La Audiencia Nacional cierra la investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils

La Audiencia Nacional ha concluido la investigación en torno los atentados de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha emitido un auto en el que da por cerrado el sumario del caso y lo remite a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, quedando ahora a la espera de que se fije fecha para el juicio.

En relación con los atentados del 17-A, en los que murieron 16 personas y un centenar resultaron heridas, la Audiencia Nacional procesó a tres personas: Driss Oukabir, hermano de uno de los fallecidos en Cambrils; Mohammed Houli Chemlal, herido en la explosión de la casa de Alcanar, y Said ben Iazza, detenido en Vinaròs por facilitar material para los explosivos y ayudar en su transporte. Los otros integrantes de la célula yihadista murieron en Alcanar mientras preparaban las bombas o fueron abatidos por los Mossos d'Esquadra.

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En octubre de 2018, el magistrado Fernando Andreu, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 4, procesó a Oukabir y Chemlal por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos en grado de tentativa. A Iazza, por colaboración con organización terrorista. El de integración prevé una pena de entre seis y 14 años de cárcel, el de fabricación de explosivos entre ocho y 15, y el de estragos, en grado de tentativa, entre 10 y 15. Calama mantiene ahora los mismos delitos y descarta el procesamiento de Mohamed A., dueño del Audi A3 con el que la célula fue interceptada en Cambrils, y de Salh E., propietario de un locutorio en Ripoll.

Al no encontrar suficientes indicios para afirmar que tuviesen una participación directa en el resultado de los atentados, el instructor no procesó a ninguno de los tres investigados por los 16 asesinatos, decisión que contó con el visto bueno de la Fiscalía. El juez y el Ministerio Público consideran que, al haberse improvisado los atentados, no se les puede considerar responsables de los mismos.

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Pese a ello, otras acusaciones como la Asociación Víctimas del Terrorismo, la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo o el sindicato de los Mossos d'Esquadra Uspac han solicitado reiteradamente que les declare también cooperadores en delitos de asesinato consumado y en grado de tentativa, petición que ha caído en saco roto: el magistrado considera que no hay pruebas suficientes para procesarles por ello.

Más allá de esta división respecto al procesamiento, otro de los puntos que han retrasado la instrucción ha sido el recuento de víctimas. Fuentes cercanas al caso explican que el juez ha rechazado la personación de varios sujetos que alegaron padecer secuelas psicológicas derivadas de la masacre por las que reclamaban una indemnización, cuestión que no se ha considerado probada: no se halló relación causa-efecto.