Más guiños a los afiliados que a los críticos: la gestora de Cs 'abre' la estructura interna

Los últimos días han sido convulsos dentro de Ciudadanos. La decisión de la gestora de completar estructuras y, en algunos casos, relevar a miembros de los comités autonómicos ha levantado ampollas entre algunos dirigentes de peso y buena parte de la afiliación. El nuevo modelo que el partido podría inaugurar tras la asamblea general de marzo y la nueva estructura con la que podría contar acapara en estos momentos todas las miradas internamente. Es el gran debate: si la gestora se abrirá a dar peso territorial en las distintas comunidades tras años de centralismo como piden los críticos, o si mantendrá su esencia como reclaman los más ortodoxos.

El borrador de la ponencia sobre estatutos que desde este sábado los miembros del Consejo General —máximo órgano entre congresos— tienen en sus manos, y que ha sido elaborada por el todavía secretario de Organización en funciones, Fran Hervías; el secretario general del grupo parlamentario, José María Espejo, y el vocal secretario jurídico, Andrés Betancor, registra bastantes cambios con respecto a los estatutos de 2017, aunque más enfocados a abrir la estructura de participación a los afiliados que a dotar de gran autonomía a los territorios.

Una de las grandes novedades será la mayor capacidad que tendrán a partir de marzo las agrupaciones locales: "Serán responsables, bajo la dirección de los órganos superiores, del desarrollo y ejecución de la acción política en su ámbito territorial en coordinación con los grupos institucionales". Los coordinadores de todas ellas protagonizarán una convención territorial anual para abordar asuntos de actualidad política que la ejecutiva nacional decida plantear a la que acudirá también la presidencia del partido. Por primera vez, Ciudadanos abre las cuestiones de la dirección a las bases.

Además, el borrador recoge el derecho de la militancia a formular "propuestas para su incorporación a los programas electorales en los ámbitos territoriales correspondientes", desarrollando el procedimiento por el que los órganos del partido deberán recoger las propuestas. Las que tengan relevancia e interés "según los objetivos, fines e intereses del partido" se elevarán a los órganos superiores. Un cambio sustancial si se compara con los anteriores estatutos, que solo hablaban de "fomentar y garantizar la participación".

Nada de baronías

Con respecto a la 'patata caliente', los comités autonómicos, el principal cambio es la creación de la figura del coordinador. Cada comité autonómico tendrá uno (designado, eso sí, por la ejecutiva nacional), que servirá para coordinar todas las acciones de la estructura territorial, asumiendo también la portavocía (que luego podrá delegar o no). Es decir, si hasta ahora el portavoz autonómico era la máxima referencia en los comités de cada comunidad, el papel ahora será de un coordinador con más competencias.

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Además, habrá un consejo de coordinación territorial —también de nueva creación— que reunirá a los distintos coordinadores de España con el objetivo de que el partido no pierda una de las claves de su ADN: asegurar la igualdad efectiva entre españoles y que el mensaje sea el mismo independientemente del lugar. A ese consejo acudirán también los coordinadores provinciales, los representantes institucionales de los parlamentos autonómicos y de ayuntamientos, y el comité ejecutivo permanente: el núcleo duro líder.

Los comités autonómicos, por su parte, además de ese coordinador, contarán con un máximo de cinco de los principales representantes de la comunidad concreta y hasta un máximo de otros cinco miembros. Todos ellos serán designados por la ejecutiva nacional, por lo que los territorios no elegirán las personas que los integren como demandaban algunos dirigentes.

El comité ejecutivo y la dimisión del líder

Otra potestad que tendrá el comité ejecutivo y que hasta ahora estaba en manos del consejo general será la de dispensar la opción de que se compatibilicen cargos públicos. El artículo 105 de la propuesta de la gestora dice que "ninguna persona podrá desempeñar de forma simultánea dos cargos públicos electivos en representación del partido, aunque, tal incompatibilidad podrá ser dispensada por el comité ejecutivo".

No todo son buenas noticias para la dirección. La gestora propone que el comité ejecutivo pueda ser destituido mediante una moción de censura. Así lo recoge el borrador al que ha tenido acceso este diario en el apartado 3 del artículo 69: "Se requerirá, al menos, que un tercio de los afiliados promuevan la convocatoria de una asamblea general extraordinaria y la moción deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de la asamblea".

Sobre el comité ejecutivo —una lista cerrada que acompañará a la candidatura de la presidencia— también los estatutos contemplan las figuras de "vicesecretarios generales, en caso de que los hubiera", hasta ahora inexistentes.

Otra laguna en la anterior normativa interna era una opción que Ciudadanos nunca creyó que viviría: la dimisión de su presidente. Prueba de ello es que los estatutos de 2017 ni siquiera lo recogían y la improvisación dominó los días posteriores al 10-N. El artículo 78 del borrador recoge lo siguiente: "En caso de dimisión o imposibilidad permanente de continuar en el desempeño del cargo, se procederá, por el consejo general, al nombramiento de una Comisión Gestora" que, como ocurrió tras la marcha de Albert Rivera, "asumirá las funciones y competencias del comité ejecutivo hasta el nombramiento de uno nuevo, que requerirá la convocatoria de la pertinente asamblea general".

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Primarias y régimen disciplinario

Sobre las primarias, los puestos que se elegirán no cambian: el candidato a la presidencia del Gobierno y los candidatos a presidir comunidades autónomas, Ceuta y Melilla deberán pasar el proceso interno. Ahora bien, aquellos candidatos a las alcaldías de capitales de provincia y de municipios grandes deberán hacerlo también si la afiliación es superior a 350 personas. Supone un cambio y probablemente habrá más primarias, puesto que en los pasados estatutos estaba fijado en un mínimo de 400 afiliados.

El régimen disciplinario mantiene la esencia de la normativa interna de 2017, aunque en el artículo relativo a la legalidad infractora y sancionadora, los estatutos propuestos por la gestora ahora advierten que las redes sociales importan: "Solo constituyen infracciones disciplinarias las acciones u omisiones imputables a los afiliados que estén tipificadas como tal en los presentes Estatutos. Se consideran, también, como infracciones las acciones u omisiones realizadas a través de las redes sociales".

Se mantienen también como "infracciones muy graves" los supuestos que causaron polémica en la pasada asamblea general, como el hecho de "actuar en el ejercicio del cargo público de forma contraria a los principios del partido, así como hacia sus órganos de gobierno cuando perjudican gravemente en su consideración ante la opinión pública" o "realizar manifestaciones públicas que puedan ser consideradas desleales o contrarias a los intereses del partido".