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Urkullu y Feijóo coordinan las elecciones para alejarse de Torra y vender estabilidad
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elecciones vascas y gallegas el 5 de abril

Urkullu y Feijóo coordinan las elecciones para alejarse de Torra y vender estabilidad

La decisión de adelantar los comicios obliga a una negociación exprés a las formaciones que tanto a derecha como a izquierda aspiran a presentarse en coalición

Foto: El lehendakari, Iñigo Urkullu (i), junto al presidente la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en una foto de archivo. (EFE)
El lehendakari, Iñigo Urkullu (i), junto al presidente la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en una foto de archivo. (EFE)

El anuncio del president Quim Torra de convocar elecciones inmediatamente después de aprobar los presupuestos, proceso que se extenderá hasta finales de marzo, ha llevado al lehendakari Iñigo Urkullu y al presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo a coordinarse para adelantar los comicios autonómicos en sus respectivas comunidades al 5 de abril, Domingo de Ramos, y desmarcarse de las catalanas. Los comicios vascos y gallegos ya se hicieron coincidir en 2009, 2012 y 2016, una tradición que volverá a repetirse para evitar las interferencias que ocasionaría solaparse con unas elecciones catalanas que acapararán todo el foco y centrarán la agenda casi únicamente en la cuestión territorial. El principal objetivo es no contaminarse de la campaña de las catalanas para, en contraposición, vender estabilidad asociándola al continuismo.

La decisión también obliga a una negociación exprés a las formaciones que aspiran a presentarse en coalición, tanto a derecha, para materializar la confluencia para catalanas, vascas y gallegas que exploran PP y Ciudadanos y que en Galicia ya rechazó Feijóo, como a izquierda. En Galicia, Podemos todavía tenía previsto arrancar conversaciones con Anova esta semana, por lo que se verán obligados a acelerar un proceso ya de por sí complejo después de que no confluyesen en las generales.

La ley electoral establece en su artículo 49 que los partidos que conformen un pacto de coalición deben comunicarlo a la Junta Electoral en los 10 días siguientes a la convocatoria. La ley electoral gallega, por su parte, establece en su artículo 20 que cada uno de los representantes generales designará, antes del undécimo día posterior a la convocatoria a los representantes de las candidaturas que su partido, federación, coalición o agrupación. El adelanto ha supuesto por tanto un mayor contratiempo para la oposición que está explorando pactos preelectorales que para las formaciones que ya han decidido concurrir por solitario bajo sus propias siglas.

Esta misma mañana, Feijóo ironizaba con que la oposición le había reiterado la petición de celebrar comicios cuanto antes, por lo que presuponía que todos ellos estarían preparados para un eventual adelanto. Sin embargo, lo cierto es si PSOE y BNG ya cuentan con candidato, Gonzalo Caballero y Ana Pontón respectivamente, Unidas Podemos ni siquiera ha convocado sus primarias. Como favorito se perfila el portavoz de Galicia en Común en el Congreso, Antón Gómez Reino, pero ahora deberán reahacer todo el calendario dado que no estaba previsto arrancar el proceso de primarias hasta finales de este mes.

Por otra parte, la propuesta de Inés Arrimadas de ir en una lista conjunta (abierta a otros sectores constitucionalistas y entidades de la sociedad civil) y que Feijóo no ve con buenos ojos en Galicia tendría que cerrarse de forma casi inminente, al menos si se lleva a cabo en Euskadi. Si bien este mismo martes está previsto que se proponga la candidatura de Feijóo para la reelección en la junta directiva del PP, la de Alfonso Alonso continúa en el aire. Pablo Casado, igual que su núcleo duro, ha sorteado las preguntas estos días para no decir si Alonso repetirá en la carrera a la Lehendakaritza y la idea pasaba por respetar los tiempos de Ciudadanos, que celebrará su congreso entre el 14 y el 15 de marzo. Ahora todo se ha precipitado. Por su parte, Vox no cuenta todavía con candidatos ni en Galicia ni en Euskadi.

