Un precedente en 1979 permite aplazar las elecciones del 5-A si sigue la crisis vírica

Solo la imposibilidad material de votar y por decisión final de la Junta Electoral podría provocar la suspensión o aplazamiento en el último momento de las elecciones gallegas y vascas del 5 de abril.

Esta es la deducción de diferentes fuentes del Gobierno y especialistas en Derecho Constitucional, ante las dudas sobre la celebración de los comicios autonómicos en plena crisis por el coronavirus.

Las fuentes del Ejecutivo aseguran que el Gobierno carece de instrumentos legales para decretar esa suspensión y, por tanto, se inclinan por que sean las juntas electorales las que en su caso determinen en último término que no es posible celebrar esos comicios.

TE PUEDE INTERESAR

La Junta Electoral gallega se abre a suspender el 5-A si hay "consenso de las candidaturas"

Pablo López. Vigo

Hay un precedente remoto a aplicar por analogía, cuando en 1979 las juntas electorales acordaron retrasar el día de las votaciones en multitud de localidades como consecuencia de fuertes nevadas. No es exactamente el mismo caso, pero sí en cuanto a que en esa ocasión fue imposible que se constituyeran las mesas y que los ciudadanos acudieran a votar. Hubo una fuerza mayor ante la que reaccionó la administración electoral, es decir, la Junta Electoral, para defender un derecho constitucional.

En este caso, se produciría esa situación si antes de la jornada electoral se constata que no es posible celebrarla porque los electores y los miembros de las mesas no pueden acudir al lugar de votación. Es decir, tiene que ser una imposibilidad material y una actuación de la Junta Electoral para proteger el derecho fundamental al sufragio de los ciudadanos.

La Junta Electoral gallega emitió este jueves una nota ambigua en la que asegura que las elecciones no se pueden celebrar sin garantías y se remite a una autoridad competente que no precisa.

El Gobierno ha estudiado el asunto de manera informal, a la espera de una petición formal que no se ha producido, porque las condiciones el 5 de abril pueden ser imposibles para la celebración de las elecciones. Pero concluye que la ley no prevé nada parecido a una suspensión decretada en último término por el Gobierno.

Las leyes electorales gallegas, vascas y españolas no prevén esta posibilidad. La ley de alarma sí prevé que se declare en caso de “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”, pero no habilita a suspender unas elecciones, lo que afectaría a un derecho fundamental.

Y la Ley General de Salud Pública posibilita a la autoridad sanitaria “la intervención de medios materiales o personales. El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias y la suspensión del ejercicio de actividades”.

No se refiere tampoco esta ley a procesos electorales, pero podría entenderse que si previamente declara el cierre de los colegios electorales, la Junta Electoral podría considerar que es imposible celebrar los comicios y decretar el aplazamiento.

El sábado, el presidente del Gobierno contactará vía telemática con los presidentes autonómicos, pero no está previsto que el gallego Alberto Núñez Feijóo y el vasco Iñigo Urkullu planteen a Pedro Sánchez la suspensión. Ambos han sugerido estos días que podrían no poder celebrarse las elecciones.

Diferentes partidos de esas comunidades han dicho estos días que en esta situación puede ser imposible celebrar las elecciones.

El lunes, Feijóo tiene previsto reunirse con los candidatos de todos los partidos y Sánchez con los líderes de partidos nacionales. En esas reuniones sí podría tratarse tal posibilidad.