La Fiscalía rechaza que Twitter reactive la cuenta de Vox mientras estudia la polémica

La Fiscalía Provincial de Madrid rechaza por el momento que Twitter reactive la cuenta de Vox. En un escrito remitido al juez, el Ministerio Público no entra a valorar aún el fondo del asunto, pero informa a favor del mantenimiento de la medida porque las condiciones de la compañía "han de ser aceptadas por aquellos que usan dicha red social”. El escrito recuerda además que en la propia querella que la formación política ha presentado contra Twitter se recoge que el bloqueo se basa en que Vox supuestamente ha incurrido en conductas de incitación al odio: “No se permite amenazar o fomentar la violencia contra personas por motivo de su raza, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, género, identidad de género, religión, edad, discapacidad o enfermedad”, establece la normativa de la compañía.

El bloqueo de la cuenta de Vox se remonta al 22 de enero, cuando el responsable de Comunicación del partido, Manuel Mariscal, denunció que habían sido "censurados" por la empresa. Según aseguró entonces, la decisión partía del enfrentamiento que habían mantenido en Twitter con la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Adriana Lastra, a raíz de la aplicación del "pin parental": ella les acusaba de "retrógrados" por defender la medida y los de Santiago Abascal le respondieron que lo que no soportaban era que se promoviera la "pederastia" con dinero público, acusación que hacía referencia al programa Skolae en Navarra, donde gobierna el PSOE.

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Frente a las críticas de Vox, Twitter aseguró entonces que su decisión era temporal y se limitaba a alguna de las funciones de la cuenta, por lo que que la formación política podía continuar con su actividad en la red social si elimitaba el polémico tuit. “Prohibimos dirigir a las personas contenido destinado a incitar al miedo/difundir estereotipos de temor sobre una categoría protegida lo que incluye afirmar que los miembros de una categoría protegida tienen más probabilidades de participar en actividades ilegales”, argumentó la compañía.

Lejos de dar un paso atrás, el partido presentó entonces una querella contra la compañía el 7 de febrero en los juzgados de instrucción de Madrid. “La actitud de Twitter está vulnerando derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de participación política, la libertad ideológica y el principio de pluralismo e igualdad política. Todos ellos recogidos en la Constitución Española”, sostenía el partido en el comunicado que emitió ese mismo día.

La Fiscalía, sin embargo, no compra por el momento sus argumentos. En el escrito remitido al juez, argumenta que “las reglas y condiciones de Twitter deben ser aceptadas por aquellos usuarios de la red, y en todo caso, si se entiende que dichas condiciones son abusivas, será otro el ámbito al que debería acudir la formación política Vox”. Bajo este razonamiento, el Ministerio Público muestra su oposición al levantamiento del bloqueo de forma cautelar, como pedía la formación política.