Elkarrekin Podemos está en pleno proceso de primarias, mientras que la lista del PSE-EE la encabezará su secretaria general Idoia Mendia y la de Bildu Maddalen Iriarte, actual portavoz parlamentaria. En el caso de Podemos se medirán Rosa Martínez, que cuenta con el apoyo de la dirección autonómica, y la exsenadora vizcaína Miren Gorrotxategi, apoyada por Pablo Iglesias.

Feijóo y Urkullu han coincidido en justificar el adelanto para recortar al máximo la campaña electoral, al igual que han tratado de vender estabilidad. Un marco discursivo que en el caso de los populares gallegos se ha convertido ya en un 'leitmotiv' durante las últimas semanas y que se presupone como su principal ariete para desmarcarse de los sobresaltos institucionales de los últimos tiempos tanto en Cataluña como en el conjunto de España.

"Ni los gallegos ni la Xunta somos responsables de esta situación de inestabilidad. Al contrario, siempre tratamos de aportar estabilidad al conjunto de las familias y de la nación", ensalzó Feijóo con tono electoralista para añadir que "España podía vivir tres elecciones en un período de entre apenas tres y siete meses y esto no es compatible con la responsabilidad que defendemos desde Galicia". Ahondando en el 'leitmotiv' de la estabilidad, en contraposición a los sobresaltos electorales de los últimos tiempos, Feijóo ha asegurado que su intención es que pueda haber un Gobierno autonómico con plenas funciones en el mes de septiembre para encarar los presupuestos del próximo año, que además será Año Jacobeo, "con un calendario amplio".

El 'fantasma' del bipartito PSOE-BNG

Otro de los principales arietes de los populares gallegos, en línea con la idea fuerza de la "estabilidad", será remover un infausto recuerdo del bipartito entre socialistas y nacionalistas de la legislatura 2005-2009. Para ello, la situación en el Euskadi e, incluso Navarra, es una percha para que Feijóo rearme su relato contra el PSdG, su principal competidor después de que redujese a poco más de medio punto la diferencia en las elecciones municipales. Un discurso de los socialistas vascos tímido con Bildu y sin demasiada confrontación con el PNV en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado, potenciará el relato de campaña de Feijóo contra el candidato socialista a la Xunta Gonzalo Caballero.

Las vascas y gallegas serán por tanto la antesala para ensayar los tripartitos que Podemos busca extender posteriormente a Cataluña, haciendo de bisagra entre las izquierdas y los nacionalismos. Coaliciones de Gobierno donde podría descansar la estabilidad de la legislatura a través de pactos cruzados que den forma el denominado "bloque de la investidura". Estabilidad de ida y vuelta, tanto en los ejecutivos autonómicos como en el estatal. Si Cataluña es el principal nudo gordiano de la política española, y la vuelta al eje izquierda-derecha afianzaría las posibilidades de reeditar un bipartito entre republicanos y comunes con el apoyo externo de los socialistas para intercambiar soportes con el Gobierno de coalición, el PNV también tiene un rol determinante para facilitar a Pedro Sánchez llegar al final de la legislatura.

A ERC y PNV se sumaría también el BNG en caso de que alcanzase con los socialistas gallegos y Unidas Podemos los números para desbancar a Alberto Núñez Feijóo de la Xunta de Galicia. Las encuestas internas están ajustadas en el caso de Galicia, con Feijóo rozando la mayoría absoluta para revalidarse cuatro años más en el cargo y mantener vivo el que podría ser el principal bastión de la oposición del PP al Gobierno. La única comunidad en que resistirían gobernando con mayoría absoluta.

