El Gobierno busca una salida para renovar RTVE salvando el concurso y sin tocar la ley

La renovación de Radiotelevisión Española vía concurso público sigue empantanada. Y eso que hace más de un año que el comité de expertos emitió su dictamen sobre los 95 candidatos admitidos y preseleccionó a 20, de entre los cuales Congreso y Senado tenían que escoger a diez. Pero sobrevinieron una catarata de recursos de los aspirantes y dos disoluciones consecutivas de las Cortes Generales. Ahora ya hay un nuevo Gobierno y una legislatura que quizá se prolongue, pero desatascar el relevo en la corporación no será sencillo. Porque las impugnaciones siguen pendientes de resolución, porque ahora hay 19 elegidos —la mejor puntuada, la exdirectora de 'Informe semanal', falleció el pasado 18 de enero—, y porque de ellos solo hay tres mujeres, por lo que es materialmente imposible que se respete la Ley de Igualdad, como exige la norma. El Ejecutivo de coalición busca por ello una solución "pronta" para promover los cambios en la cúpula de RTVE, salida que en paralelo también están trabajando los servicios jurídicos del Parlamento. La intención del Gobierno es no tocar la ley que reformó el procedimiento de elección del consejo de administración de la empresa pública, de 2017, aunque asume que quizá la fórmula pase por modificar la resolución de las Cámaras que dio vía libre al concurso.

Entretanto, la periodista Rosa María Mateo continuará, contra su voluntad, como administradora única de la corporación, cargo al que accedió en julio de 2018 después de un tortuoso proceso de elección. Una vez el Gobierno de Pedro Sánchez logró relevar a José Antonio Sánchez, cuyo mandato había vencido, se activó el concurso público, la herramienta pactada por PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos y reclamada por los consejos de informativos de la casa para darle una solución estable e independiente del poder político y del Ejecutivo de turno. Los grupos pactaron un comité de expertos de 17 miembros, presidido por Diego Carcedo, y pactó una baremación de méritos una vez ya se habían presentado las solicitudes. De los 95 candidatos admitidos, 20 pasaron el corte y fueron calificados como idóneos. Pero la puntuación emitida por los expertos irritó a algunos de los aspirantes por los duros comentarios vertidos sobre algunos de los proyectos de gestión presentados.

Las impugnaciones presentadas contra esa evaluación debía resolverlas la Comisión Mixta Congreso-Senado de control parlamentario de RTVE. No lo hizo porque el 5 de marzo se disolvían las Cámaras rumbo a las elecciones generales del 28 de abril. Las urnas no resolvieron la gobernabilidad y España fue a una segunda convocatoria el 10 de noviembre. Tanto los expertos como los preseleccionados pidieron al Congreso que reactivara el concurso. La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, se comprometió a trasladar a la nueva Comisión Mixta de RTVE la queja. El órgano se constituyó el pasado 13 de febrero. Su presidente es el senador aragonés socialista Antonio Cosculluela.

La Comisión Mixta Congreso-Senado de RTVE se constituyó el pasado 13 de febrero y su letrado ha de emitir el informe. Por ella ha de pasar Mateo

Fuentes de la dirección del PSOE en el Congreso explican a este diario que el primer paso, que ya se ha dado, es reclamar al letrado de la Comisión Mixta —que está adscrito al Senado, al ser miembro de esa Cámara el jefe del órgano— que redacte un informe que plasme en qué situación está actualmente el concurso público y qué recursos están presentados contra la puntuación de los expertos. Los servicios jurídicos del Congreso ya señalaron en abril de 2019 que el procedimiento no decaía por la disolución del Parlamento consecuencia de la convocatoria de elecciones. Los letrados estimaron que el comité de expertos que evaluó a los aspirantes "goza de autonomía" respecto del Gobierno y de las Cortes y "sus decisiones se han adoptado en el marco de un procedimiento regulado", en este caso por la ley de RTVE que se reformó en 2017.

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"Salida de común acuerdo"

Los socialistas, pues, esperan que el letrado de la Comisión Mixta dibuje el escenario actual y haga propuestas de resolución. "Con su dictamen en la mano, vamos a pensar todos. Nosotros, el Gobierno, los grupos parlamentarios. Todos. Y vamos a intentar encontrar una salida de común acuerdo", indican desde la dirección socialista en la Cámara Baja. No obstante, lo primero que se sustanciará en el órgano es la comparecencia de control de Mateo.

