Las vertientes judiciales del Delcygate: todos los caminos llevan al Tribunal Supremo

Las derivadas judiciales del Delcygate se amplían y complican cada vez más. Cuatro partidos han llevado a los tribunales la cita que mantuvo el pasado 20 de enero el ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, ante distintas instancias y con distintos resultados. Pero al final, como en la película 'Los inmortales', solo podrá quedar uno. Todos los caminos, las cinco vías abiertas hasta el momento por el PP, Vox, Ciudadanos y el Partido Laócrata, conducen al Tribunal Supremo.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ya tiene pendiente estudiar las denuncias por prevaricación que presentaron en contra de Ábalos, aforado ante el TS como diputado nacional, los de Santiago Abascal y la formación más minoritaria. Esta última, más rápida que el resto en sus movimientos, mantiene abierta una segunda vía en los juzgados madrileños de Plaza Castilla. La formación ha denunciado allí no al ministro sino a los funcionarios que participaron en el desembarco nocturno de la dos de Nicolás Maduro. Los agentes no cuentan con la especial protección de los parlamentarios, por lo que se ocupa en inicio de su caso la Justicia ordinaria.

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En Plaza Castilla, dos magistrados tienen sobre la mesa aspectos vinculados a la cita. La denuncia del Partido Laócrata contra los policías ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que dirige el juez Antonio Serrano Arnal, instructor —entre otros— del caso Rato. Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 47 tramitará la denuncia presentada por el Partido Popular, la misma que dio pie este martes a que otra jueza, la de guardia, ordenara a Aena conservar las grabaciones del encuentro tras apreciar indicios racionales de delito. Ambos juzgados están a la espera de recibir la documentación.

A las cuatro denuncias acumuladas en el Supremo y en Madrid se suma una tercera vía: la de la Fiscalía. Tanto el PP como Ciudadanos y Vox se dirigieron en un inicio a la Fiscalía General del Estado para que fuera esta quien canalizara una futura judicialización del caso. El asunto se derivó al Ministerio Público en Madrid, que ya tenía, de hecho, abiertas diligencias.

Dos velocidades

Es previsible que todos estos procedimientos, en estado aún incipiente, acaben en el alto tribunal arrastrados por el aforamiento del principal protagonista: Ábalos. No obstante, aún está por ver a qué ritmo. Por el momento, según fuentes de las acusaciones, el Supremo tiene previsto solicitar a estas que depositen fianzas de hasta 12.000 euros para iniciar la acción. Las denuncias presentadas allí solo se han registrado y la Sala Penal debe decidir si las admite o las rechaza de plano.

En el caso de Plaza Castilla, los instructores tienen dos opciones. O bien arrancan la investigación y, en caso de apreciar que el delito esgrimido encaja en los hechos, se dirigen más adelante al TS remitiendo lo que se conoce como exposición razonada, o bien se inhiben de forma automática. Incluso pueden archivar sin más consecuencias tras el revuelo levantado por el aseguramiento de las cintas de Aena.

La decisión de la jueza de guardia, la 7 de Madrid, tuvo el único fin de asegurar una fuente de prueba para un hipotético procedimiento por prevaricación. Y es que si en algo confluyen los cuatro partidos y las cinco vías, es en esto. Todos insisten en que el encuentro que ha reconocido Ábalos nunca debió producirse, puesto que contra Delcy Rodríguez pesa una prohibición de entrada y de tránsito en el espacio Schengen. La presencia de Delcy en el aeropuerto y su posible acceso a una sala vip, donde permaneció hasta que partió con rumbo a Doha, en contravención de la decisión marco de la UE, fue irregular, aseguran. También detallan, con mayor o menor detalle, la sucesión de versiones ofrecidas por el Gobierno que aprecian como una intención de ocultación.