El juez interroga a Pizarro y a la tapadera de Villarejo por el espionaje de Iberdrola

El caso Villarejo toma vuelo en la Audiencia Nacional. Manuel Pizarro ha declarado este lunes por la mañana en calidad de testigo en la causa abierta sobre los presuntos pagos de Iberdrola al comisario. El expresidente de Endesa fue presuntamente uno de los investigados por orden de la primera eléctrica de España, como apuntan numerosos archivos y audios del policía que ya están incorporados al sumario de esta pieza separada del caso Tándem. Fuentes próximas al procedimiento confirman a El Confidencial que Pizarro ha comparecido ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para aportar su versión sobre el supuesto espionaje al que fue sometido.

Los hechos se produjeron presuntamente entre 2004 y 2005. El entonces jefe de Seguridad de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, Antonio Asenjo, contactó con Villarejo para encargarle el espionaje del máximo responsable de la mayor competidora de Iberdrola. En concreto, Asenjo quería conseguir información comprometedora sobre Pizarro y su entorno más próximo, su trayectoria, carrera profesional y negocios privados. El comisario bautizó el trabajo con el nombre en clave de 'Proyecto Black Board' y elaboró varios informes con sus hallazgos.

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Tras revelar este diario la existencia de esta operación encubierta, Pizarro estudió personarse en la pieza separada de Tándem como acusación particular. Sin embargo, la actual dirección de Endesa se pronunció en contra de esa medida. El empresario aragonés ha acudido finalmente a la Audiencia Nacional, pero únicamente como testigo.

Además de Pizarro, también estaban citados este lunes para prestar declaración como testigos los dos socios de Castellana de Seguridad (Casesa), la firma que presuntamente utilizó Iberdrola en 2004 para ocultar pagos a Villarejo por 351.500 euros. La eléctrica habría abonado hasta ocho facturas falsas a Casesa para que esta mercantil hiciera llegar los fondos al agente encubierto. Así lo recoge un informe elaborado en 2004 por el entonces 'controller' financiero de Iberdrola, José Antonio de Olmo, que se ha convertido en uno de los documentos clave del caso, y en el que se detallan cada uno de los pagos a esta empresa fundada por Javier Saldaña y Antonio Holguín.

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Como reveló El Confidencial el 2 y el 3 de diciembre, el documento registrado por Del Olmo ante notario sostiene que estos proyectos fueron ordenados por Ignacio Sánchez Galán, actual presidente de Iberdrola. En él se detallan las “actividades anómalas” realizadas por la Dirección de Seguridad Corporativa y que fueron descritas como “trabajos de vigilancia especiales” relacionados con la división de Generación.

Las facturas abonadas a Casesa no fueron “por servicios prestados por esta sociedad, sino que son pagos a un tercero a quien Iberdrola no podía pagar directamente”, según el documento. Este medio tuvo acceso a ocho facturas que fueron satisfechas en favor de esta empresa de seguridad entre el 1 de mayo y el 8 de septiembre y que coinciden literalmente con el relato de los hechos y los importes descritos en el informe, así como con los momentos puntuales en los que Asenjo entrega las facturas a la Dirección de Administración y Control para que sean abonadas.

El Confidencial se ha puesto en contacto con Manuel Pizarro, que ha confirmado su presencia ante el juez, pero ha declinado dar detalles sobre su declaración. Asimismo, el periódico ha enviado un correo electrónico a Javier Saldaña para obtener su punto de vista sobre su citación. Pero el fundador de Casesa no ha respondido al mismo.