Hay varios recursos contra la baremación de los expertos y hay solo tres mujeres entre los 20 candidatos. No se respetaría la paridad exigida

Hay varios obstáculos que sortear para desatascar un concurso maldito prácticamente desde su concepción, en 2017. El obvio es que con la preselección hecha será imposible cumplir con el artículo 10 de la ley de RTVE, que establece que el consejo de administración de la corporación estará compuesto por diez miembros, "todos ellos personas con suficiente cualificación y experiencia profesional, respetando el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición". La "presencia equilibrada" entre los dos sexos remite a la Ley de Igualdad de 2007: una representación de cada uno de ellos no menor al 40% y no superior al 60%.

Pues bien, entre los 20 elegidos por el comité de expertos había 16 hombres y cuatro mujeres. Una de ellas, la mejor puntuada de todos los candidatos, Alicia Gómez Montano, falleció en enero. Así que ya es materialmente imposible cumplir con la Ley de Igualdad. Además, la Comisión Mixta ha de resolver los recursos presentados, y su decisión podría ser impugnada ante las Mesas de Congreso y Senado en reunión conjunta. Como reconoce uno de los expertos que participó en la preselección, el problema del concurso radica en su diseño: no se establecieron los criterios de baremación previamente, no se previó que pudiera haber descompensación por género —la valoración de los proyectos de gestión se hizo a ciegas, sin que los 'examinadores' supieran la identidad de quien los había redactado, para así garantizar la ecuanimidad—, se primó en exceso la titulación en Periodismo y el desempeño en RTVE o en medios públicos.

"El concurso estaba mal planteado. Había méritos que se puntuaban dos y tres veces, se valoró demasiado que se tratara de un profesional de la información, cuando se trata sobre todo de encontrar a un buen gestor, y para eso no hace falta ser periodista. Además, los candidatos se presentaron para ser presidente, pero si no son elegidos para el puesto no querrán ser consejeros, por las incompatibilidades tan severas que hay y la baja remuneración", estima uno de los expertos. El presidente de RTVE sí tiene dedicación exclusiva y un salario alto (10.405,02 euros brutos mensuales cobra Mateo, 199.379,39 € brutos cobró José Antonio Sánchez en su último año completo en la casa, en 2017), pero los consejeros solo perciben indemnizaciones por asistencia a las reuniones.

Depende de la "voluntad política"

A falta de conocer el dictamen que emita el letrado de la Comisión Mixta, la intención del Gobierno, según fuentes de la Vicepresidencia Primera, la que dirige Carmen Calvo, es no tocar la ley de 2017 que instauró el concurso. La vía de escape, por tanto, sería modificar la redacción de la resolución de las Mesas de Congreso y Senado de julio de 2018 que reglamentó la convocatoria pública. "Es de difícil solución —estima una integrante del comité de expertos—, pero desde luego no hay ley buena si no hay voluntad política de independencia de los medios públicos". En ese sentido, desde el órgano se recuerda que la última directora general del ente público, Carmen Caffarel (2004-2006), gobernó la casa con la ley de 1980, "con independencia del Ejecutivo que la nombró", el de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue la ley de 2006 la que puso en marcha la Corporación RTVE y la elección parlamentaria de todo su consejo de administración.

"No hay modelo anterior. Solo cabe aplicar el concurso que incorporó la ley de 2017 y, entretanto, el decreto que aprobamos", dice el Gobierno

El actual Gobierno de coalición subraya que no quiere volver al sistema previo, en el que la cúpula de la radio y la tele públicas era elegida por los grupos. "No hay modelo anterior. Solo cabe aplicar el concurso público que incorporó la ley de 2017, y hasta que culmine estará en vigor el decreto ley de 2018 que aprobamos precisamente para cubrir este vacío" y que sirvió para designar como administradora provisional a Mateo.

