El jefe argentino de Isolux reconoce sobornos a los Kirchner para obras por 1.600 M

Juan Carlos de Goycoechea, ex director general de Isolux en Argentina, uno de los dos principales mercados del grupo español de ingeniería, ha cantado. A la fuerza, obligado por las autoridades del país latinoamericano, que ordenó su búsqueda y captura mientras esquiaba con la familia, pero finalmente ha revelado lo que era un secreto a voces. De Goycoechea ha reconocido que Isolux, propiedad de Luis Delso y actualmente en concurso de acreedores, pagó sobornos al Gobierno de la familia Kirchner para conseguir obras por más de 650 millones de dólares.

Su detención, acompañada de otra decena de detenciones a empresarios y empleados de la Administración, ha sido todo un escándalo en Argentina, porque va a llevar al banquillo de los acusados a Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la república, y a parte de su familia y exministros. La orden de detención se produjo después de que la prensa local publicara el diario de un chófer, que detalló los domicilios a los que De Goycoechea llevaba el dinero.

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El jefe de Isolux, que fue despedido a principios de 2017 tras una investigación interna dirigida por Nemesio Fernández Cuesta, el presidente que sustituyó a Delso —acusado de fraude fiscal— después de caer la empresa en manos de la banca, se presentó ante la Justicia para declarar de forma ‘voluntaria’ a cambio de una rebaja de la pena. De Goycoechea reconoció los pagos ilícitos al Gobierno de los Kirchner, aunque matizó que las ‘coimas’, como se conoce a los sobornos en Latinoamérica, no llegaban a los seis millones de dólares que aparecen en los cuadernos del chófer.

Compañías seleccionadas por funcionarios

Otros documentos en manos de El Confidencial señalan que los pagos, relacionados con la construcción de la central térmica de Río Turbio, fueron muchísimo mayores. De hecho, el proyecto, que Isolux ganó en 2011, tenía un presupuesto original de 450 millones de dólares, pero los sobrecostes cargados a la obra multiplicaron por más de tres la factura final, hasta superar los 1.600 millones.

Dichos documentos, publicados parcialmente hace un año, exponen los sobreprecios pagados a subcontratistas como Misa, que fabricaba determinadas piezas defectuosas, y Rafasa, que también sin experiencia pasaba presupuestos adicionales para solucionar los problemas generados por la anterior. Estas compañías eran seleccionadas por funcionarios del Gobierno, que participaban en todas las reuniones oficiales y no oficiales para elegir a los suministradores.

En la cadena de correos electrónicos incluidos en la información, Juan Marcelo Vargas, asesor de la Intervención del ministerio, le dice a De Goycoechea lo siguiente: “Juanca [Juan Carlos de Goycoechea], decile al Perea [el responsable del proyecto en nombre de Isolux] que no arme reuniones con los subcontratistas a espalda nuestra”, en relación a la oposición de José Luis Perea de encargar determinadas partes de la obra a empresas que no tenían cualificación. Cuando el ejecutivo de Isolux pidió explicaciones a De Goycoechea de por qué se encontraban funcionarios públicos en reuniones privadas, el hombre fuerte de Delso en Argentina le respondió: “José, no tengo cómo explicarlo porque simplemente así funcionan”.

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Agustín Marco

"Compromisos políticos"

El informe denuncia que el personal de Isolux, incluido el director financiero administrativo, Marcelo Delfino, estaba a las órdenes de De Goycoechea, que “atendía a las instrucciones de los funcionarios del ministerio por encima de las órdenes de los responsables nombrados por el presidente de Corsan-Corviam”, Luis Delso. En otro cruce de ‘mails’, el 'controller' de los gastos de la filial le indica a Delfino: “Marcelo, el dinero es de la empresa y no del ministerio, y tengo entendido que ellos no deciden los pagos”. A lo que el financiero le responde que, “si bien ellos no los deciden, hacer pagos sin su consentimiento trae problemas".

El dosier explica que “se detectaron muchos contratos que corresponden a compromisos políticos”, asunto sobre el que se incorpora una tabla con la lista de subcontratistas, sus intermediarios y el contrato que se llevaron. Información que fue remitida a Delso, que no movió ficha pese a que entre los lobistas estaba el viceministro del país Roberto Baratta —en favor de Siemens—, y entre los favorecidos, una empresa —JISA— propiedad del hijo del polémico ministro Julio de Vido. La Fiscalía Anticorrupción argentina ha pedido esta semana la detención de ambos por desvíos millonarios en la central térmica de Río Turbio.

Isolux quebró hace justo un año con una deuda de más de 3.800 millones de euros después de un segundo intento fallido de la banca —Santander y CaixaBank— por rescatarla.