Isolux congela las indemnizaciones de Delso y Gomis tras la declaración de quiebra

Isolux certificó este martes su muerte anunciada después de que sus principales acreedores se negaran a inyectar los 500 millones que la compañía presidida hasta ayer por Nemesio Fernández Cuesta solicitó el pasado mes de enero. Una quiebra que reclama la búsqueda de responsables y que ha puesta su punto de mira en los anteriores dueños y administradores, Luis Delso y Antonio Gomis, presidente y vicepresidente del grupo de ingeniería. De momento, la sociedad ha decidido congelar la parte de las indemnizaciones a las que tenían derecho en sus contratos.

Según han confirmado fuentes próximas a Isolux, Delso y Gomis fueron compensados con un cheque de dos millones de euros cada uno cuando dejaron el grupo a finales del pasado año. Pese a que los cinco grandes bancos españoles —Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular— habían ya entrado en el capital y cambiado al consejo de administración en junio de 2016 cuando se aprobó la reestructuración de la deuda, los dos grandes accionistas anteriores de la multinacional siguieron en la órbita del 'holding', ya que la operación no se aprobó judicialmente y en junta general hasta la primera semana de diciembre.

Por su salida, Delso y Gomis, que llegaron a tener el 54% del capital de Isolux, fueron compensados con dos millones de euros por cabeza. Aunque la situación de la compañía ya era crítica a finales de 2016, hasta el punto de que a principios de enero de este año volvió a pedir un segundo rescate a la banca, el expresidente y el exvicepresidente cobraron un millón de euros cada uno. Los otros dos millones no llegaron a percibirlos por la falta de liquidez, una asfixia financiera que obligó a CaixaBank y a Bankia a conceder una línea de financiación de 24 millones para poder abonar las nóminas de los casi 5.000 empleados del grupo.

Una vez que la compañía ya se ha declarado en lo que antes se conocía como suspensión de pagos, los dos millones restantes que deberían recibir Delso y Gomis pasan a formar parte de la masa acreedora. Fuentes próximas a Isolux aseguran que, aunque se revisaron las decisiones corporativas del anterior equipo directivo que llevaron a la compañía a la situación de impago, el consejo de administración impuesto por CaixaBank y Santander el pasado año no fue capaz de probar ninguna irregularidad. Y ello pese a que el comité de auditoría recibió un dosier muy detallado con las operaciones de financiación que provocaron el despido de toda la cúpula directiva de Argentina y de las que Delso estaba presuntamente al corriente.

El que sí ha percibido toda la liquidación de su contrato ha sido Antonio Portela, consejero delegado de Isolux, que hasta finales de 2015 negó en numerosas ocasiones que la multinacional tuviese un problema de solvencia. Fernández Cuesta y el resto de consejeros acordaron a principios de este año abonarle los 1,2 millones que le correspondían por su salida de la empresa de ingeniería, pese que al mismo tiempo se estaba produciendo un expediente de regulación de empleo (ERE) para 425 empleados.

Los sindicatos llevan semanas movilizándose para protestar por la inviabilidad de la empresa y el último plan diseñado por el consejo y la consultora Alvarez & Marsal que suponía el despido de dos terceras partes de la plantilla. Ayer repitieron sus protestas en la sede del grupo en Madrid, donde se celebró la junta general de accionistas que certificó la caída en concurso de acreedores y la condena a una liquidación ordenada. Los gritos de los trabajadores fueron dirigidos principalmente contra Delso y Gomis, pero también contra CaixaBank, en cuyas oficinas principales de la capital de España ha sido convocada una manifestación para pedir explicaciones.

El fantasma de Hacienda

Pese a que hasta ahora han salido indemnes, Delso y Gomis están siendo investigados por la Justicia por no declarar dinero domiciliado en Holanda, donde tenían las sociedades instrumentales a través de las cuales controlaban Isolux para no tributar los dividendos. Junto a sus problemas en la Gürtel y en el caso Pujol, la Agencia Tributaria les ha denunciado hace unos meses en un juzgado de plaza de Castilla por delito fiscal. Hacienda sostiene que desde Ámsterdam sus propias firmas prestaban dinero a los dueños en España y esos préstamos eran condonados mediante ingeniería fiscal.

Por este caso, la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado tres años de prisión para el expresidente y exvicepresidente por un delito contra la Hacienda Pública. Les reclama, además, una multa del cuádruplo de la cuota defraudada, que en el caso de Delso equivale a 5,5 millones de euros y en el de Gomis, a 9,4. La Fiscalía pide otros tres años y una multa de 5,5 millones de euros para María del Carmen Ramírez del Molino, socia también de Isolux. Además, en concepto de responsabilidad civil, se exige una indemnización a la Hacienda Pública de 1.025.494,56 euros para Delso y Ramírez y de 1.668.016,06 euros para Gomis.