Gobierno y Parlamento, pues, están a la espera de salidas para disponer de nuevo de una lista completa con 20 preseleccionados. Cuando ya esté compuesta de nuevo, los candidatos deberán pasar por la Comisión de Nombramientos del Congreso para ser examinados por sus señorías. Seis de los consejeros habrán de ser apoyados por el pleno de la Cámara Baja por una mayoría de dos tercios en primera vuelta (al menos 233 diputados), o bien por mayoría absoluta (176) en una segunda votación celebrada en un plazo no inferior a 15 días, siempre que la candidatura hubiera sido propuesta por al menos la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara.

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La mayoría absoluta lo facilita

Los aspirantes que no hubieran sido respaldados por el Congreso habrán de comparecer ante la Comisión de Nombramientos del Senado. Los cuatro que seleccione habrán de recibir el apoyo de dos tercios en primera ronda o mayoría absoluta y aval de la mitad de los grupos de la Cámara Alta en segunda vuelta. El presidente de RTVE será votado en el Congreso posteriormente de entre los 10 consejeros aprobados. Su nombramiento requerirá el sí de 233 diputados a la primera o de 176 a la segunda.

Los periodistas de TVE quieren que la renovación se haga por concurso, para garantizar "una presidencia y una dirección independiente y despolitizada"

Y ahí también radica el problema, ya que el PP no quiere negociar la renovación de ningún órgano con el Ejecutivo de coalición. No obstante, y a diferencia de lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, PSOE y Unidas Podemos podrían proceder a la elección del consejo de RTVE con sus socios de investidura, ya que la mayoría absoluta sí queda a su alcance, no así una mayoría cualificada. De hecho, Mateo fue elegida administradora única sin contar con el PP y Ciudadanos. Vox no se sentaba en aquel momento en el hemiciclo.

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Pero hasta el paso por los plenos de las dos cámaras aún queda mucho. Para empezar, encontrar la salida del laberinto del concurso que por ahora nadie se atreve a adelantar cuál será. Los profesionales de la casa solo quieren que se acabe ya con este largo periodo de interinidad, de 19 meses, los que lleva Mateo en el cargo. El consejo de informativos de TVE, que representa a los periodistas de la tele pública, advierte de que no se le ha "informado del procedimiento" por el que se buscará desbloquear el relevo de la corporación.

"El consejo de informativos siempre ha defendido que se haga mediante concurso público, por méritos y criterios profesionales que garanticen una presidencia y una dirección independiente y despolitizada, que esté al servicio de la ciudadanía y no del Gobierno de turno, sea del signo que sea. Nuestro deseo es que sea un mecanismo estable, cuya continuidad esté garantizada al margen de los vaivenes políticos", subraya a este periódico la presidenta del órgano, Yolanda Álvarez.

Alicia Gómez Montano e históricos de TVE, entre los elegidos

El 18 de diciembre de 2018, el BOE publicó la lista de los 20 candidatos considerados idóneos por el comité de expertos para la renovación de RTVE. La primera de ellos fue Alicia Gómez Montano, exdirectora de 'Informe semanal', recientemente fallecida, que recibió una baremación total de 83,57 puntos. 

El segundo clasificado fue Javier Montemayor, histórico realizador de TVE, con 83,3 puntos. El tercero mejor valorado, por debajo de los 80 puntos (79,20), fue Rafael Camacho Ordóñez, fue director general de RTVA entre 2000 y 2008 y presidente de Forta. Le seguía Manuel Ventero (75,50) director de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE desde 2013 y hasta el pasado mes de agosto. Ventero quedó empatado con José Manuel Pérez Tornero, catedrático de la Autónoma de Barcelona y exdirector de la televisión educativa de RTVE a finales de los años noventa. 

En la lista también figuraban la exeditora del 'Telediario 2' María Eizaguirre (74,38); Francisco Moreno, exjefe de los servicios informativos de Canarias (74,36), o Juanma Romero, director presentador del programa 'Emprende' (74). En el décimo puesto se encontraba el exdirector de TVE Eladio Jareño (73,39), y en el undécimo, el director de Ràdio 4, Vicenç Sanclemente (73), quien fuera corresponsal de la cadena pública en La Habana, Londres, México, Pekín o Washington.

Entre los 20 preseleccionados también se halla Carmen Sastre, directiva de Informativos de TVE cesada por Rosa María Mateo en agosto de 2018 (73 puntos), o Paco Lobatón (66,45), icónico presentador de '¿Quién sabe dónde?'. Él se quedó en el puesto 16.