son puestos de riesgo elevado de contagio y propagación el virus mortal".