El texto de la discordia: rebaja generalizada de penas en condenas como la de la Manada
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Jueces y fiscales ven puntos oscuros

El texto de la discordia: rebaja generalizada de penas en condenas como la de la Manada

Los juristas avisan que provocará una sucesión de reclamaciones de condenados en función del Código Penal anterior, en el que las condenas son mayores

placeholder Foto: Manifestación en Pamplona en protesta por la puesta en libertad bajo fianza de los cinco miembros de la Manada en junio de 2018. (EFE)
Manifestación en Pamplona en protesta por la puesta en libertad bajo fianza de los cinco miembros de la Manada en junio de 2018. (EFE)

El borrador del anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros sacó adelante este martes ha levantado la inquietud de la judicatura, que dice que, si se aprobó como lo planteó Podemos, generará la revisión generalizada a la baja de penas impuestas hasta el momento por delitos de abuso y agresión sexual. En aplicación de la norma que establece que deben aplicarse a los condenados de forma retroactiva aquellas reformas legislativas que beneficien al reo, fuentes jurídicas consultadas advierten de que provocaría una avalancha de solicitudes de rebaja de pena en caso de que se mantenga su actual redacción. El Confidencial tuvo acceso a un borrador preparado por Igualdad que contemplaba penas menores que las actuales para los nuevos delitos de agresión y violación e incluye como tal la agresión grupal, castigada con más o menos años en función de las agravantes. Casos como el de la Manada se verán así afectados.

El texto, que aún se encuentra en proceso de revisión y que ha levantado un enfrentamiento abierto entre los ministerios de Igualdad y Justicia, acababa con la distinción entre abuso y agresión sexual. Se castigarán las violaciones con penas de cuatro a 10 años, que podrán llegar hasta los 12 años con una agravante y hasta los 15 con dos agravantes. Ahora, toda penetración sin consentimiento será considerada una violación, tal como establece el Convenio de Estambul. Pero la denominación, ese uso del término, es simbólica frente a penas que, en la práctica, se prevén menores a las actuales.

Foto: El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)

En el caso concreto de la Manada, el artículo 180 de la ley redactada por Igualdad especifica que se castigará con la pena de prisión de dos a cinco años o de siete a 10 años aquella conducta que suponga una agresión sexual grupal, es decir, "cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas". Los miembros del grupo que violó a una joven en los Sanfermines fueron condenados a 15 años por el Tribunal Supremo, que consideró como agravante el trato vejatorio recibido por la víctima y la participación en lo sucedido de varios agresores. "Si se cae el segundo agravante, la pena debe ser necesariamente menor", avisa uno de los juristas consultados.

Al margen de este caso concreto, los jueces esperan una sucesión de reclamaciones de los condenados en función del Código Penal anterior. Algo similar sucede con el caso Arandina, en el que la Audiencia Provincial de Burgos condenó a tres exfutbolistas por agresión sexual a una adolescente de 15 años. La pena para cada uno de ellos fue de 38 años de cárcel en aplicación de la doctrina de la cooperación necesaria. Cada uno de los acusados fue condenado a 14 años como autor de la agresión cometida por él mismo y a otros 24 como cooperador de la realizada por los demás. La tipificación del delito de agresión grupal desmonta esta condena incluso en el caso de tratarse de una menor.

Foto: Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, e Irene Montero, ministra de Igualdad. (EFE)

No es el único punto oscuro que jueces y fiscales ven en la redacción del texto. Señalan que el borrador del anteproyecto está invadido por un espíritu "sociológico" o "político" que no se corresponde con el de un texto legal. También que trata de rectificar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo sobre asuntos como la valoración del acoso. Hasta el momento, se apreciaba este si la conducta suponía una perturbación grave de la vida de la víctima. Ahora se castigará con la pena de prisión de tres meses a dos años al que acose "de forma insistente y reiterada" de modo que altere "de cualquier modo" el desarrollo de la vida de la víctima.

La prisión permanente

Otra de las inconsistencias señaladas es la que afecta a actuales condenas por prisión permanente revisable. Pese a las críticas contra este tipo de condena desde las filas del partido al que pertenece Irene Montero, el borrador existente no solo desaprovecha la ocasión de eliminarla para los casos en los que se combina la agresión sexual con el asesinato sino que la redacción actual favorece la imposición de esta pena. El anteproyecto especifica que, si además del atentado a la libertad sexual se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, integridad moral o bienes de la víctima, "se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos".

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Otros juristas consultados se quejan de la desaparición de la valoración del grado de violencia empleado en las agresiones y violaciones. Solo se menciona esta si es "extrema", lo que difumina la actual diferencia en situaciones como tocamientos al descuido o con el uso de un arma, por ejemplo, un cuchillo. Esto sucede al desaparecer el actual abuso, que no requería violencia sino falta de consentimiento.

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