Urkullu sortea el desgaste

El lehendakari, por su parte, ha decidido sacrificar algunos de los proyectos estrella de la legislatura al adelantar medio año las elecciones autonómicas para evitar el desgaste político que supondrá el cierre de la legislatura ante la existencia de diferentes gestiones polémicas que le salpican. Está siendo un final de mandato complicado para líder del Ejecutivo en coalición del PNV y PSE-EE, que, en la situación de minoría en la que se encuentra en el Parlamento de Vitoria, debe lidiar con la sentencia del mayor caso de corrupción juzgado en el País Vasco que afecta a tres exdirigentes del partido en Álava durante el periodo en el que era el presidente ‘jeltzale’, las dudosas contrataciones de diferentes organismos públicos a una empresa propiedad de un cargo del PNV o la judicialización de las presuntas irregularidades en las OPE de Osakidetza.

La Cámara de Vitoria retomó la pasada semana la actividad plenaria tras un mes de enero inhábil y ya el lehendakari pudo comprobar que la oposición no le iba a dar tregua con estos temas durante el cierre de la legislatura –el PP anunció que exigirá crear una comisión de investigación sobre las polémicas adjudicaciones al grupo de empresa Montai propiedad del miembro del PNV Aitor Elorza–. Además, a la batería de iniciativas contra el Ejecutivo por estas cuestiones se une ahora además las fuertes críticas que ha suscitado la gestión que está haciendo el Gobierno de Vitoria del desprendimiento que tuvo lugar en la autopista A-8 el pasado jueves en Vizcaya a consecuencia del derrumbe de un vertedero y que mantiene sepultados a dos operarios entre los escombros. Los allegados de los dos desaparecidos se han mostrado indignados por la falta de información a raíz del accidente, sin que hasta este lunes se hubiera pronunciado públicamente el lehendakari o hubiera comparecido ningún consejero.

La decisión de Urkullu le libera del cierre complicado de la legislatura en el Parlamento Vasco a costa de dejar caer algunos de los proyectos que había marcado en rojo al inicio de la legislatura para su aprobación y que ahora se quedarán en el cajón a expensas de que, en su caso, se puedan retomar durante los próximos cuatro años. El gran proyecto que cae es la reforma del Estatuto de Gernika, que se queda en agua de borrajas por segunda legislatura consecutiva. Es cierto que su aprobación se antojaba complicada, bien por las diferencias de fondo existentes en torno a un texto de acento soberanista tras un trabajo de más de un año a cargo de juristas designados por los partidos –contempla el reconocimiento del derecho a decidir– bien por lo ajustado de los plazos incluso de agotarse la legislatura, pero ahora se cierra de forma definitiva la puerta a su viabilidad.

Urkullu se ampara en el “bloqueo” de la oposición en el Parlamento para justificar el adelanto electoral. En este escenario, asegura, el adelanto electoral “se adopta en beneficio” de la sociedad vasca: “Ahorramos a la ciudadanía una campaña electoral permanente a lo largo de los ocho próximos meses y la reducimos a solo dos”, ha señalado. Además, el lehendakari cuenta a su favor para adelantar la cita con las urnas con las optimistas perspectivas electorales, que incrementan el poder del PNV y auguran un Gobierno con mayoría absoluta en caso de reeditarse la coalición con los socialistas.

El anuncio del president Quim Torra de convocar elecciones inmediatamente después de aprobar los presupuestos, proceso que se extenderá hasta finales de marzo, ha llevado al lehendakari Iñigo Urkullu y al presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo a coordinarse para adelantar los comicios autonómicos en sus respectivas comunidades al 5 de abril, Domingo de Ramos, y desmarcarse de las catalanas. Los comicios vascos y gallegos ya se hicieron coincidir en 2009, 2012 y 2016, una tradición que volverá a repetirse para evitar las interferencias que ocasionaría solaparse con unas elecciones catalanas que acapararán todo el foco y centrarán la agenda casi únicamente en la cuestión territorial. El principal objetivo es no contaminarse de la campaña de las catalanas para, en contraposición, vender estabilidad asociándola al continuismo.

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