Una jueza imputa a la cúpula de Isolux por estafa y falsedad con 850 millones en bonos

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha imputado a la antigua cúpula de Isolux por los delitos de estafa y falsedad documental tras apreciar indicios de que la compañía realizó dos emisiones de bonos en 2014 proporcionando a los inversores una imagen de solvencia que no se correspondía el verdadero estado de sus cuentas. Solo tres años después de las emisiones, Isolux se declaró en quiebra ante su incapacidad para hacer frente a un agujero patrimonial de al menos 3.810 millones de euros, según el informe definitivo del administrador concursal.

Por lo pronto, la causa se dirige contra el expresidente de la compañía Luis Delso y su mano derecha, José Gomis (ambos llegaron a tener el 52% de la corporación); el exconsejero delegado Antonio Portela; el hijo del antiguo máximo responsable y ex director general económico-financiero, Álvaro Delso, y los exadministradores de las sociedades en Países Bajos que pusieron en el mercado los bonos Robert Hendrik Rottinghuis y Jan Hendrik Siemssen. Los seis tendrán que pasar por los juzgados de plaza Castilla para prestar declaración en calidad de investigados los días 11 y 18 de febrero, según establece el auto de admisión de la querella, al que ha tenido acceso El Confidencial.

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La causa tiene su origen en una querella presentada por varios fondos de inversión españoles y británicos, representados por el bufete Ius+Aequitas, que acudieron a las emisiones de deuda bajo sospecha seducidos por un tipo de interés superior al 6% y un folleto en el que se aseguraba que Isolux estaba “aparentemente saneada, con un patrimonio neto de 555 millones de euros y unos beneficios de 5,8 millones de euros”, y además preveía “un aumento importante de los ingresos” en los años siguientes, hasta llegar a los 3.435 millones en 2015 y un incremento de los beneficios en ese año hasta los 60 millones.

Con esa teórica situación financiera, Isolux consiguió captar un total de 850 millones de euros que le sirvieron para reemplazar una parte de la deuda que arrastraba con los bancos en un momento de especial asfixia crediticia. Según recoge la querella, los querellantes suscribieron en esas convocatorias bonos por un importe de 14,8 millones, confiando sobre todo en que las cuentas habían sido auditadas por una firma del prestigio de PwC, una de las cuatro grandes auditoras del mundo.

La situación de Isolux se agravó con la reformulación de las cuentas. Afloraron de golpe pérdidas y deterioros en proyectos y filiales

Sin embargo, los problemas no tardaron en surgir. Poco después de las ofertas de deuda, Isolux reformuló sus estados financieros del ejercicio 2013. El supuesto beneficio que había conseguido ese año se convirtió en pérdidas, “el activo no corriente se redujo ni más ni menos que en un 62% y el pasivo no corriente se redujo en un 70%”. Los afectados denuncian que, si la reexpresión de las cuentas se hubiera realizado antes de la emisión de los bonos, nunca habrían puesto dinero. “Los querellados distorsionaron las cuentas del grupo Isolux con la finalidad de crear una ficción que reflejara una situación financiera irreal. De esta forma, los inversores realizaron, mantuvieron o dispusieron de sus inversiones sin conocimiento de la situación financiera real del grupo Isolux”, expone la querella que ha desencadenado la imputación de Luis Delso y otros cinco altos cargos de la constructora.

La situación de Isolux se agravó aún más tras la reformulación de las cuentas. Afloraron de golpe pérdidas y deterioros en proyectos y filiales del grupo por importes millonarios. Por ejemplo, según un peritaje realizado por Crowe Horwath, la compañía habría ocultado la situación de concurso de la autopista de Ocaña y habría otorgado un valor de 75,6 millones de euros al 11,66% de la participada Grupo T-Solar Global SA cuando poco después el 100% de esa misma mercantil fue vendido por 112 millones.

Luis Delso ya ha tenido otros problemas con la Justicia. La Audiencia de Madrid le condenó en noviembre de 2018 por delito fiscal

La amenaza de colapso condujo en 2016 a un acuerdo de refinanciación que convirtió Santander, CaixaBank y Bankia en accionistas mayoritarios de Isolux e implicó que los bonos sénior comprados por los fondos inversores en las emisiones de 2014 fueran canjeados por bonos subordinados. Es decir, que pasaron a ocupar el último puesto en la fila de acreedores de la constructora. Pese a ello, el pacto con los bancos no permitió a la constructora remontar el vuelo y solo seis meses después se vio abocada al concurso. Ante la imposibilidad de hacer frente a una deuda superior a los 5.600 millones de euros, Isolux se declaró finalmente en quiebra en julio de 2017. Los fondos perdieron todo su dinero.

La titular del Juzgado número 49 de Madrid aprecia que los hechos descritos en la querella “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos”, en concreto, los de falsedad documental y estafa. El primer paso será la declaración de los investigados. Luis Delso ya ha tenido otros problemas con la Justicia. La Audiencia de Madrid le condenó en noviembre de 2018 por delito fiscal tras considerar probado que había repatriado fondos desde Holanda simulando préstamos. Además, se le investiga en el caso Pujol por el presunto pago de comisiones ilegales al clan del expresidente de la Generalitat, y, en Argentina, la empresa ha reconocido que pagó sobornos al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para asegurarse obras por importe de 1.600 millones de euros.